El Gobierno seguirá tramitando el PGOU aprobado inicialmente “por interés general”

La no inclusión en el orden del día del Pleno del próximo lunes de la revocación de la aprobación inicial del PGOU apuntaba a que algo estaba pasando, algo se gestaba en el seno del Gobierno.

Y ese algo se supo ayer, cuando en nota oficial la Ciudad confirmó que se seguirá tramitando el PGOU aprobado inicialmente aduciendo el “interés general” y el no crear perjuicio a inversiones públicas que podían ponerse en riesgo y que ya estaban previstas.
Lo confirmado en nota de prensa se rodeará hoy de más detalles toda vez que está prevista la comparecencia del consejero, Néstor García León, al término del Consejo de Gobierno. De momento algo está claro: que las últimas decisiones adoptadas caerán en saco roto puesto que nada de lo que se ha dicho se va a acometer. Se desiste así de la intención de revocar la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de, según razona el Gobierno, “haber llevado a cabo una reflexión más profunda sobre las consecuencias que acarrearía ese paso”, expone.
El Consejo de Gobierno reconsiderará hoy la decisión que adoptó el pasado 8 de agosto en ese sentido y, al término de esa reunión de presidente y consejeros, el titular de Fomento dará cuenta detallada de las razones que han motivado el desistimiento de aquella intención, razones que se resumen en una: el interés general.
El cambio de criterio se produce solo tres semanas después de que se diera la sorpresa y comenzara a conocerse versiones de grupos estructurados a favor o en contra de esta decisión. El último colectivo en reunirse fue, el pasado miércoles, el de los promotores; un sector en el que existe una parte favorable al revés dado por la Ciudad y otra opuesta.
El Gobierno mantiene que, desistiendo de la intención de revocar la aprobación inicial del PGOU, se “evitará perjudicar inversiones públicas previstas que, para su materialización, requieren de la aprobación definitiva del documento en trámite”, expone.
Hay además otra razón relacionada con los plazos: “Si se siguiera adelante y llevara a término la revocación, habría que evacuar y recabar de nuevo los informes pertinentes y preceptivos de las distintas áreas de la Administración General del Estado implicadas, es decir, Carreteras, Defensa, Medio Ambiente y Costas. Estos trámites consumirían no menos de seis meses e incluso hasta un año”, expone la institución municipal.
“En cambio, analizado el calendario previsible teniendo en cuenta el procedimiento que está legalmente establecido, cabe afirmar que el nuevo PGOU, el resultante de seguir adelante con la tramitación en curso, puede estar definitivamente aprobado en el plazo de un año, que es, además, el tiempo disponible, puesto que la suspensión de licencias tiene una caducidad de de dos años y ha transcurrido ya uno”, aclara.
La Ciudad ha anunciado además que se abrirá un nuevo periodo de información pública antes de la aprobación provisional para que entidades o particulares presenten las alegaciones que estimen oportunas.
“Es una posibilidad”, avanza, “que contempla la ley para recoger lo no recogido en la aprobación inicial y, de esta manera, cumplir la aspiración de perfeccionar el documento y procurar una mayor audiencia a los interesados además de un mayor consenso político”, expone.
La historia que rodea a todo lo que tiene que ver con el PGOU viene marcada por cambios de decisiones, polémicas e inversiones a las que no se ha podido sacar rendimiento alguno.
Hace justamente un año, el Pleno aprobaba solo con los votos del PP el proyecto de nuevo Plan, definiéndolo como un documento “realista” pero abierto a recibir propuestas de la ciudadanía o de los grupos políticos. La oposición votó en contra de un Plan que, según se confirmó en aquel Pleno, sería aprobado antes del final de la pasada legislatura.  
Por su parte, Prointec, la empresa a la que hace 10 años y por 395.000 euros se adjudicó la redacción de la revisión y adaptación del Plan recomendó en un informe aceptar en su totalidad 24 de las 176 alegaciones formuladas al documento aprobado inicialmente por el Pleno hace un año y estimar parcialmente otras 90.
En su análisis de las mismas concluía que un total 62 pueden ser desestimadas (o están pendientes de aclaración por parte de la Administración).
La idea, ahora desistida, del consejero de Fomento pasaba por “levantar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas y la suspensión cautelar de las licencias de demolición en los inmuebles catalogados en el vigente catálogo del PGOU y la de los inmuebles propuestos para catalogación acordada por el Pleno”.

La Asociación de Promotores se reúne hoy

24 horas antes de que la Ciudad desistiera del anuncio de revocar la aprobación del PGOU, el propio consejero de Fomento había mantenido una reunión con la Asociación de Promotores. Un encuentro en el que se había expuesto unas líneas que ya no son válidas, puesto que la decisión conocida ayer se centra en el hecho de que todo vuelve a su ser, al origen, a lo que se planteó desde siempre. Hoy precisamente se había señalado una asamblea a la que iban a asistir los distintos promotores de la ciudad para abordar este asunto. El volumen de alegaciones presentadas y la complejidad de las mismas, sumadas a las valoraciones de la consultora Prointec, había provocado que la Ciudad se planteara tres posibles alternativas que llegaron a ser perfiladas por el arquitecto municipal, Javier Arnaiz, y que pasaban por considerarlas "no sustanciales", rehacer el documento y proceder a la aprobación provisional; tomarlas como sustanciales, redactar otro documento, someterlo a exposición pública y pasarlo a aprobación provisional; o asumir que el paso dado en agosto del año pasado solo sirve para "mantener y consolidar indeseables patologías" y revocarlo.

Un asunto clave enrocado en años de debates

La aprobación del PGOU se ha convertido en uno de los asuntos enquistados. Durante dos legislaturas se ha intentado aprobar un Plan que, por una u otra razón, ha terminado enrocándose sin salida alguna. Se contrató los servicios de una consultora hace ya diez años, se abrieron distintos plazos de alegaciones para escuchar a todas las partes, e incluso se dio pie a debates plenarios. El resultado, hasta el momento, ha sido nada.
La tramitación inicial quedó estancada tras el anuncio, el pasado 7 de agosto, de revocar la tramitación inicial; decisión de la que ahora se desdice la Ciudad tras haber, admite, reflexionado sobre este asunto y considerar que se generarían más problemas que beneficios.
Caballas ya consideró que la revocación podía dejar a Ceuta otro lustro “en precario”, llegando a tildar de “error histórico” el hecho de que se paralizaran actuaciones y proyectos que ya se habían puesto en marcha.
“Si revocando la aprobación inicial vamos a someternos a no poder acordar otra hasta dentro de cinco años, suspendiendo durante el mismo periodo la posibilidad legal que existe de regularizar las viviendas que están fuera de ordenación, paralizando las expectativas de atraer inversión privada abiertas y demorando la imperiosa necesidad de introducir políticas de sostenibilidad nos asomamos a un error histórico”, argumentaba su portavoz, Mohamed Alí.
Entidades como el Colegio de Arquitectos también se posicionaron en torno al anuncio de revocación ahora en suspenso y lo hicieron con recelo.
El PGOU aprobado inicialmente parte de una superficie terrestre limitada por el perímetro costero, que resulta “insuficiente” para el “buen desarrollo urbanístico”  y que, tal y como expresa a este medio la entidad, es el origen de “muchos de los problemas a la hora de generar bolsas de suelo que a su vez sean compatibles con una red de transporte eficiente y compatible con los valores paisajísticos y naturales de la ciudad”.
En las alegaciones, este colectivo expresó su desconocimiento acerca de la falta de incorporación de la posibilidad de “generar nuevas superficies de terrenos ganadas al mar”.