La ya bautizada como ley Fernández no solo ha provocado reacciones negativas en el ámbito social. La protesta crece también en el seno de la propia Policía Nacional, obligada a materializar una normativa entendida como una particular mordaza. Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP) esta nueva ley se quiere vender como que está hecha para proteger a los policías pero “lo que nosotros entendemos es que lo que se pretende, ni más ni menos, es convertirnos en el hombre del saco de los ciudadanos. Al Gobierno le preocupa que la gente proteste, cuando está sufriendo los peores recortes en la historia de este país y de alguna manera quieren acallar la voz del ciudadano”, denuncia el portavoz del sindicato, Jesús González Miaja.
“Como siempre”, añade, “quieren usarnos a los policías de marionetas y como chivos expiatorios”. Para el SUP está claro que los agentes no van a apoyar este sistema, más si cabe cuando los propios funcionarios del Cuerpo no se han sentido protegidos por la clase política. “Nunca se han preocupado en defendernos. Cuando han atentado contra nosotros y ha habido compañeros heridos y ha habido que ir a juicio no se han preocupado. En la mayoría de los casos lo primero que han hecho es intentar salvarse la Administración y echar la culpa a los policías. Ahora desde luego que no van a venir a intentar decirnos que esta ley es por nuestro bien, cuando lo que quieren es callar a la ciudadanía con multas y sanciones indiscriminadas”, critica González.
El SUP mantiene que el Gobierno quiere hacer una torcida utilización de los recursos policiales para conseguir que la gente termine por no salir a la calle ante el miedo a ser denunciados. “No tiene fundamento alguno. Desde que empezó la crisis ha habido miles de manifestaciones... ¿qué altercados ha habido?, ¿qué problemática? Han sido cuatro. ¿A qué viene este afán por controlas las manifestaciones? Aquí lo que vienen no es a frenar el problema de agresividad de las manifestaciones porque no lo hay, los ciudadanos se han comportado en el 99,9% de las veces maravillosamente, han protestado dentro de la legalidad y no han hecho ataques violentos salvo conatos. Si miramos la proporción de las miles de protestas con gente indignada que ha perdido sus casas y sus trabajos... ¿qué problemática hay? Lo que quieren en verdad es quitar a la gente de las calles a base de multas, cortar los derechos civiles”, denuncia el portavoz del sindicato en Ceuta.
“Que no se olvide el político que los policías tenemos muy claro que estamos para servir a los ciudadanos, no a los políticos. Si se les ha olvidado, que tengan muy claro que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía lo sabemos. Vamos a intentar que no se nos use de marionetas en contra de los ciudadanos”.
Las restricciones de la nueva ley, cuyo anteproyecto tiene el visto bueno del Consejo de Ministros, van orientadas directamente al castigo económico de todo aquel que, incluso, grabe a policías en manifestaciones. Este extremo ha sido motivo de queja unánime entre las asociaciones de prensa por cuanto significa el coartar el derecho de los medios de comunicación a plasmar el trabajo que desarrollan los agentes. Al tratarse de infracciones administrativas, el Gobierno puede imponerlas sin necesidad de que medie un juez, con cuantías que alcanzan los 60.000 euros.
El Sindicato Unificado de Policía considera extremas muchas de estas decisiones y defiende que los agentes no están para actuar de funcionarios cuya misión es blindar y proteger al político mientras que cargan contra los derechos de los ciudadanos. Si el objetivo último es machacar a las personas para evitar las protestas, el sindicato mayoritario en el Cuerpo advierte de que no apoyará este tipo de prácticas.
Punto de vista policial
Los policías serán obligados a actuar en concentraciones
Para el SUP lo que pretende realmente el Gobierno es protegerse ante las manifestaciones de los ciudadanos. Protegerse para evitar que haya más concentraciones y protestas ante los recortes que se están llevando a cabo en el país, los más relevantes de la historia de España. El sindicato recuerda que en el 99,9% de los casos no ha habido problemas graves en las concentraciones contestatarias al Gobierno.