Mediada la década pasada, hace ya cerca de diez años, la ciudad autónoma se dio de bruces con el primer varapalo económico en forma de ‘efecto estadístico’, el eufemismo que se generalizó para describir el aumento virtual del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de algunas regiones de la Unión Europea como consecuencia de la entrada de otras menos desarrolladas de los diez nuevos Estados incorporados.
Esta semana, para contradecir el dicho que imputa al hombre la capacidad de ser el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y sus consejeros de Hacienda y Relaciones Institucionales, Guillermo Martínez y Francisco Márquez, se han desplazado a Madrid para buscar la complicidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) al objeto de evitar un segundo revolcón.
En puertas de que se pacte el reparto de fondos europeos para el sexenio 2014-2020, el Ejecutivo local ha tomado conciencia de la importancia de acercar todo lo posible a la realidad las fuentes que dan cuenta oficial del número de residentes en Ceuta, una variable fundamental para determinar el PIB y la renta per cápita de la ciudad autónoma, que eleva ficticiamente, y un indicador de referencia para las instituciones comunitarias.
El asunto no es en absoluto baladí si se analiza la evolución durante los diez últimos años de las cifras del Padrón municipal, el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, y de las Estimaciones de Población Actual del INE.
La formación, mantenimiento, revisión y custodia del primero corresponde a la Administración local, que el año pasado se embarcó en un proceso de depuración del mismo que, según estimaciones del delegado del Gobierno, podría sacar de sus registros a hasta 2.500 falsos residentes.
Las segundas utilizan “la última información disponible sobre la evolución demográfica del país” y sus resultados son utilizados en el INE como población de referencia en las encuestas a hogares y población y en el cálculo de todo tipo de indicadores (demográficos, económicos, etc.) y “son transmitidos como cifras de población de España, a todos los efectos, a nivel internacional”. El problema es que la brecha entre una y otra fuente se ha ido agrandando hasta extremos irracionales. Si el 1 de enero de 2002, el primer ejercicio plenamente comparable de la serie histórica del INE, el Padrón situaba el censo de residentes en Ceuta en algo más de 76.000 personas y las Estimaciones del Instituto en 71.585, menos de 5.000 personas de diferencia, a fecha 1 de enero de 2012, el último dato disponible, la disparidad había medrado hasta más de 7.000 vecinos: el Padrón ceutí coloca la población local bastante por encima de 84.000 ciudadanos y el INE apenas reconoce menos de 77.000.
Al ser las proyecciones estadísticas la pauta de referencia para el resto de sus trabajos, la disfunción también repercute, sin entrar a quién favorece en cada caso, en el análisis de cualquier otro factor, desde el porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza hasta la tasa de residentes parados y ocupados.
La población, un factor clave en la financiación local
La trascendencia en euros de tener una población u otra a ojos de la Administración competente en cada caso va más allá de las instituciones comunitarias. Incluso directamente, sin valorar su efecto sobre indicadores como el PIB o la renta per cápita. En el reparto de la financiación local, en la que también participa la Ciudad, se establece, por ejemplo, que solo los municipios con más de 75.000 habitantes, acceden a la cesión de parte del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco (entre el 1% y el 3%, aproximadamente, dependiendo del impuesto y de si se trata de un municipio ó una provincia)”.