El PP defiende que el Ejecutivo cumplió durante todo el contrato con Urbaser

El Partido Popular tiene ya en la práctica preparadas sus conclusiones finales tras la comisión de investigación del ‘caso Urbaser’ y las distintas comparecencias que se han producido en la misma.

Lógicamente, el análisis que realizan los populares no difiere en la práctica casi nada de las distintas manifestaciones que tanto el presidente como los responsables políticos del área de Hacienda han efectuado en los últimos meses y que luego se han ratificado en la comparecencia que efectuó el presidente Vivas ante el pleno de la Asamblea a petición de la oposición y con posterioridad ante la misma comisión de investigación.
Su primera premisa es que no se ha pagado ni un solo euro de más a lo largo de los diez años de vida del contrato y que por decisión propia del mismo Gobierno se sometió el contrato, cuando el presidente Vivas llegó a la Presidencia, a una auditoría de una de las empresas de mayor arraigo en nuestro país y que concluyó que los precios que se establecían en el contrato se encontraban perfectamente dentro de los que existían en el mercado.
A partir de ahí se mantiene que también de oficio por parte del Gobierno autonómico se encargan distintos informes cuando finaliza el periodo de relación contractual entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y Urbaser y es que en ese momento cuando se detectan una serie de problemas y que fue el Ejecutivo el primero que dijo que defendería los intereses generales de los ciudadanos de Ceuta por encima de todo y que se le solicitaría a Urbaser el reintegro de las cantidades que se consideraran que hubiera cobrado de manera no lógica. Y ahí se encuentra en ese punto el decreto firmado por el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, pidiendo la devolución a Urbaser de una cantidad que ronda los cinco millones de euros.
En otro apartado de esas conclusiones se encuentra que la Ciudad también ha cumplido en el control del contrato que durante diez años ha ligado a Urbaser con el Ayuntamiento. Se defiende que si algún contrato ha tenido una vigilancia especial, ése ha sido el de Urbaser y que se ha comprobado en multitud de ocasiones si la maquinaria que se estaba utilizando era precisamente la que se establecía en el contrato y en cuanto al personal se obligó en un momento determinado a que la empresa remitiera a la Consejería de Medio Ambiente los TC1 y TC2 para comprobar las altas que existían en la Seguridad Social.
Además, aseguran que sí entienden que todos los mecanismos de control de los contratos públicos son perfeccionables y que en ese sentido se va a continuar trabajando.

Las claves

Sin novedad
Mismos argumentos En las conclusiones del Partido Popular no hay novedades en relación con el hilo argumental que ha defendido desde el primer minuto el Ejecutivo del presidente Vivas.  
Precio
Pagado lo estipulado Atienden que los técnicos han demostrado que se ha pagado lo estipulado en el contrato y sin un euro de más.
Interés general
En el momento justo Por parte del Ejecutivo se indica que el descubrimiento de determinados asuntos se hizo en el momento procesal oportuno y no se podía hacer antes: fin del contrato.