El sistema sanitario, agobiado por las deudas, debido a la atención a extranjeros

El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.
Uno de los principales “agujeros” se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.
Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.
Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.
En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.
Otro de los “agujeros” por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.
Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.
Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.
El Tribunal también ha detectado “incoherencias” en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.
En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.
Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes. En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.
El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.
El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad “estaba vacío”, y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.

Ceuta y Melilla, en el punto de mira

El Tribunal de Cuentas es claro sobre la ausencia de controles que ha existido en la atención a extranjeros. Algo que ahora se ha regulado a través de un real decreto. Explica el órgano fiscalizador, el caso de ciudadanos marroquíes que debido a la situación de crisis y al encontrarse en paro han vuelto a su país, desplazándose antes a Ceuta o Melilla, en donde reciben las prestaciones sanitarias con cargo al sistema español al fijar aquí su residencia. Algo que ahora se está investigando entre Delegación y Ciudad.