Entre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado, al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, figuran tres relativas a Ceuta. La principal, la exclusión del delito de contrabando, cuya finalidad es la de evitar que se pueda considerar delito de contrabando la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla. El hecho de que las dos ciudades hermanas no formen parte de la Unión Aduanera no puede afectar a su condición de territorio nacional español y comunitario, ni a la de ser territorio franco. Por tanto, a los efectos de la Ley de Contrabando, se excluyen dichas entradas de la definición de importación, lo que impediría aplicar las penas y multas previstas en la ley.
La consideración como importación de las mercancías comunitarias que entran en Ceuta y Melilla, a los efectos de la aplicación de la ley de contrabando, se produce en 1995, con la Ley que ahora es objeto de modificación, y desde entonces ha sido fuente de numerosos conflictos legales, que han afectado a empresarios de conducta y trayectoria profesional intachable, que se han visto envueltos en procedimientos por contrabando a causa de este exceso legislativo.
Mediante la modificación pretendida, sólo podría aplicarse el tipo penal a la importación de mercancías no comunitarias, es decir, exactamente igual que en el resto del territorio nacional.
Otra enmienda se refiere al mantenimiento de las obligaciones documentales y tributarias. Dado que lo que se pretende es excluir la posibilidad de aplicación del delito de contrabando en las entradas de mercancías comunitarias, para situar a los empresarios ceutíes en idénticas condiciones a los empresarios del resto del territorio nacional, se ha optado por presentar una segunda enmienda que pretende añadir a la ley una disposición final, en la que se aclara que la no consideración de importación, a los efectos de la ley de contrabando, no exime de las obligaciones documentales y tributarias a efectos del IPSI, por lo que la tramitación seguirá siendo la misma que hasta ahora. Esto es, la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla seguiría siendo importación a los efectos de la Ley del IPSI, pero no lo sería a los efectos de la Ley de Represión del Contrabando.
La tercera de las enmiendas se refiere a la obligación de información para las compañías de transporte, ya que cuando el trayecto se inicie en países o territorios que no formen parte del Territorio Aduanero Comunitario, y finalice en territorio español, deberán entregar a las autoridades españolas, antes de la salida del buque o aeronave, un listado completo de los pasajeros, que incluya nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, forma de pago, importe del billete, fecha de compra, puntos o escalas intermedias y medio de contratación.
Los únicos trayectos nacionales que se incluyen en esa obligación son los que se hagan desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español. Siendo esto discriminatorio para Ceuta y Melilla, puesto que supone un control exhaustivo que no se exige en los desplazamientos que tienen su origen en el resto del territorio nacional, sin que exista ninguna justificación para ello. Por eso la tercera enmienda del PP propone eliminar dicha obligación para los trayectos desde Ceuta o Melilla al resto del territorio español.
El senador Nicolás Fernández, ponente del proyecto
El senador por Ceuta Nicolás Fernández Cucurull se ha encargado, como ponente designado por el Grupo Parlamentario popular en el Senado para la tramitación de la Ley, de coordinar la presentación de las enmiendas. Para el parlamentario ceutí, los ceutíes y melillenses deben concienciarse de que “hay que defender nuestro REF con la máxima firmeza, pues las interpretaciones cada vez más restrictivas están suponiendo un recorte del mismo por la vía de los hechos, y espera y desea que haya unanimidad de todas las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales en esa defensa”. El debate del proyecto se producirá en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado a finales del mes de mayo, y en el Pleno del Senado previsto para la primera semana de junio.