En la aplicación de la resolución que dictó el pasado julio el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, para controlar las manifestaciones de los parados avaladas por CCOO hubo errores de bulto, provocados por las prisas y por aparentar que la normativa se estaba cumpliendo al momento. Así pasó con el control de los niveles del ruido. La Policía Local hizo uso de un sonómetro del tipo A-2 que se pidió prestado al área de prevención de riesgos laborales. Ese sonómetro sólo sirve para prevención pero nunca para sancionar. Hubo que hacerlo porque los dos sonómetros con que contaba el Cuerpo estaban uno averiado y el otro a falta de calibración, por eso desde hacía meses no se atendían las llamadas de vecinos quejándose por el ruido.
El tipo de sonómetro que debe emplearse para poder expedientar y sancionar, dictando denuncias que luego puedan ser válidas en un juzgado es el modelo A-1, que es el que no usó la Policía.
Así las cosas y sin que los manifestantes ni el propio sindicato lo supiera, las mediciones que se llevaron a cabo nada más conocerse la resolución del delegado del Gobierno eran más de apariencia que de efectividad. Dicha resolución contaría, días después, con el respaldo del TSJA que en sentencia vino a avalar la legalidad de las ‘cortapisas’ dispuestas por la Delegación.