El número de empleadas del hogar de alta se duplica en un año

Fue uno de los compromisos del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, cuando llegó a la Plaza de los Reyes: permitir que pudiera contratarse a los transfronterizos para la realización de las tareas del hogar. Una medida que había sido anulada por el PSOE y que impedía que el empleo irregular en este sector terminara.
Los datos permiten saber que González no estaba equivocado ya que, según informó ayer la Delegación, en año y medio se ha conseguido duplicar el número de altas de la Seguridad Social entre las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y que están regularizadas como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen de empleados de hogar. Desde junio de 2012 hasta el mes de noviembre de este año se ha producido un incremento de 591 personas. El número de trabajadoras en junio de 2012 ascendía a 624, cifra que en la actualidad casi se ha multiplicado por dos, situándose en las 1.215.
“Este incremento”, informa la Delegación del Gobierno, “se debe a que desde la entrada en vigor de la citada normativa es obligatorio para todos los empleadores cotizar a la Seguridad Social por las empleadas de hogar que trabajen en los domicilios, independientemente del número de horas que realicen. En nuestra ciudad este incremento es debido a la flexibilidad en la contratación  de personal transfronterizo, que obtiene las autorizaciones para trabajar a través de la Oficina Única de Extranjería”, concluye.
Sólo podrán ser contratadas por otro empleador aquellas trabajadoras que sean contratadas por 20 horas y los contratos que hayan sido realizados por periodo superior no admitirán una nueva contratación ya que estos serían por un horario inferior a las 20 horas.
Además, en los casos de unidades familiares que incluyan dos o más miembros, los medios económicos a acreditar resultarán de la suma de aquellos con los que cuente cada una de las personas que integren la unidad familiar. En este caso deberán realizar declaración de los miembros que integran la unidad familiar, el consentimiento para acceder a datos de identidad (DNI y empadronamiento) y acceder a los datos fiscales de cada uno de los miembros de la unidad familiar.