El Consejo de Gobierno ha aprobado un modelo para la gestión de los procesos de incapacidad temporal con el que se pretende clarificar qué deben hacer tanto los empleados públicos de la Ciudad Autónoma como el Servicio Médico de la Administración ante un caso de baja. Se trata, además, de evitar los riesgos de abusos y fraudes, y a la vez, respetar los derechos de quien efectivamente esté en la situación de incapacidad prevista en la ley.
La aprobación de este modelo, según ha explicado el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, se ha llevado a cabo tras la negociación que ha mantenido el Ejecutivo con las centrales sindicales con representación en el Asamblea, y su contenido respeta el acuerdo regulador y el convenio colectivo que regulan las condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral de la Ciudad.
En el documento aprobado por el Consejo de Gobierno, se establecen diferentes aspectos desde cuándo se debe comunicar la baja (desde el primer día), cómo (mediante un volante médico o comunicándolo al servicio al que pertenece), los procedimientos de control (que incluyen la posibilidad de que se efectúen visitas al domicilio) y de actuación ante casos de irregularidades.
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