El juez no ordena el pago cautelar de 2,5 millones públicos a Urbaser

El titular del Jugado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Urbaser, adjudicataria del servicio público de limpieza viaria hasta febrero del año pasado, para que la Justicia instase a la Administración local al abono, de forma cautelar, de 2,55 millones de euros que supuestamente le adeuda por los servicios prestados y no remunerados durante su periodo de gestión de uno de los servicios más gravosos para la Ciudad Autónoma.

Según explica el juez en su resolución, en la que estima que las costas también deberá pagarlas Urbaser porque no aprecia razones para excluirlas y “se impondrán a la demandante por ser la parte que ha visto rechazada su pretensión”, Urbaser aspiraba a cobrar de forma “inmediata” el importe de las facturas pendientes de pago derivadas de la gestión del servicio público de limpieza, recogida y traslado de residuos al vertedero” correspondientes a los meses “de septiembre a diciembre de 2012” y de enero de 2013”.
“Hace coincidir la pretensión cautelar con la que es objeto de los autos principales”, analiza el Juzgado, que apelando a sentencias precedentes del TSJA concluye que “no es apropiado introducir en el incidente cautelar la cuestión de fondo, cosa que sucedería si se adoptase la medida cautelar pedida, pues ello supondría la concesión provisional por vía judicial de ese pago que se reclama, anticipando de este modo el resultado del proceso”.
La Administración ha alegado la concurrencia de “dos circunstancias” que, desde su punto de vista, “acreditarían que la cuantía reclamada no se corresponde a la exigible”. Se trata de “que debe abonarse lo certificado y no lo facturado” y que “del importe facturado hay que detraer las cantidades relativas a amortización de maquinaria”.
En ese contexto “operaría una de las excepciones establecidas para aplicar la medida cautelar positiva pero esta apariencia de buen derecho no se ha concretado de forma clara y directa en esta pieza como para determinar la adopción de la medida cautelar, entre otras razones porque ni tan siquiera se ha invocado por la parte solicitante”, concluye el dictamen judicial.

Alrededor de 8 millones retenidos

La Ciudad Autónoma de Ceuta aún no ha devuelto a Urbaser la fianza correspondiente al contrato de limpieza pública viaria que unía a ambas partes ni ha abonado a esta empresa los últimos trabajos que ha realizado, en concreto cuatro certificaciones y la mitad de otra. Todo ello suma una cantidad superior a los 8 millones de euros. En el expediente se incluyen informes que acreditan que los pagos realizados por la Ciudad fueron “los que marcaba el contrato” y que abundan en la obligación que tiene la Administración de abonar el precio establecido en el contrato, así como que el pago no significa la validación del servicio.

Las otras tres reclamaciones de la empresa a la Ciudad Autónoma

Mientras la Ciudad le reclama casi 5 millones por diferencias en la amortización de la maquinaria, Urbaser, que gestionó los servicios de limpieza pública viaria y recogida de basuras en la ciudad autónoma hasta febrero del año pasado, desistió el pasado mes de enero de una de las acciones judiciales que había emprendido para reclamar 2,5 millones de euros a la Administración local en concepto de trabajos realizados en los polígonos del Tarajal no retribuidos, según su criterio, como se debía.
Esta era una de las tres reivindicaciones económicas que Urbaser mantenía contra el Ejecutivo local. Otra aludía a la existencia de cantidades por cobrar en concepto de “un incremento de los salarios de los trabajadores como consecuencia de una modificación en el Convenio Colectivo” (3,8 millones). Finalmente, en enero de 2013, formuló otra solicitando 1,34 millones “en concepto de valor de la maquinaria entregada al final de la concesión”, reivindicación de la que también desistió formalmente apenas cuatro meses después, en mayo.
En abril del año pasado el Gobierno local ya desestimó todas las reclamaciones de Urbaser amparándose en informes técnicos que aseguraban que, en el peor de los casos, sólo habría que abonar a la empresa un tercio de los casi diez millones que exigía.