El Gobierno reitera que no hubo ni malversación ni corrupción

El Gobierno autonómico defendió ayer sus tesis en relación con la situación que ha vivido en el caso Urbaser. Y es que el primero de los debates de la jornada sobre esta cuestión que ha centrado la actualidad informativa en los últimos días se produjo a raíz de una moción de urgencia presentada por Caballas. Comenzó su intervención el propio consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, defendiendo que el Ejecutivo seguía defendiendo de manera clara que no se había producido ni malversación de fondos, ni corrupción ni connivencia con la empresa Urbaser e incluso fue más lejos al agradecer al portavoz de Caballas, Mohamed Alí, que durante su intervención aunque había establecido cuáles serán sus discrepancias en relación con la postura del Gobierno, después de muchos días estando en los distintos despachos de los técnicos habían llegando a la conclusión de que no existía ni malversación de fondos, ni corrupción, ni connivencia con la anterior empresa.
Martínez quiso retrotraerse a los primeros tiempos del contrato de Urbaser que ellos se encontraron cuando llegaron al poder en el año 2001 y como en el pleno se aprobó que ellos darían validez a ese contrato si se producían tres hechos primordiales: un informe del Consejo de Estado, una auditoría y una encuesta favorable por parte de los ciudadanos.
Dijo que no podían pasarse por alto algunas de las reflexiones que se dedujeron de aquella auditoría del año 2004 y que forma parte del expediente, donde por un lado se afirma que el beneficio industrial obtenido por la empresa es un punto y medio inferior a la oferta que hizo en su día. Dando los números concretos: que si la oferta de Urbaser había sido del quince por ciento, su beneficio industrial era del trece y medio por ciento. Y la segunda de las conclusiones fue que la amortización de la maquinaria se realizaba a una media de un diez por ciento por año.
En esa disertación y pasando ya a la actualidad hizo hincapié en los distintos informes que el otro día entregaron tanto a los partidos de la oposición como a los medios de comunicación, donde por un lado, en un escrito rubricado por el interventor y el tesorero se indicaba que no se había pagado ni un euro de más del dinero que figuraba en el contrato. Además, dio una opinión personal en toda esta materia al explicar que aunque existiera esa desviación de doce millones y media era muy probable que otros costes no estuvieran bien valorado que compensarían una cosa y otra o al menos la reducirían.
A continuación entró en un apartado de la intervención donde lanzó varios preguntas al aire, como por ejemplo, ¿cómo va a existir connivencia con la empresa? Y su respuesta era clara: “si nos está reclamando en estos momentos quince millones de euros”. Luego la segunda pregunta fue: “¿cómo va a existir falta de transparencia?”. Y lo argumentó de una manera muy fácil: “hemos entregados todos los informes tanto a la oposición como a los medios de comunicación”.
Repitió que se revisará toda la documentación, que estamos en un Estado de Derecho, que Urbaser tiene derecho a ser escuchada y que al final habrá unas conclusiones en el punto final del expediente administrativo.
Al final hizo tres conclusiones: 1. No se ha pagado ni un euro de más. 2. No ha existido malversación ni actividad delictiva y 3. Se cree que tampoco Urbaser ha recibido nada que no lo hubiera realizado.
Incluso se produjo una circunstancia y es que aprovechando esta moción de urgencia presentada por Alí, el portavoz de los socialistas, José Antonio Carracao, intervino para decir que como él tenía al final de la sesión plenaria una interpelación sobre el mismo tema, que si el Gobierno daba respuesta a sus peticiones, no tendría ningún problema a retirarla, circunstancia que le llevó a Martínez a recomendarle a que la mantuviera porque no tenia ningún tipo de problema de responderle en todas sus argumentaciones, las cuales ha venido repitiendo a lo largo de las diferentes ruedas de prensa de las últimas jornadas.

Martínez defendió a García Castañeda por un debate anterior

Una interpelación que hizo Juan Luis Aróstegui en el mes de noviembre del año 2011 en relación a que indicaba que se estaban pagando las amortizaciones de los camiones, una vez sufragados los mismos, fue consecuencia de que Mohamed Alí hablara de que se sentía molesto porque, desde su punto de vista, se les había engañado. Fue Guillermo Martínez el que defendió a su compañero García Castañeda, que fue quien entonces respondía a esa interpelación y el consejero reflejó que en ningún momento Gregorio había hecho alusión a los camiones y sí sobre los mismos estaban amortizado o no, sino que realzó la prestación de los servicios.