A estas alturas apelar a la responsabilidad, es como decirle a un paracaidista que mire si se ha abierto el paracaídas cuando está apunto de pisar tierra. Ahora solo toca afrontar las decisiones que se realizaron con anterioridad y no pensar qué se podría haber hecho.
Vivimos en una sociedad que tiene 3 millones de funcionarios, 8 millones de pensionistas y 5 millones de parados. Mientras todo esto se estaba gestando e incubando en los tiempos del gobierno ocurrente, la especulación inmobiliaria, el crédito irresponsable, y los pelotazos en bolsa, muchos aplaudían e incluso eran partícipes de este festín lujurioso mediante hipotecas de imposible cumplimiento. Ahora, cuando el banquete se ha acabado y hay que volver a la realidad, nadie quiere pagar la factura y además comienzan los ardores de estómago por los excesos cometidos.
Es fácil y justo situarse en el lado de la protesta ante los recortes anunciados. Cuando se han adquirido unos derechos sociales y laborales no queremos renunciar a ellos, pero también hay que comprender que ningún derecho social o laboral es gratuito, y que esa cuenta la pagamos todos, hayamos o no hayamos disfrutado del periodo de las vacas gordas.
Estoy totalmente de acuerdo que antes que tocar un solo céntimo a los funcionarios, parados y pensionistas, hay que revisar con lupa todas las partidas presupuestarias, y recortar de aquellas que no estén directamente encaminadas al avance del país. Pero la cuestión es que hemos llegado hasta aquí, con una deuda a proveedores acuciante, un gasto en personal muy elevado y unos ingresos que han disminuido de forma significativa.
La solución tiene un único camino. Afrontar las responsabilidades adquiridas con anterioridad pasa por el pago a proveedores, la contingencia del gasto y la racionalización de la nómina de los administradores públicos.
La racionalización del capítulo 1 de los presupuestos es reducir el costo con el mínimo esfuerzo,difícil labor de malabarismo, que pasa por prestar los mismos servicios con menos dinero; ya que, en el caso de reconocer que hasta ahora se venían pagando complementos cuando eran innecesarios, sería una acusación directa de mala gestión y malversación del erario público.
El oponerse a la pérdida de poder adquisitivo es razonable, pero obcecarse en un camino de fractura social con el resto de la sociedad es irresponsable. La Ciudad no solo es responsable de sus trabajadores, también debe serlo con el pago a proveedores y otras obligaciones adquiridas, y en la adecuación del balance contable deben entrar todas las variables, no solo el aplazamiento de la deuda o el aumento de tasas e impuestos.
De donde no hay, no se puede sacar.