El PSOE exige al Gobierno que cumpla con la legalidad en su intención de designar a funcionarios para la gestión contable

El PSOE de Ceuta ha indicado en una nota de prensa que esta semana, el Gobierno del PP ha puesto en conocimiento de los Grupos Parlamentarios su intención de designar a funcionarios de la Ciudad Autónoma para llevar a cabo la gestión de la contabilidad en el Instituto de Estudios Ceutíes, el Patronato de Música, el Instituto de Idiomas y la Fundación Premio Convivencia.

"La decisión del Gobierno, según los documentos con los que acompañaron las convocatorias de las respectivas Juntas Rectoras donde han llevado el mismo punto en el orden del día, supone remunerar con 3.600 euros al año a las personas que la Ciudad pretende designar para estas funciones. Esto supone un incremento presupuestario de casi 15.000 euros anuales", dicen los socialistas ceutíes.

Para el PSOE de Ceuta, "aparte del injustificado incremento de gasto público, lo realmente grave del asunto es que el Gobierno del PP ha llevado a las Juntas esta decisión sin plantearlo en la Mesa de Negociación de la Ciudad, ocultando por tanto el hecho a los sindicatos representantes de los trabajadores de la Ciudad, y lo que es aún mas grave, no aportando ni informe por parte de Intervención ni de la Secretaría General".

Esta "falta de sustento jurídico y de cumplimiento de los preceptos legales" supone una "chapuza y un contrasentido", según los socialistas, quienes han sido "meridianamente claros" a la hora de exigir en las Juntas que decisiones de este tipo "pasen por los cauces formales que la Administración contempla y exige".

Además, el PSOE de Ceuta quiere aclarar que, en algunos casos, "la decisión de adscribir a personal funcionario ajeno a los propios Organismos supone una evidente falta de apuesta por los propios trabajadores de estos Centros, en los que existe personal cualificado para gestionar su propia contabilidad".

Por ello, la formación política ha solicitado formalmente que se redacten estos informes preceptivos y que los mismos sean puestos en conocimiento de los grupos parlamentarios y los sindicatos en aras de "garantizar la legalidad de una medida que se quiere llevar a cabo de forma chapucera y con serias dudas legales".