El Pleno aprueba la nueva forma de concesión de cédulas de habitabilidad

Con la abstención del PSOE y el esperado voto favorable de PP y Caballas, el Pleno dio ayer luz verde a la modificación de la ordenanza que regula el procedimiento de concesión y control de las cédulas de habitabilidad,

en base al cual algunas viviendas no regularizadas podrán disponer de los suministros básicos de agua y luz. Fue la propia consejera de Fomento, Susana Román, la que advirtió de que con dicha aprobación definitiva (que nace de una propuesta original de Caballas) no se pretendía “crear una puerta falsa”, encuadrando dentro de la normalidad el paso dado. “Lo importante es que creamos que lo que hacemos lo hacemos de manera digna”, indicó.
Este Reglamento establece un régimen especial para que “en aquellas viviendas realizadas sin la preceptiva licencia o contraviniendo los términos de la misma”, se pueda conceder, pero solo con un cáracter “excepcional”, la contratación de servicios básicos como el agua y la luz, hasta que se pueda resolver el procedimiento de legalización.
En “aquellas viviendas que estén fuera de ordenación, se podrá autorizar con carácter excepcional la contratación provisional de los servicios básicos de las compañías suministradoras hasta tanto se apruebe el instrumento de desarrollo de planeamiento urbanístico que le sea de aplicación y, en todo caso, con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana”, se indica en concreto en la ordenanza.
Hasta llegar al momento de la aprobación hubo un debate en el que las “personas malvadas” y el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, a quien Aróstegui bautizó como “sheriff de Ceuta”, tuvieron su protagonismo, toda vez que desde la Delegación del Gobierno (y en concreto desde sus servicios jurídicos) partió la única alegación presentada contra esta propuesta. “Nos hemos enfrentado a una propuesta atípica, porque no es habitual que un expediente se haya convertido en objeto de fuerte polémica y dura controversia”, avanzó el concejal Aróstegui. “Siendo éste un pueblo tan religioso”, añadió, “no sé de dónde puede salir tanta maldad”, concretó. Aludía así a la presión, que incluso ha trascendido al ámbito mediático, que se ha producido contra este punto, ya no sólo por la alegación de la propia administración central sino, también, por la queja pública de la Asociación de Promotores. “Queríamos que se tuviera un gesto humanitario con esta gente, ¿es posible que se haya promovido este debate, que esto haya sido motivo para valorar una operación antiterrorista? Hemos perdido el norte”, apuntó.
Para Aróstegui, que salga adelante esta propuesta ha sido complicado puesto que ha chocado con el “sector más intransigente del PP”, que ha elegido “esta iniciativa como oposición contra Caballas, cuando están haciendo daño a la sociedad, no a nosotros”, dijo.
Para poder obtener la cédula de habitalidad que permite disponer de los servicios básicos de agua y luz, los moradores de esas viviendas irregulares deberán acreditar dicha construcción antes de la entrada en vigor de la ordenanza. Además esas viviendas tendrán que cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, y sobre la misma no deberá ser susceptible acción de restablecimiento de legalidad urbanística.
Para Caballas, intentar ligar esta propuesta con una forma de incentivar los asentamientos ilegales o la marroquinización “es un error de dimensiones incalculables además de una mentira”, puntualizó Aróstegui.
Con los motores ya calentados, el discurso del concejal derivó a un enfrentamiento personalizado contra el delegado del Gobierno, lo que provocó que hasta el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, interviniera para cortarlo, no sin que antes el diputado Francisco Márquez expresara, con un exceso de aspavientos, su malestar. ¿Y qué dijo el concejal? Pues, por ejemplo, que la propuesta de Caballas no pretendía favorecer esa marroquinización, cuando, en cambio, sí que la falta de control de la legalidad aplicada al ámbito laboral daba pie a asentamientos de trabajadores clandestinos. Algo contra lo que, dijo, el delegado no había hecho nada. “Tiene un problema ideológico”, dijo aludiendo a González, al que tildó de “sheriff de la plaza de los Reyes” y “bozacas” que representa “a un sector que hace mucho daño a la ciudad”.
Vivas, atendiendo los malestares más o menos expresivos que esas apreciaciones provocaban en la bancada popular, cortó por lo sano la verborrea de Aróstegui advirtiéndole de que el Pleno no era el foro adecuado para esos debates e instándole a que no insultara a quien no estaba ni presente, buscándose otras vías para atacar a González.
Caballas defendió que propuestas como la aprobada ayer solo buscan “dignificar la vida de los ciudadanos” y dar derechos “como el de encender la luz” en casas donde “habitan españoles. Todos tienen derecho a una vida digna, los que están en contra son malas personas”, espetó.

Las claves

Medida temporal
De carácter anual.
En cuanto a la vigencia de la autorización "provisional" y "excepcional", el texto regula que tendrá carácter anual y que solo podrá prorrogarse por años naturales previa acreditación de que la construcción o vivienda está en las mismas condiciones que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento "y siempre y cuando no se haya aprobado el instrumento de planeamiento necesario que determine si procede su regularización definitiva".
La salida del psoe
Dudas que provocaron sorpresa
Los tres diputados del PSOE se abstuvieron tras presentar una enmienda que fue desestimada y que pedía que la autorización con carácter excepcional para el acceso a los suministros básicos fuera acotada para “los residentes legalmente establecidos antes de la entrada en vigor de esta ordenanza”. Román le recordó que todo estaba controlado y que venían con los deberes hechos.

Idea original
Casos afectados
La idea de Fomento es la de adaptar la normativa vigente a “las singularidades” del Parque de Viviendas de Ceuta, esto es, a la existencia de casas “construidas sin licencia previa de obras, susceptibles de legalización o no; que se encuentran fuera de ordenación; y cuya existencia carece de control técnico, administrativo o registral” pero cuyos moradores “requieren de determinados suministros básicos respetando la legislación urbanística vigente”.
Otra competencia
Delegación, contraria a esa decisión
Con la alegación presentada por la administración central se advierte de que la regularización de esos suministros básicos “no parece posible”, acusando a la Ciudad de inmiscuirse en una competencia estatal (el Planeamiento Urbanístico), recomendando a la institución municipal que se centre en lo suyo.

Próxima cita, ante el juez

Ya lo advirtió el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, en rueda de prensa. Se acudirá al Contencioso. Eso sí, vistiendo esta decisión como una mera discrepancia bien lejos de lo que podría suponer el primer enfrentamiento que se conoce entre administraciones del mismo signo político ante los tribunales.
Ahora hay que esperar para saberlo. Los plazos son los que son, y al menos hasta dentro de un mes no llegará el texto de la ordenanza tal cual ha sido aprobada a la plaza de los Reyes para que, desde allí, se adopte la medida oportuna. De entrada, y a falta de cambios de última hora, lo dicho por González Pérez la semana pasada, es que, al no haberse atendido la alegación de sus servicios jurídicos tal cual la expusieron, la Delegación acudirá al Contencioso para pedir el amparo necesario.
Tendrá que ser un juez el que dictamine si lo aprobado en el Pleno es factible o no, a pesar de que ya ha obtenido el visto bueno de los servicios jurídicos de la Ciudad, que es a lo que se aferra el PP en la Asamblea.
La Delegación del Gobierno, de momento, tiene muy claro que no hace ninguna valoración oficial sobre la aprobación ayer de la ordenanza sobre las cédulas de habitabilidad. Porque no lo pueden hacer como institución. La versión ahora mismo oficial se centra en que esperarán el texto de acuerdo, remitido tal y como marcan los cánones. Lo pasarán como es lógico a los servicios jurídicos de la institución, es decir, al abogado del Estado y éste siguiendo los criterios estrictamente legales y jurídicos tomara una decisión que se la hará llegar al delegado del Gobierno.
Una situación que, incluso, se podía haber solucionado a lo largo de la última semana si se llega a haber valorado por parte de todos, como una tercera vía que aparecía, el solicitar un dictamen por parte del Consejo de Estado y que la opinión de este órgano consultivo de la Administración fuera el que prevaleciera. Pero al final esa tercera vía que buscaba el que no hubiera choque entre administraciones no tuvo éxito y nadie se quiso sumar a la propuesta.