El muro que corta calle Córdoba sigue en pie pese a decretarse su demolición

Fomento argumenta que carece de la licencia de obras pertinente y atraviesa un vial del Plan Especial de Huerta Téllez.

Los vecinos de la zona en la que limitan las barriadas de Hadú y el Morro continúan en pie de guerra por el levantamiento de una pared que tapona un paso bastante transitado. La Consejería de Fomento ha ordenado al promotor de la construcción de un muro que bloquea la calle Argentina la “paralización” de la obra así como la “demolición” de la pared porque carece de la licencia correspondiente y afecta a la vía pública contemplada en el Plan Especial de Huerta Téllez. Tan solo queda un pasaje estrecho que comunica con una zona en obras cerrada con otra puerta. A pesar del expediente y el decreto de Fomento, como trasladaron los vecinos afectados, la tapia continúa hoy obstruyendo esta vía peatonal.  
Desde finales de agosto, este obstáculo al tránsito pasó de ser meras tablas en mitad de la calle a un cierre con bloques de hormigón en la confluencia de Viñas número 24 con la nueva arteria de prolongación de la calle Córdoba hasta el vial de tráfico rodado de Huerta Téllez. Según dispone el Plan Especial, en parte de las fincas atraviesa un vial que conecta ambos extremos, por lo cual procede la “paralización inmediata, clarificación y subsanación de lo ejecutado”.
Unas actuaciones, tan solo avaladas por una licencia de obras menor para la restauración de las fachadas, que Fomento considera que no cubre el muro y además generan una serie de problemas que afectan a los intereses de los vecinos. “Impide el paso al colegio ‘Severo Ochoa’ y al instituto ‘Clara Campoamor que siempre han usado los alumnos’”, explicó una de las vecinas. Una molestia a la que se une el “rodeo de 200 metros” que una “vecina discapacitada está obligada a dar si quiere salir de su casa”. Sin olvidar a los residentes en calle Córdoba número 9 quienes, en cuestión de meses, vieron crecer el muro hasta “casi tapiar” una de sus ventanas.
El descontento del vecindario queda patente en la recogida de firmas que los perjudicados recopilan desde hace algunas semanas. Por sus cálculos, ya cuentan con la rúbrica de unas “60 personas, tan solo de los alrededores”, que reclaman la apertura del vial que antes disfrutaban.  
Fomento insta a la iniciación del procedimiento sumario para obras incompatibles con el ordenamiento y de protección de la legalidad urbanística mediante restablecimiento, restitución y restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal consistente en obras en ejecución no legalizables frente a la finca sita en calle Viñas 24, en el mencionado domicilio de Córdoba y el cierre con fábrica de bloques del futuro vial que conecta el final de calle Córdoba con la arteria principal de Huerta Téllez.
Como es preceptivo, el promotor del muro de la discordia dispone de un plazo para la presentación de alegaciones así como la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados. La Ciudad Autónoma podrá actuar de forma subsidiaria afrontando los gastos de la demolición, pero el coste seguirá corriendo a cuenta del dueño.
A las críticas por este cerramiento en calle Córdoba, los vecinos sumaron la manipulación de una arqueta rectangular de la vía pública para la evacuación de aguas pluviales de la red municipal. “Este sistema pertenece a todos los ciudadanos y no hay derecho a que abran las alcantarillas y las manipulen sin supervisión de las autoridades”, manifestó una de las vecinas.

Vecinos temen inundaciones en época de lluvias

El principal temor de los residentes en calle Córdoba y alrededores radica en las “riadas” que recorren esa vía cuando llueve, debido a su inclinación. Quienes viven en la zona sospechan que el muro puede ejercer de pantalla y retener el agua, con la consecuente “inundación” del número 9 y la casa de su vecina, “una mujer con 90 años”. Ante la proximidad de la temporada de precipitaciones, los residentes urgen a que el promotor ejecute las medidas cautelares establecidas por la Consejería de Fomento y consistentes en la paralización de las obras así como en la demolición de las mismas al estar calificadas como irregulares.