El policía local es condenado por amenazas y pagará 7.300 euros

El policía local que efectuó tres disparos contra un pub del Poblado Marinero en la madrugada de ayer tras recoger su arma en el cuartel se conformó a ser condenado a una pena de un año y medio de cárcel por un delito de amenazas. Finalmente, deberá pagar 7.300 euros, ya que al conformarse a un año y medio se le rebajó un tercio de la condena, quedando en un año, que fue sustituido por dos años de multa a razón de 10 euros al día, dando como resultado la cantidad indicada. Falta por determinar la responsabilidad civil por los desperfectos ocasionados en el pub, donde dejó tres impactos de bala.
El policía ha sido condenado por un delito de amenazas debido a que la legislación no da margen a más. Ésta incluso indica que si no se aprecia intención real de usar el arma podría haber sido visto como una falta, aunque en este caso llegó a utilizarla.
Esta es la condena interpuesta al policía, al margen de lo que resulte de los dos expedientes disciplinarios por lo acontecido en el Poblado Marinero y por lo que ocurrió horas después cuando dijo que no acudía a trabajar al tener un familiar enfermo y no reconocer que es taba detenido.
El policía D.L.A. fue llevado en la mañana de ayer, tras pasar la noche en los calabozos, al Juzgado número 3, en el Palacio de Justicia, donde compareció ante el juez. Según informaciones a las que ha accedido este medio, antes de ver al juez había dicho que había actuado en defensa propia ya que le habían amenazado con un cuchillo. Al parecer, también dijo que fue agredido, aunque en el examen médico que se le realizó no se detectaron marcas de una posible agresión. Esta versión iba en la misma línea que sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, cuando dijo que llevó a cabo los disparos para repeler una agresión y fue él mismo quien se identificó como miembro de la Policía Local.
También acudieron al Juzgado el propietario del pub en que se produjeron los hechos, ‘El Rekreo’, y varios testigos, quienes finalmente no tuvieron que declarar al conformarse el agente con la condena que para él se pedía.
Algunos de los testigos aseguraron haber pasado miedo durante el transcurso de los hechos ya que incluso habían sido encañonados. Decían que el agente había apuntado a todos y seguidamente efectuó los tres disparos que dejaron tres marcas en el techo. Otros indicaron que no se creían lo que estaban viendo y que antes de efectuar el agente los disparos pensaban que se trataba de una pistola de fogueo. Se dieron cuenta que no lo era “cuando cayeron los casquillos”.
Una vez pasado el susto, respiraban con tranquilidad pensando “en lo que podría haber pasado”.

“A mí no me vacila nadie. Yo soy... A mí no me vacila nadie”

“A mí no me vacila nadie. Yo soy... A mí no me vacila nadie”. Es, según recoge el acta de conclusiones judiciales, lo que dijo el policía cuando regresó al bar. Todo comenzó, según testigos presenciales, cuando el agente tuvo una discusión con algunas personas en el interior del local por un cigarro. En ese momento se le instó a abandonar el pub, algo que hizo aparentemente tranquilo ya que incluso llegó a decir “hasta mañana”.
Tras abandonar el pub, el agente acudió al cuartel de la Policía Local, cogió su pistola y se marchó. En su salida dio un empujón a otro agente y en su marcha golpeó con su vehículo a otro zeta de la Policía Local.
Los testigos indicaban que al llegar al local permaneció unos minutos mirando de manera desafiante a las personas que allí se encontraban. Seguidamente encañonó a los presentes y efectuó los tres disparos que dieron en el techo.

Gobernación sigue adelante con el expediente abierto

La Viceconsejería de Gobernación ha confirmado, tras conocer la sentencia por conformidad, que se seguirá adelante con el expediente abierto. Así, de momento, el agente permanece apartado del Cuerpo hasta que se complete dicho expediente en lo que se denomina suspensión preventiva. En esta situación puede permanecer no más de seis meses. Ese es el tiempo que se tiene para resolver el expediente y tomar una decisión.
El jefe de la Policía Local, José Antonio Sorroche, será quien lleve personalmente el caso por orden del viceconsejero. De lo que se concluya del expediente se derivará el tipo de falta que se aplica al policía, de acuerdo al régimen disciplinario del Cuerpo, pudiendo cifrarse la muy grave con hasta seis años de empleo y sueldo.
El instructor del expediente, en este caso Sorroche, tras la toma de declaración a las partes implicadas, hará una propuesta de sanción. Al final la decisión la debe tomar el responsable político. En este caso cabría saber quién es, ya que Manuel Coronado ejerce de viceconsejero y no de consejero del área por lo que en última instancia sería el propio presidente de la Ciudad Juan Vivas quien tendría que decir la sanción final.
¿Una posible pérdida del puesto? Eso nunca ha pasado en la Policía. Ni tan siquiera en la Nacional en donde agentes han sido sorprendidos en la práctica de delitos y tras cumplir la suspensión oportuna de empleo y sueldo han vuelto al Cuerpo. “El caso ha sido grave pero no ha provocado muerte alguna. Es difícil que se concluya con una pérdida de su condición de funcionario, eso es prácticamente imposible a pesar del rechazo social que esto ha creado”, añaden fuentes policiales.
Tras conocer la resolución judicial, Gobernación ha confirmado que el caso no se quedará en el olvido, ya que una acción no erradica la otra. Así una conclusión es la que ha adoptado el juez y otra distinta es la que reglamentariamente adopte el Cuerpo.
De entrada, como primera medida que se aplicó fue la de apartar al policía por decreto, nada más que Gobernación tuvo un informe preliminar del Cuerpo Nacional de Policía sobre lo ocurrido. La detención y la narración de los hechos constituyeron motivo suficiente para que se adoptara tal medida preliminar, que ahora derivará en las conclusiones del expediente.
Gobernación ha señalado que se “será contundente” y ha advertido de que se tendrá en cuenta no sólo la actuación del policía local sino el hecho de que llamara al cuartel para informar que no podía acudir a trabajar por motivos personales y de enfermedad cuando por otro lado se encontraba de copas y acudió a recoger su arma para actuar de la forma ya narrada.
Ambas variables serán tenidos en el expediente que lleva Sorroche además de los resultados obtenidos en las pruebas toxicológicas realizadas al policía local y que han aportado datos muy concretos.

En detalle

7.300 euros por conformarse:
El agente se conformó a un año y medio de cárcel, por lo que se le rebajó un tercio, quedando en un año. Esta condena fue sustituida por dos años de multa a razón de 10 euros al día, lo que resulta 7.300.

Delito de amenazas:
La legislación no da margen a más. Incluso indica que si no se aprecia intención real de usar el arma podría haber sido visto como una falta. En este caso llegó a utilizarla efectuando tres disparos.

Dos expedientes:
La Policía le ha abierto dos expedientes: uno por los hechos acontecidos en el Poblado Marinero y otro por decir, horas más tarde, que no acudiría a su puesto de trabajo al estar un familiar enfermo y no por haber sido detenido.

Su versión:
En un principio dijo que había actuado en defensa propia ya que le sacaron un cuchillo, versión que, al parecer, incluso dijo en los calabozos de los Juzgados. Finalmente ante el juez se conformó con ser condenado por el delito de amenazas.

UDCE pide que haya controles en la Policía

Ya no sólo por el hecho puntual ocurrido, sino por la necesidad de que exista un control dentro de la Policía Local como existe en otras fuerzas de seguridad -Guardia Civil o las mismas Fuerzas Armadas-. Por ello UDCE ha pedido que se puedan desarrollar controles aleatorios en el seno de la Policía Local a modo de revisión dentro del Cuerpo. Una medida que, para poder implantarse, obligaría a la modificación del reglamento policial. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona existen las llamadas brigadas de asuntos internos que se dedican a hacer este tipo de pruebas. ¿Cabría hacerlo en Ceuta?
Distintas fuentes policiales consultadas indican que nunca se ha propuesto y que cuando se ha debatido la posibilidad los sindicatos han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque consideran que se está desconfiando en el agente al someterle a este tipo de pruebas.
¿Es así? La UDCE lo ve de otro modo, pero también ciudadanos particulares o asociaciones vinculadas a fuerzas de seguridad que ya lo tienen implantado. El caso de este policía local, que efectuó varios disparos sin causar lesiones, no es el único con el que se ha topado el Cuerpo en Ceuta. Hace años otro agente efectuó un disparo dentro del polifuncional del Príncipe con su propia arma. El informe que se realizó en su día concluyó que había sido un disparo accidental.
¿Es tan grave lo ocurrido para motivar la apertura de este debate? En la calle y a tenor de los comentarios en la red se concluye que sí. Gobernación ni tan siquiera lo ha planteado y es sólo UDCE quien ha apuntado esa posibilidad. Las demás fuerzas políticas ni han condenado lo ocurrido ni se han pronunciado al respecto. Policías locales consultados por este medio han aprobado que esto se hiciera porque ayudaría a evitar suspicacias.