El informe económico que Asuntos Internos hizo del guardia civil acusado tenía errores

La segunda sesión de juicio oral seguida en la Audiencia Provincial para aclarar la presunta implicación de un agente de la Guardia Civil y su mujer en un delito de blanqueo de capitales tuvo como eje clave las declaraciones de tres agentes de Asuntos Internos de la Benemérita.

Ellos fueron los que se encargaron o bien de realizar la investigación económica y patrimonial del imputado o de vigilar el trabajo de la Compañía Fiscal, toda vez que habían recibido informaciones del CNP sobre la existencia de una organización liderada por un narcotraficante capaz de moverse libremente en terreno de guardias para pasar sus coches cargados de hachís sin que fueran interceptados. Uno de estos agentes manifestó que ese narcotraficante “tenía dominio total sobre el acceso a dependencias de los agentes”, llegando hasta el punto de entrar y salir de las mismas como si fuera un funcionario más. “Se movía por el puerto, por el exterior de las dependencias y por las cabinas de la Guardia Civil”, declaró, dibujando un panorama, fechado en el año 2010, en el que un narcotraficante parecía ser capaz de convertirse en un satélite del puerto, en el ordeno y mando de la zona, llegando a entrar a pie por el carril de coches o accediendo a dependencias del Instituto Armado. Este extremo, ratificado por los agentes de la unidad especial de Madrid, fueron negados por la media docena de agentes de la Compañía Fiscal que declararon en la sesión de tarde. Uno de ellos acompañó esa negativa con una importante carga de indignación porque se concluyera algo que todos tildaron de incierto. Asuntos Internos trabajó coordinándose con el CNP ya que era este Cuerpo el que tenía abiertas varias investigaciones en torno al tráfico de drogas que salpicaban de una u otra manera a este narcotraficante. A partir de una escucha telefónica en la que una detenida con hachís manifestaba que le había detenido “el guardia que trabajaba” para este narco, se inició la cascada de actuaciones de Asuntos Internos. El grupo intervino porque la amplia mayoría de investigaciones abiertas que salpican a algún funcionario de la Benemérita son tratadas con celo por el propio Cuerpo. Esa detenida cuyo comentario ‘intervenido’ hizo saltar las alertas es la que, en la primera sesión de juicio oral celebrada el pasado martes, no pudo identificar al guardia civil acusado como la persona a la que aludía en su conversación como ‘vendido’. Asuntos Internos entendió, al contrario, que el acusado era el mismo que respondía al apodo escuchado en las grabaciones, porque así se lo dijo la Policía Nacional y el entorno de la Comandancia. No comprobaron que, según mantuvo la Defensa en su exposición, había más guardias civiles que respondían a ese mismo apodo. El 4 de septiembre de 2010, CNP y Asuntos Internos conocieron de la intención del narco y su organización de pasar por el puerto un coche con hachís. De hecho todos los miembros de ese clan se habían desplazado a Ceuta para ello. De los pinchazos telefónicos obtuvieron la información de que ese coche, con apariencia de ir ocupado por una familia, podría pasar perfectamente cargado por el puerto porque “en Ceuta no iban a tener problema, porque el pase estaba garantizado”. Asuntos Internos investigó qué agente estaba de servicio, siendo el acusado uno de ellos. Ese pase se frustró finalmente porque la organización recibiría el aviso de sus informadores de que en Algeciras “el control estaba duro”, por lo que lo abortaron ante el miedo a perder la droga. Durante el seguimiento físico y las intervenciones telefónicas que se le hicieron al acusado, Asuntos Internos nunca pudo sorprenderle en reuniones con este narco para el que, según el Ministerio Fiscal trabajaba, ni tampoco captó conversaciones comprometidas. De hecho se concretó que no hubo indicios de su pertenencia a la presunta organización que se serviría de guardias para contar con su vista gorda en el pase de drogas. Asuntos Internos confirmó que había estado siguiendo a varios agentes más debido a las informaciones facilitadas desde el CNP, ya que “todo daba pie” a entender “que había funcionarios” corruptos, apuntaría en su declaración uno de los responsables de UDYCO por aquel entonces que trabajó con el grupo del Instituto Armado. De igual manera se significó que fue el propio agente imputado el que llegó a detener, en febrero de 2011, a un hombre con 51 kilos de hachís que resultó ser uno de los presuntos miembros de esa red. Compañeros del acusado recalcaron que era buen trabajador, que relevaba a sus compañeros hasta con una hora de antelación y, en su amplia mayoría, negaron conocerlo por apodo.

Transferencias justificadas y un error arrastrado hasta el juicio

Uno de los agentes de Asuntos Internos que se encargó de la investigación económica hecha al acusado terminó reconociendo y asumiendo errores en el informe que terminaría motivando la detención deel guardia. Lo hizo después de que una de las letradas de la Defensa, Caridad Casadevante, presentara una exposición en Power Point demostrando la existencia de esa irregularidad que se cometió al haber un error con el programa Excell. Y es que según este agente, habían detectado la existencia de 93.000 euros inyectados en las cuentas en el plazo de 5 años sin que fueran capaces de determinar su origen, por lo que concluyeron que ahí podría estar la vinculación con el mundo del narcotráfico. Según el informe de Asuntos Internos, para blanquear ese dinero se elegía la forma de inyectarlo en el circuito financiero tras obtenerlo de forma indebida en vez de optar por adquirir bienes, algo que podría llamar más la atención. Con la exposición de la Defensa se pudo detectar el fallo en la cantidad inyectada en 2010, ya que figuraban 53.000 euros, dinero que en realidad era la suma del acumulado de tres cuentas. Lo correcto es que hubieran quedado reflejados ese año unos ingresos de poco más de 16.000 euros. Por un error con el Excell, el sumatorio de una columna provocó ese resultado que incrementa un 40% la suma real. Este error llevó a concluir la existencia de esos 93.000 euros en 5 años sin justificar origen, cuando la suma real que debería haber aparecido era poco más de 50.000. Tras un receso para aclarar lo ocurrido, el agente de Asuntos Internos reconoció este error. De igual manera aclaró que todas las transferencias de la época estaban justificadas, aunque a pesar de ello en el informe oficial se habló de “volumen atípico” y extraño cuando eran pagos, muchos, oficiales.