{jaimage crop="TC" /}Al menos una quincena de vecinos de Benzú recibieron a finales de noviembre una notificación del Área Funcional de Fomento de la Delegación del Gobierno en la que se le informaba del inicio de un expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre por infringir la Ley de Costas, es decir, para retornar al patrimonio del Estado en la franja del litoral donde están edificadas sus viviendas. La alarma por la demolición de estas casas devuelve a la actualidad el certamen de arquitectura Europan, la federación europea de organizaciones nacionales que rigen concursos con jóvenes profesionales de esta disciplina y las realizaciones que se deriven de los fallos de los jurados. En la web de Emvicesa aún se puede consultar el proyecto ganador del Europan 8, el cual definía el futuro urbanístico de Benzú, y que recayó en componentes del estudio ‘DJArquitectura’.
Los afectados recuerdan ahora con decepción aquellos actos de hace ocho años con presencia de las autoridades, los autores del plan y la exposición de unos paneles informativos que recogían unos planteamientos que perseguían hacer “sostenible la relación entre naturaleza y civilización” que nunca llegaron a materializarse. Consultados al respecto años más tarde, los propios arquitectos vencedores del Europan 8 desconocían si su proyecto llegaría ejecutarse. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) contempla un plan especial para la barriada que incluye la construcción de 260 viviendas, de las cuales 115 serían de protección oficial para el realojo de vecinos. Sin embargo, estas actuaciones no son a corto plazo ya que, por una parte, depende de la disponibilidad presupuestaria y de la aprobación del PGOU. La situación se complica si se tiene en cuenta que la parcela donde se prevé la urbanización alberga en la actualidad el depósito de vehículos.
En cualquier caso, la intención de la Ciudad Autónoma es reunirse con la Delegación del Gobierno para abordar los posibles desalojos que se puedan ocasionar cuando finalice la tramitación de los expedientes de recuperación del dominio público. Un encuentro al que, además de las áreas de Fomento de ambas administraciones, asistiría Asuntos Sociales para el estudio pormenorizado de las familias que puedan verse afectadas.
Los residentes insistieron en que se niegan a abandonar Benzú ante sus sospechas de que la única opción que se les ofrezca sean las viviendas de Loma Colmenar. El colectivo destacó que sus unidades familiares están inscritas en el padrón municipal declarando sus viviendas de Benzú como domicilio habitual además de tener contratados diversos servicios en sus casas desde hace muchos años y abonar sus respectivas y otros impuestos locales. Entre los argumentos incluidos en sus alegaciones, los interpelados señalaron que se vulnera lo establecido en el artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y solicitan que los expedientes iniciados sean declarados nulos de pleno derecho porque el procedimiento es inadecuado.
La aplicación de la normativa para la recuperación de la totalidad del litoral ceutí se aplazó en los sucesivos gobiernos al frente la institución de la Plaza de los Reyes, con excepciones, como es el caso de las infraviviendas a pie de playa en Miramar Bajo, el cual acabó con la demolición de las mismas en 2010. En cuanto a la posibilidad de que estos hogares puedan acogerse a una ‘amnistía urbanística’, el titular del departamento competente en Delegación fue tajante: “Solo para aquellas que tengan una concesión administrativa”, es decir, autorización del Estado para su presencia en el deslinde.
Los afectados recuerdan ahora con decepción aquellos actos de hace ocho años con presencia de las autoridades, los autores del plan y la exposición de unos paneles informativos que recogían unos planteamientos que perseguían hacer “sostenible la relación entre naturaleza y civilización” que nunca llegaron a materializarse. Consultados al respecto años más tarde, los propios arquitectos vencedores del Europan 8 desconocían si su proyecto llegaría ejecutarse. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) contempla un plan especial para la barriada que incluye la construcción de 260 viviendas, de las cuales 115 serían de protección oficial para el realojo de vecinos. Sin embargo, estas actuaciones no son a corto plazo ya que, por una parte, depende de la disponibilidad presupuestaria y de la aprobación del PGOU. La situación se complica si se tiene en cuenta que la parcela donde se prevé la urbanización alberga en la actualidad el depósito de vehículos.
En cualquier caso, la intención de la Ciudad Autónoma es reunirse con la Delegación del Gobierno para abordar los posibles desalojos que se puedan ocasionar cuando finalice la tramitación de los expedientes de recuperación del dominio público. Un encuentro al que, además de las áreas de Fomento de ambas administraciones, asistiría Asuntos Sociales para el estudio pormenorizado de las familias que puedan verse afectadas.
Los residentes insistieron en que se niegan a abandonar Benzú ante sus sospechas de que la única opción que se les ofrezca sean las viviendas de Loma Colmenar. El colectivo destacó que sus unidades familiares están inscritas en el padrón municipal declarando sus viviendas de Benzú como domicilio habitual además de tener contratados diversos servicios en sus casas desde hace muchos años y abonar sus respectivas y otros impuestos locales. Entre los argumentos incluidos en sus alegaciones, los interpelados señalaron que se vulnera lo establecido en el artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y solicitan que los expedientes iniciados sean declarados nulos de pleno derecho porque el procedimiento es inadecuado.
La aplicación de la normativa para la recuperación de la totalidad del litoral ceutí se aplazó en los sucesivos gobiernos al frente la institución de la Plaza de los Reyes, con excepciones, como es el caso de las infraviviendas a pie de playa en Miramar Bajo, el cual acabó con la demolición de las mismas en 2010. En cuanto a la posibilidad de que estos hogares puedan acogerse a una ‘amnistía urbanística’, el titular del departamento competente en Delegación fue tajante: “Solo para aquellas que tengan una concesión administrativa”, es decir, autorización del Estado para su presencia en el deslinde.
La urbanización se proyectó donde está el depósito de vehículos
Un equipo de ‘DJarquitectura’ ganó el concurso
Los arquitectos del proyecto ganador son Diego Jiménez y Juana Sánchez, del estudio ‘DJarquitectura’, que contó de colaboradores con Antonio Torres, Jose Manuel Linares y Úrsula Linares. Además de la construcción de las viviendas, propuso una reforestación de la zona; un nuevo vivero-depuradora que utiliza el agua residual tratada del barrio para el riego de las plantaciones, así como fomentar el ecoturismo.
