El juez, la infanta y los demás

Raymond Voet, juez del estado de Michigan (USA), había ordenado durante un juicio que se apagaran los móviles, y advertido que, si sonaba un móvil, su propietario sería condenado a una multa de 25 dólares. Durante el alegato del fiscal empieza a sonar uno, precisamente el suyo. Interrumpe el juicio y ordena al secretario judicial que tome nota de que “el pueblo del Estado de Michigan condena al juez Voet al pago de 25 dólares de multa por desacato”.
En su mensaje de Navidad, el rey Juan Carlos manifestó que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley. La Justicia es igual para todos”. Muchos coincidieron en opinar que las palabras del Rey hacían alusión directa a su yerno, pero no es difícil suponer que a esas alturas debía ser conocedor de que posiblemente su propia hija se vería envuelta de una forma u otra en ese procedimiento judicial.
Estamos a pocos días de conocer si definitivamente la hija del Rey, la infanta Cristina, va a tener que declarar como imputada. Seguramente, como padre, Juan Carlos de Borbón no desea que su hija tenga que pasar por ese desagradable momento y, también como padre, su deseo es que si se ve obligada a declarar como cualquier ciudadano, pueda demostrar su inocencia. Si el juez Castro la llama a declarar como imputada y es inmortalizada bajando la famosa cuesta de la calle mallorquina que da acceso a los juzgados; si se somete a las preguntas de las partes y del juez, y finalmente sale absuelta de todos los cargos retirándosele su condición de imputada, el rey Juan Carlos  habrá conseguido que la institución monárquica haya salido reforzada por demostrarse que, tal y como afirmó en su discurso de Navidad, nadie está por encima de la Justicia, y que todos, llegado el caso, se tendrían que someter a su acción. Incluso la familia Real.
Continuamente están saliendo casos de presunta corrupción en nuestro país. Los políticos que nos han tocado en “suerte” posteriores a los de la Transición, han demostrado no estar a la altura ética y moral que se esperaba de ellos, y la Democracia española o una parte importante de ella, los votantes, hemos demostrado ser todavía demasiado inmaduros: votamos a personas desconocidas, y las volvemos a votar cuando ya las conocemos y sabemos que han hecho tropelías. Políticos sobre cuyas espaldas recaen grandes cargas de presunción de actos corruptos vuelven a repetir en las listas de los partidos (listas cerradas, por cierto), y son una y otra vez elegidos por el pueblo. Pero no solamente eso: son escasos los políticos que definitivamente son sentados en un banquillo como “imputados”, aunque solo sea para que, después de someterse a las preguntas pertinentes por parte de jueces y fiscales, puedan salir absueltos de toda culpa y con todos los pronunciamientos a favor.
Andalucía, Baleares, Galicia, Valencia, Madrid, Cataluña y desde esta semana pasada nuevamente Ceuta.
No hay ningún rincón de nuestra geografía que se libre de esa sospecha, y muy pocos los lugares en los que, tras un presunto caso de corrupción, podamos ver que un máximo responsable político se somete a la acción de jueces y fiscales y defiende sus actos.
Quiero pensar que los máximos responsables (presidentes de gobierno o de autonomías, alcaldes, etc.) son responsables más por omisión que por acción. Quiero pensar que no se han llevado nada, que son honrados a carta cabal, pero que su responsabilidad, que no es poca, termina en la equivocada elección de determinadas personas para determinados cargos. Quiero pensar, en fin, que su única culpa, que tampoco es poca, es haber mirado para otro lado cuando había un clamor que les gritaba que en el despacho de al lado se estaban cometiendo tropelías. Pero desearía que pudieran demostrar su honradez y es difícil entender, si no tienen nada que ocultar, por qué se resisten a hacerlo.
Vivimos en un Estado de Derecho, en el que la presunción de inocencia obliga a “demostrar la culpabilidad”. Pero ha llegado el momento en el que los políticos deben dar un paso al frente y estar dispuestos a “demostrar su inocencia”.
Quizás así recuperen la confianza que les teníamos, totalmente perdida en estos momentos por culpa exclusiva de ellos.
En el estado de Michigan el juez Raymond Voet demostró que los Estados Unidos de América son un país que puede tener muchos defectos, pero a la vanguardia en cuanto a democracia se refiere.
En España, por el contrario, la “casta” política parece estar muy alejada de la ciudadanía en cuanto a derechos y obligaciones, y por encima de la acción de la Justicia en no pocas ocasiones.
Sería paradójico que la institución española más transparente por someterse a la Justicia como cualquier ciudadano, resultase ser la monarquía. Porque, como dijo el Jefe del Estado, “la Justicia es igual para todos”.