El PP propone un nuevo catálogo de medidas para incluir en el REF

En la declaración conjunta firmada por los presidentes Vivas e Imbroda se hace una relación de nuevas aportaciones para que se incluyan en el Régimen Económico y Fiscal de ambas ciudades que está siendo estudiado por la Administración General del Estado. En cuanto a las aludidas nuevas aportaciones dirigidas a concretar, acotar o adicionar, debe significarse que las mismas son el fruto de una mayor reflexión básicamente motivada por el deseo de aportar ideas que refuercen el objetivo de potenciar el tejido productivo, una condición indispensable para combatir la alta tasa de paro que, de manera crónica, sufren nuestras dos ciudades. Nuevas aportaciones que se corresponden con lo que sigue:
1.- Considerar, a efectos de la iniciativa sobre ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, como sectores de interés prioritario, junto con los que en la actualidad son destinatarios de la medida, aquellos servicios que cumplan con alguno de los dos requisitos siguientes: estar igualmente afectados por los condicionantes que justifican la bonificación, como ocurre con el transporte urbano, entre otros; o contar con un notable potencial de empleo en el caso de que la misma les sea de aplicación.
2.- Establecer el tipo del 1% en el impuesto sobre Sociedades para las entidades implantadas que cumplan con determinadas condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a los contemplados en las zonas económicas especiales del archipiélago canario.
3.- Sustitución del actual IPSI por una figura impositiva tipo IGIC (Impuesto general insular canario), de estructura similar al  IVA, pero con tipos más reducidos, lo que permitiría, entre otras positivas consecuencias:
-Mejorar la competitividad del comercio local por tres vías de notable relevancia: dejar de tributar por la mercancía importada y no vendida; regular un sistema ágil de devolución, o no aplicación, del impuesto a las compras efectuadas por viajeros procedentes de la península, de Marruecos, o del resto del mundo; y evitar el efecto acumulativo de la carga tributaria.
-Favorecer la fidelización de la demanda interna mediante el establecimiento de unos tipos de gravamen sensiblemente inferiores a los del IVA.
4.-  Reducir en un 50% el bloque tarifario de los puertos de Ceuta y Melilla, tomando como referencia las medias nacionales, y contemplar, de manera simultánea, un fondo estatal destinado específicamente a garantizar el normal funcionamiento de ambos puertos. Una medida excepcional que se justifica por las circunstancias, igualmente excepcionales, que en los mismos concurren: naturaleza de infraestructuras esenciales e insustituibles para las comunicaciones con la península y para el abastecimiento de productos vitales; e infranqueables dificultades para lograr el equilibrio de explotación que la normativa común prima. Dificultades nuevamente relacionadas con los condicionantes estructurales, y muy especialmente con las instalaciones que se promueven y construyen al otro lado de las dos fronteras.
5.- Articular los mecanismos legales específicos que sean precisos para que el Ministerio de Defensa pueda ceder, de manera gratuita, suelo disponible de su titularidad con destino tanto a equipamientos públicos e infraestructuras de tal naturaleza como a la promoción de viviendas protegidas, a través de convenio con las Ciudades Autónomas. Una medida que debería coincidir con el impulso y culminación de la construcción de las bases únicas proyectadas en ambas ciudades.
6.- Disponer las medidas que sean precisas para que el coste de la insularidad no repercuta en los precios de la energía y del agua.
En este sentido, la posible interconexión con la red eléctrica peninsular de ambas Ciudades, mediante la instalación de los correspondientes cables de suministros, se plantea como una medida imprescindible a medio o largo plazo.

Otros asuntos
Al margen de lo expresado, con el mismo ánimo de aunar voluntades, los Presidentes firmantes manifestaron su compromiso de fijar una posición común en relación con otros dos asuntos íntimamente relacionados con los que se contienen en la presente declaración. Estos dos asuntos son:
-El desarrollo y conclusiones de la ponencia que sobre Ceuta y Melilla aborda la Comisión Mixta de las Cortes Generales encargada de los asuntos relacionados con la Unión Europea; -
-El estudio, junto al Gobierno Central, de la posible integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, opción que deberá ser sometida a la opinión de los agentes económicos y sociales de ambas ciudades, y que para que se considere beneficiosa, deberá cumplir, en su caso, las dos siguientes condiciones: que sea compatible con las peculiaridades económicas y fiscales, y que no perjudique a ninguna de las actividades que, de manera tradicional, se llevan a cabo al amparo del estatus de territorio franco aduanero.

La unión entre las dos ciudades ha sido positiva en estos diez años

En el preámbulo del acuerdo que se firmó entre Ceuta y Melilla se hizo un repaso de lo que ha significados para ambas ciudades los acuerdos entre ambas y la defensa común ante la Administracón General del Estado.
Concretamente se indica que “El Partido Popular está comprometido con el Régimen Económico y Fiscal Especial de nuestras dos ciudades, con la defensa de su mejora y actualización, por considerarlo un instrumento esencial e insustituible para contrarrestar, o al menos paliar, los efectos que, en el desarrollo económico y en los servicios públicos, provocan la extrapeninsularidad, la escasez de recursos naturales, el reducido tamaño, la alta densidad de población, y el hecho fronterizo”.
Además se continúa aludiendo a que “Defensa, por tanto, del régimen económico especial y mantenimiento de una posición común en ambas ciudades en cuanto a objetivos y contenidos. Una posición común que resulta necesaria y conveniente por razones obvias: primero, porque el cuerpo legal es único e idéntico para nuestras dos ciudades, y en segundo lugar, por las consecuencias positivas que esta unidad de acción ha tenido, sobre todo cuando la capacidad de decidir, de ser sensible y receptivo, de comprender la situación y dar soluciones, ha estado en manos de Gobiernos de la Nación respaldados por el Partido Popular”.
Hacen luego una valoración de todas las medidas que se aprobaron cuando el PP estuvo en el Gobierno diciendo que “los hechos así lo demuestran, y no admiten discusión, ya que han sido estos gobiernos los que adoptaron resoluciones tan fundamentales como son las relativas a: la cesión del extinto ITE y de los impuestos especiales que gravan las labores del tabaco y los hidrocarburos; la incorporación de Ceuta y Melilla al Fondo de Compensación Interterritorial y su integración en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como miembros de pleno derecho; el establecimiento de un mecanismo legal a través del que se garantiza la recaudación del IPSI, cualquiera que sean las circunstancias sobrevenidas; y la aprobación de una bonificación del 40% en las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las empresas y trabajadores autónomos pertenecientes a los sectores del Comercio, la Industria, la Hostelería, y el Turismo. Medidas que han tenido un  impacto positivo en la inversión, en los servicios, en la renta y en el empleo”.
Y de ahí, el compromiso de repetir ese mismo apoyo si ganan las elecciones que se convocarán el año que viene.

Las propuestas hechas durante estos años a Madrid

Una vez que se hizo un análisis del apoyo que significó ese apoyo del PP a los gobiernos de Ceuta y Melilla se mantiene que “posteriormente, y con la intención de avanzar, los Gobiernos de Ceuta y Melilla han seguido presentando, también de manera conjunta, al Gobierno de la Nación nuevas iniciativas y propuestas dirigidas a mejorar el referido marco normativo de apoyo. En resumen, el contenido de las mencionadas iniciativas obedece a las siguientes líneas maestras:
1.- Consolidar y ampliar las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, al objeto de fijar el porcentaje de bonificación en un 50%, y aplicar la medida a todos los sectores económicos.
2.- Ampliar las deducciones y bonificaciones que se contemplan en el IRPF, en el impuesto sobre sucesiones y transmisiones, y en sociedades, regulándose, respecto de éste, la libertad de amortización, la reserva para inversiones, la definición clara de lo que se considera ciclo mercantil completo mediante las modificaciones legales pertinentes, y la aplicación de un régimen equivalente al del IRPF en lo que concierne al tratamiento de entidades y personas residentes.
3.- Procurar el reconocimiento de un estatus especial por parte de la Unión Europea de características similares al de las regiones ultraperiféricas, y en particular, preservar el montante de las ayudas procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión al margen de la evolución de los indicadores de prosperidad, habida cuenta el carácter estructural y permanente de los condicionantes que afectan al desarrollo de nuestras dos ciudades.
4.- Garantizar, y en lo posible, concretar, en términos de inversión pública, el compromiso del Estado de mantener unos niveles de calidad en los servicios públicos iguales a los del resto de España.
5.- Mejorar las condiciones de conectividad, mediante al abaratamiento de los precios del transporte marítimo y aéreo.