El juzgado tomará declaración a testigos que vieron a subsaharianos en Marruecos el 6-F

El proceso judicial iniciado tras la muerte de 15 subsaharianos en su intento por alcanzar las costas españolas el pasado 6 de febrero sigue su curso. La última novedad conocida ha llegado desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, después de que el tribunal de la Sección VI

haya estimado el recurso de apelación que interpuso una oenegé, personada como acusación popular, contra la denegación de diligencias de prueba que habían sido solicitadas.
En concreto, la Audiencia considera que la titular del juzgado de instrucción número 6 debe tomar declaración a una médico que vio a varios subsaharianos en Marruecos así como a otra testigo que les entrevistó al otro lado de la valla.
El máximo órgano judicial en la ciudad ha estimado la petición cursada por la Asociación Coordinadora de Barrios, asentada en Madrid, y que fue una de las entidades que impulsó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras los sucesos.
En los próximos días se tendrá que localizar a esa médico, profesional marroquí cuya identidad no ha trascendido, y a la otra testigo para que aporten su versión en el juzgado número 6.
Esta es la última novedad de un caso que se judicializó nada más ocurrir la tragedia y después de que la propia Guardia Civil presentará las diligencias al hallarse el primero de los cadáveres en aguas españolas, concretamente en la zona del Tarajal. Después fueron apareciendo más, a ambos lados del espigón de la muerte, engordando un proceso judicial sobre el que hay muchos frentes pendientes debido a la trascendencia de lo ocurrido.
Hasta la fecha el juzgado ha revisado todos los vídeos que fueron grabados por las distintas cámaras de la Guardia Civil; tomas que además fueron colgadas por el propio Ministerio de Interior en su página web. También se revisó el contenido de las comunicaciones internas que aquella madrugada hubo entre los agentes, sin que pudiera resaltarse anomalía alguna.
Una comitiva judicial acudió al centro operativo COS del Instituto Armado en la frontera y al propio espigón en donde se produjo la tragedia; labor ésta que fue completada por el análisis de todas las autopsias que fueron practicadas a los cadáveres de subsaharianos que aparecieron en las costas ceutíes. Solo uno de ellos presentaba lesiones, lo que hizo que la jueza titular del número 6 pidiera una ampliatoria de las pruebas. Tras su análisis, tal y como adelantó El Faro, se pudo concluir que ninguna se asemejaba con golpes producidas por algún impacto de pelotas de goma ni podía concluirse que el fallecido hubiera sido víctima de agresión.
Cerca de una veintena de organizaciones han respaldado la denuncia presentada ante la Fiscalía erigiéndose en acusación popular, ya que toman como referencia los testimonios que fueron recogidos in situ, al otro lado de la frontera, nada más producirse el intento de entrada en Ceuta a través del espigón.
Las organizaciones reclaman que la investigación llegue hasta el final ya que la versión que manejan es contraria a la que publicitó el Ministerio de Interior o la propia Dirección General de la Guardia Civil.
En su denuncia las oenegés hacen alusión a la “evidente contradicción” entre los testimonios de una y otra parte y reclaman, por ello, que todo quede aclarado vía investigación judicial, que es precisamente lo que se está haciendo. Objeto de esa investigación es no sólo cómo se produjeron las muertes de los inmigrantes sino también la entrega de un grupo reducido, el que había conseguido llegar a nado hasta la playa, a las autoridades marroquíes.

La vía política, al margen de la acción judicial

La investigación puramente judicial no ha sido protagonista en solitario en torno al 6-F. Al margen se ha generado una cadena de enfrentamientos políticos que ha llevado a la celebración de varias comisiones así como al debate, en la Cámara, de diversas propuestas relacionadas con lo que sucedió aquella madrugada. Se ha llegado a pedir la dimisión del ministro Jorge Fernández Díaz, del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González y del director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa. Asimismo se han solicitado cuantiosos informes de todo tipo sobre el caso en cuestión y sobre el trabajo en frontera.