Según el boletín oficial del Estado del lunes 9 de agosto de 2010, el Ministerio de Economía y Hacienda ha declarado la prohibición para contratar en el ámbito del sector público de la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad S.L. por haber incurrido, en este caso el administrador y accionista, Mariano Pastrana, en la primera causa del artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, por el plazo de tres meses, dicha causa es la de haber sido condenado por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
Según dicha ley la prohibición de contratar alcanza a los trabajadores cuyos administradores o representantes se encuentre en una de las situaciones mencionadas por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichos empleados.
La empresa de vigilancia y seguridad Serramar fue creada el 26 de noviembre de 1987, manteniéndose en el sector de la seguridad durante más de 20 años, y teniendo delegaciones en más de 25 ciudades del país, incluyendo las dos ciudades autónomas y las islas Canarias, aunque la sede central se encuentre en Cádiz. Posee un Capital Social mayor de 60.000 euros. La empresa cuenta con 7460 servicios de investigación y seguridad y 8020 servicios de sistemas de seguridad.
Según ha podido saber ‘El Faro’, Mariano Pastrana ya no es administrador de la empresa Serramar, sino que sólo es uno de los accionistas. Desde la FTSP-USO muestran su preocupación por las implicaciones que esto pueda tener con los trabajadores de dicha empresa, que en los próximos meses puedan sufrir retrasos en los pagos de sus nóminas por falta de liquidez, y cómo Serramar puede perder algunos servicios.
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