El PP apoya en solitario poner punto y final a la comisión de investigación de Urbaser

La comisión de investigación abierta en torno al caso Urbaser encontró ayer su punto y final, después de que el PP en solitario respaldara la propuesta de dar carpetazo al asunto

al entender que ya ha quedado suficientemente debatido todo lo relacionado con la gestión del servicio de limpieza pública viaria.
Con el caso todavía judicializado en el número 5, en el ámbito político los populares han dado por sentado que no cabe rizar más el rizo a la hora de hablar sobre las ya extintas relaciones entre la empresa Urbaser y la Ciudad Autónoma. PSOE y Caballas explotaron sus turnos de intervención para definir sus conclusiones al respecto, no quedando conformes, aunque con distintos matices, con la decisión que en torno a todo este asunto ha adoptado finalmente la institución municipal.
Para el portavoz socialista, José Antonio Carracao, no puede darse por zanjada una investigación cuando se han terminado reconociendo errores. Lamentó que el inicio de todo este proceso fuera por el informe elaborado por el funcionario Cuenca, denunciando que los ciudadanos se quedan aún con “dudas” ante un contrato que fue “viciado de origen” y que se zanja con un “aquí no ha pasado nada y pelillos a la mar. Eso no vale”, sentenció. El PSOE insistió en la necesidad de emprender un segundo turno de preguntas, después de las 187 que hiciera en esta comisión, aunque la amplia mayoría sin la presencia de Carracao y ninguna de ellas dirigida al presidente de la Ciudad. Recordó que es imprescindible hacerlo para aclarar los “más de cinco millones que se han pagado a Urbaser sin tener que pagarle”. Caballas, que por boca del concejal Juan Luis Aróstegui definió la ciudad como la “autonomía de la señorita Pepis”, enumeró el cúmulo de denuncias que pone de manifiesto “que no se fue riguroso” en este proceso ya que, de hecho, ni se ha encontrado el contrato como tal en el que se concreta la vinculación que existió entre la Ciudad y la empresa. Caballas habló de imprecisión, de nulas explicaciones en torno al uso dado al dinero y de la inexistencia de controles. Eso sí, a diferencia de la postura seguida por el PSOE, para la coalición está claro que todo lo relacionado con el caso Urbaser no puede entrar en el ámbito de la responsabilidad penal porque no cabe hablar de “ilícito penal”, pero sí “de responsabilidad política” por cuestionarse la forma de velar por los intereses públicos.
A la consejera de Presidencia, Yolanda Bel, le tocó la defensa a ultranza de la postura que, en este ámbito, ha mantenido la Ciudad. “La Administración pagó el precio del contrato”, repitió hasta la saciedad, cuestionando el interés que puede tener el PSOE en seguir manteniendo abierta la comisión para iniciar una segunda vuelta de preguntas. “Usted quiere seguir dando vueltas a este asunto para confundir al ciudadano. No tiene sostén técnico”, le espetó.
Bel insistió en que nunca ha existido un enriquecimiento indebido y situó los precios existentes en los adecuados a los valores del mercado. De igual forma acusó a la oposición de explotar este asunto hasta la saciedad por intereses partidistas, pero se cebó sobremanera en la figura de Carracao, al que acusó de querer seguir con la cantinela para, “ofreciendo información manipulada y malintencionada” seguir hablando de Urbaser hasta las municipales de 2015. “Está contando mentiras porque le han dado una información mala”, le recriminó, pidiéndole seriedad, evitar datos especulativos y no seguir pidiendo responsabilidades.
Bel defendió la figura del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, del que elogió ya no solo que aceptara la puesta en marcha de la citada comisión sino que de él partiera pedir que se le hicieran más preguntas rompiendo las normas existentes ya que por parte del PSOE no se le había presentado ninguna por escrito.

las conclusiones de la comisión dadas por válidas

1. Abono justo
El precio del contrato
El PP asegura que se ha pagado el precio del contrato y nada más que el precio del contrato, con estricta sujeción a las condiciones establecidas.
2. auditoría
El precio fue informado favorablemente
Lo fue en cuanto a su idoneidad, llevándose a cabo, como requisito complementario, una auditoria por la empresa Ernest & Young, a través de la que se puso de manifiesto que el mencionado precio concordaba con el coste de los servicios.
3. Fiscalización
Ha sido correcta
Se mantiene que la existencia de una sobreamortización de la maquinaria y consiguiente enriquecimiento injusto, se pone de manifiesto, por primera vez, con ocasión del cierre y liquidación del contrato y dentro del cauce del correspondiente procedimiento administrativo; por tanto nunca durante su formalización y ejecución así que se defiende una buena fiscalización del dinero.
4. Se actúa
A iniciativa propia
La Administración asegura que se actuó a iniciativa propia y de manera inmediata, tomando la decisión de instruir un procedimiento específico y adoptándose las resoluciones pertinentes. Se reclama al contratista la sobreamortización detectada.
5. disparidad
De informes
Tras la comisión se hace mención a los distintos criterios de los técnicos sobre el tema. Al margen del debate sobre si hubo enriquecimiento injusto, se deja claro que existió control.
6. Sin responsabilidad
No la hay
Se mantiene que no hubo error.