El juicio contra tres policías de la UIR por lesiones a dos jóvenes, el próximo miércoles

Después de tres años de proceso judicial, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta celebrará la vista relativa a la agresión sufrida por dos jóvenes, F.N. y C.Y., en el Poblado Marinero. Lo hará el próximo miércoles. Por los hechos, sucedidos en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal ha acusado tanto a tres agentes de la UIR como a uno de los dos jóvenes que resultó lesionado, solicitando penas que alcanzan, en alguno de los casos, hasta los seis años de prisión.

De acuerdo con la calificación fiscal a la que ha tenido acceso ‘El Faro’, para dos de los policías se pide cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de lesiones (dos años por cada delito), además de la inhabilitación especial; mientras, para el tercero de los policías (todos ellos de la UIR) se pide seis años de prisión (tres por cada delito de lesiones), además de la inhabilitación. En este último caso se trata de un agente que ya arrastra una condena, también por lesiones, de seis meses de prisión que está en suspenso por falta de antecedentes.
También el Ministerio Fiscal acusa a uno de los dos jóvenes lesionados, F.N., de un presunto atentado contra los agentes, por lo que pide tres años de prisión más una multa por una falta de lesiones. Acusación ésta que se sustenta en la denuncia que contra él presentaron los policías y que el perjudicado niega en todo momento.
El proceso de marras comenzó tras la denuncia de los dos jóvenes contra la Policía dando lugar a una historia marcada no sólo por los episodios que han tenido lugar en el juzgado, sino también por la lucha paralela de las familias de los denunciantes ante el Defensor del Pueblo.
De acuerdo con el escrito de calificación del Fiscal, los hechos que se enjuiciarán el próximo miércoles en la Audiencia dejan por sentado que aquel 26 de octubre, a la salida de un pub del Poblado uno de los jóvenes, el llamado F.N., se enzarzó en una pelea con otros, lo que motivó que interviniera la UIR. Mantiene el Ministerio Público que el joven habría propinado un puñetazo a uno de los policías, lo que llevó a que la situación fuera a mayores. El escrito añade literalmente que los otros dos agentes “en represalia y con ánimo de atentar contra la integridad física” del joven se “extralimitaron” de sus funciones y le agredieron conjuntamente, “golpeándole y reteniéndole en el suelo y llegando a pisarle el cuello con la bota”. De igual manera golpearían al otro amigo, el llamado C.Y., tras haber acudido en auxilio de F.N., “dándole puñetazos y golpes por todo el cuerpo”. Los dos jóvenes y el policía resultaron lesionados en distintos términos. F.N. ha tenido que ser operado hasta en tres ocasiones de la nariz y C.Y. estuvo tres meses en cama al sufrir importantes golpes en el riñón.La defensa de los agentes hará prevalecer sus tesis mientras que Fiscalía y Acusación Particular marchan en el mismo sendero.

Defensor del Pueblo
Ante la indefensión de la familia de los jóvenes, se acudió al Defensor del Pueblo para que interviniera. ¿Por qué?, porque durante este proceso las familias de los jóvenes han denunciado persecuciones de cierto sector policial y buscaban un posicionamiento de la Ciudad Autónoma. Se toparon con el silencio administrativo. El Defensor del Pueblo llegó a enviar hasta dos cartas al Gobierno ceutí para que atendiera las peticiones de los familiares que querían que se incoara un expediente disciplinario, a la vista de la existencia de la denuncia judicial formulada por el perjudicado y de la existencia de las lesiones sufridas y denunciadas en su momento mediante la aportación del correspondiente parte médico.

La respuesta
La familia de los jóvenes ha mostrado su indignación por la última de las respuestas dada por la Ciudad a una pregunta del Defensor. En la misma se le hace conocer que la institución no conoce la identidad ni la identificación numeral de los policías denunciados, de ahí que no haya podido estudiar la petición del Defensor. La familia señala que esta explicación no casa con el hecho de que la Ciudad se haya personado al ser posible responsable civil de las lesiones y estando encargada de la defensa de los policías que han resultado imputados en este proceso.