Carracao pregunta por qué se producen “encomiendas verbales” y la Ciudad recuerda que fue “de urgente necesidad”
El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, denunció ayer ante los medios de comunicación el pago, por parte de la Ciudad, de 210.000 euros a Africana de Contratas y Construcciones (ACC) por trabajos de mantenimiento en el cementerio de Santa Catalina entre los años 2009 y 2011 pero sin concurso ni contrato ni informe técnico. Acompañará esta denuncia a la de la compra de las bateas, una situación que dijo que es “idéntica, calcada”.
Revisando acuerdos del Consejo de Gobierno, el PSOE ceutí descubrió uno del 21 de febrero de este año sobre la actualización del inventario de 2011 de la Ciudad. Tras acudir a Patrimonio para conocer el expediente de esta actualización descubrió un informe en el que se indica como observación que “llama la atención” una inversión relativa al mantenimiento del cementerio cuyos trabajos había llevado a cabo esta empresa y “cuya adjudicación no se ha llevado a cabo a través de la Oficina de Contratación encargada de tramitar los contratos mayores de obras, servicios y suministros, como puede constatarse mediante escrito de la jefa de Negociado de dicho servicio, donde expresa la inexistencia de tal contrato”.
Tras ver este informe, acudió a Contratación para que se le facilitaran los documentos de comunicación entre los distintos servicios y pudo confirmar que se habían abonado 21 facturas por un importe de 10.000 euros cada una por este servicio en meses de los años 2009, 2010 y 2011, pero que no constaba contrato alguno con esta empresa. Finalmente acudió a Tesorería a pedir los mandamientos de pago y se encontró con estas facturas “sin registro” que se habían abonado “cargo al Plan de pago a proveedores”. Las facturas están firmadas por la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Adela Nieto, y el responsable del cementerio.
El líder del PSOE ceutí señaló que el perjuicio para las arcas municipales es que al no haber concurso “no podemos tener un mejor precio” y que como se ha abonado con cargo al Plan de pago a proveedores, tiene como consecuencia que “hay que pagar los intereses”. Por ello, dijo que se trata “de la peor situación que se puede dar”.
Carracao señaló como “máximo responsable” al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de quien dijo que “se parapeta detrás de los consejeros como si fueran fichas, para intentar salvaguardar su imagen, exigiéndoles que firmen cualquier cosa, poniéndoles a los pies de los caballos”. Así, dijo que “a todos los consejeros y miembros de su Gobierno”, los va “utilizando como piezas de ajedrez, como peones que poner por delante, e ir sacrificando en la partida que tiene emprendida muy alejada del interés general de la Ciudad”.
El líder de los socialistas ceutíes denunció que no se respete el procedimiento legal ni el interés general y se pregunta “por qué se producen las encomiendas verbales, por qué no sacarlo a concurso y permitir que todas las empresas concurran y puedan hacer sus ofertas”, y también quién determina la cantidad que se ha pagado a esta empresa por estos servicios, ya que no existe “ningún informe de ningún técnico que haga una valoración o una estimación”.
En esta línea, Carracao afirmó que encuentra “siempre” la misma situación porque “no hay ninguna contratación, adjudicación u obra que no tenga un tufo a amaño”, y denunció que el Gobierno local lo que hace es “utilizar” el dinero “de todos los ceutíes” para contratar a “empresas amigas”.
Caballas recuerda que fue el único grupo que se opuso al Plan de pago
Caballas recuerda que hace dos años fue el único grupo que votó en contra de aquella operación “de borrón y cuenta nueva de la deuda comercial y del despilfarro sin asunción de responsabilidades”. No obstante, la coalición localista anuncia que respaldará al PSOE si esta formación política solicita la comparecencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por los pagos a ACC.
Esta actuación tiene su origen en una moción de urgencia del propio PSOE
El pago que con sorpresa denunció públicamente el PSOE tiene su origen en una moción de urgencia elevada al Pleno precisamente por esta misma formación política. Todo comenzó con las lluvias torrenciales de septiembre de 2008, que afectaron al cementerio. Además, el movimiento de tierra con motivo de las obras del sellado del vertedero también afectaron al camposanto. Este deterioro de Santa Catalina motivó que el propio PSOE presentara una moción de urgencia ante el Pleno de la Asamblea a través de la que advertía de que el cementerio se encontraba en un “lamentable estado de conservación” y que había riesgos de ruina. Estas actuaciones se aprobaron por unanimidad y posteriormente volvió a pasar por el Pleno para su pago, teniendo la oposición acceso a esta documentación, y en el caso del PSOE se abstuvo, pero no votó en contra, tal y como explicaron desde la Administración local. Además, existe informe técnico, que indica que dichos trabajos se realizaron entre noviembre de 2009 y julio de 2011 “ante la urgente necesidad”. Había que realizar 1.500 exhumaciones por declaración de ruina inminente que existía en los patios segundo y tercero y la demolición de 2.000 unidades de enterramiento, labores que realizó el personal del cementerio. Al no contar la Ciudad con personal propio para el resto de los trabajos necesarios, se le encargó a ACC todas las labores de mantenimiento y también asumía cualquier material que hiciera falta. Esta empresa realizó concretamente actuaciones para transformar la superficie en cuanto a jardinería, mejora de instalaciones, adecuaciones, etc. Este informe señala también que este trabajo está “ajustado al precio”. Esta actuación hizo que hubiera una plantilla de la empresa destinada permanentemente en el cementerio durante el desarrollo de los trabajos. La Administración local insistió en que en enero de 2009 se llegaron a venir abajo 25 nichos y que había que hacer una actuación de emergencia porque si se vienen abajo más se corría el riesgo de que los restos se llegaran a mezclar, por lo que todos estos trabajos eran necesarios. Además, indicaron que la legislación prevé que actuaciones de este tipo se entreguen sin sacarla a concurso ya que por esta vía se tardarían meses y los trabajos eran urgentes. Es más, la entonces portavoz del PSOE en el Pleno, Inmaculada Ramírez, llegó a visitar el cementerio e incluso llegó a decir que los trabajadores de Santa Catalina se habían negado a realizar una serie de trabajos, los que finalmente realizó ACC. Además, al estar dentro del ICO, toda esta documentación se envió al Ministerio de Hacienda.
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