El régimen de viajeros en el Tarajal, solo para bultos de hasta 60 centímetros de lado

La Ciudad pondrá en el Tarajal II personal de Servicios Tributarios, policías y servicio de limpieza.

La Ciudad Autónoma quiere que los empresarios del Tarajal asuman más responsabilidades en la gestión de los polígonos anexos a la frontera y que se asuma que la gestión de la zona es una responsabilidad compartida entre dos países, no responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas, pero mientras tanto seguirá arrimando el hombro para que el 'Tarajal II', el nuevo paso específico para porteadores que se prevé abrir a finales de septiembre, responda a las “esperanzas” que tiene depositadas en él el Ejecutivo local que preside Juan Vivas para que sirva de forma real para “ordenar” el habitual caos que genera la actividad comercial hacia el país vecino.
Aunque “la competencia fundamental es de la Administración General del Estado”, la “connivencia” existente ente la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma llevará a esta última a desplegar una “dotación importante” de la Policía Local para velar por el mejor funcionamiento en esa parte de Ceuta dentro de sus competencias, entre ellas la del tráfico rodado.
También se pondrá en funcionamiento una oficina del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST) en los aledaños del nuevo canal de tránsito entre ambos países “con funciones de información y control del tipo de bulto” con el que se trasiegue.
Según detalló ayer durante la Sesión Plenaria de control al Ejecutivo local del mes de agosto el consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, si los paquetes superan un tamaño máximo de 60 centímetros de largo, ancho o alto, el bulto no será considerado en régimen de viajeros sino de “expedición comercial”, con las consiguientes repercusiones en materia aduanera y fiscal para la parte española.
Personal de seguridad privada acompañará a esos funcionarios municipales en el desempeño de ese trabajo.
La Ciudad Autónoma se hará cargo también de financiar las labores de limpieza, a la que se prevé destinar un millón de euros al año, y a los propietarios de los polígonos se les exigirá que pongan a disposición de la Administración “un espacio” en el que se puedan colocar con cargo al erario público “zonas de sombra, aseos y agua potable para las necesidades de los porteadores que puedan enfrentarse a aglomeraciones”.
Carreira, uno de los más firmes defensores de la necesidad de erradicar la imagen “tercermundista” que habitualmente transmite el Tarajal, replicó a las críticas de Caballas a la situación de “abandono” de los polígonos del Tarajal que estos son “privados” íntegramente y que deberían ser los empresarios de la zona los que asumiesen su obligación de mantener el orden en la zona "como sucede en cualquier otro centro comercial de España”. “Ayudamos porque el hecho fronterizo, la situación, nos supera a todos”, resumió el consejero la coyuntura actual.