El guardia civil que fue condenado por la Audiencia granadina, apartado del Cuerpo

La Dirección General de la Guardia Civil ha resuelto ya el expediente iniciado después de conocerse, en abril del pasado año, la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Granada contra un miembro del Instituto Armado que ahora estaba destinado en Ceuta, habiendo permanecido en varias unidades entre ellas la de Tráfico.

La resolución adoptada ha sido la más grave al apartarlo de servicio tras valorar la existencia de una falta muy grave después de haber sido condenado en firme y por conformidad por pertenencia a una red de tráfico de drogas. El agente ya ha hecho entrega del uniforme, aunque se desconoce si acudirá a la vía del Contencioso para recurrir dicha medida.
Tal y como se publicó en abril del pasado año, la pena que dictó la Audiencia granadina fue de 9 meses de cárcel por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 5.000 euros. Una pena asumida por conformidad y con la que evitaba ingresar en prisión, al ser inferior a dos años y no contar con antecedentes penales, además de impedir que fuera inhabilitado.
Los hechos juzgados se remontaban a 2007, cuando el agente M.G.P., en servicio activo entonces en el Destacamento de Tráfico de Motril, fue acusado junto a otras seis personas de integrar un grupo que organizó una operación que tenía como objetivo la introducción en la provincia de Granada de un total de 2.100 kilos de hachís procedentes de Marruecos. Al agente se le acusaba, además del delito contra la salud pública por el que finalmente fue condenado, de otro de revelación de secretos, retirado finalmente.
La Fiscalía consideraba que había pruebas suficientes para determinar que M.G.P. había jugado un papel fundamental en la trama al informar al resto de integrantes del grupo de los horarios y movimientos de la patrullas del Instituto Armado, incluyendo supuestos mensajes de texto al móvil de otro de los juzgados en esta causa en los que le habría alertado sobre los alcances de los radares, la situación de las cámaras operativas o los controles de carretera que podrían llevar al traste la operación. Por esa supuesta colaboración habría percibido 60.000 euros. La Fiscalía modificó finalmente la calificación de los hechos y solo le acusó del delito contra la salud pública con el que mostró su conformidad quedando condenado en firme tras asumir los hechos.
Hasta que se ha conocido esta semana la resolución de la Dirección General, el agente seguía permaneciendo activo en Ceuta aunque destinado en otras labores ajenas al control de tráfico.