El PSOE valora la Ley de salud sexual y reproductiva

Este martes se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y desde la Secretaría de Igualdad del PSOE de Ceuta se valora positivamente “la implicación que ha llevado a que muchas mujeres hayan podido decidir de manera autónoma su maternidad”. “Hemos avanzado mucho en los últimos años y no queremos volver a los tiempos donde se privaba a las mujeres de derechos. La maternidad es un acto a ejercer con responsabilidad y conciencia, pero no con imposición, pero pese a esto, son muchas las mujeres que se ven obligadas a trasladarse a otras comunidades para interrumpir su embarazo, como es el caso de Ceuta”, como explicó la responsable socialista “las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen que ir a otras comunidades, porque desde la entrada en vigor de la Ley, los ginecólogos y ginecólogas del Hospital ceutí se adscribieron a la opción de la objeción de conciencia, con todo lo que supone a nivel psicológico para la mujer que ha tomado la difícil decisión de interrumpir su embarazo, ser derivada a otro territorio, lejos de su ámbito familiar”.
Sandra López ha declarado que desde el PSOE de Ceuta “existe un compromiso real para sumar esfuerzos que permitan llevar a cabo campañas de sensibilización para-con el personal médico del área de ginecología, así como la creación de distintas campañas de prevención de embarazos no deseados, a través de la educación en la práctica de una sexualidad libre y segura”.
Asimismo, López le recuerda al Partido Popular que “esta norma no es sólo una “Ley de aborto, sino una Ley Integral que permite la plena libertad de decisión de la mujer sobre su cuerpo, su opción de vida, así como el fomento de una educación de salud sexual y reproductiva real y efectiva, le pese a quien le pese”.
Los abortos han caído un 5% desde la entrada en vigor de la Ley y “esto es consecuencia de que la ley cubre una parcela que hasta ahora había estado limitada, la referida a las garantías de acceso a la educación sexual, y al acceso a métodos de anticoncepción postcoitales, que han posibilitado la reducción de los embarazos no deseados” además añade que “la ley debe ser aplicada por igual en todos los territorios, al margen de las posiciones políticas e ideológicas de quien gobierna, dejando atrás la inseguridad jurídica de las mujeres y del personal sanitario, las desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos, así como el desequilibrio en el acceso a la educación sexual”.