El Gobierno socialista tiene previsto excluir su compromiso de acabar con las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, según diversos documentos a los que ha tenido acceso el diario El País.
El presidente Pedro Sánchez se desmarca así de la negociación del pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos en este punto de la ley de seguridad ciudadana cuya reforma comienza a negociarse mañana en la Comisión de Interior del Congreso.
El Ministerio del Interior pretende excluir este compromiso, al menos, hasta que se conozca el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el recurso presentado por España tras la condena por la expulsión de dos subsaharianos en 2014.
La Corte condenó a España el pasado octubre por la devolución en caliente a Marruecos de dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil, al considerar que violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas.
Este medio señala en su edición digital que Sánchez firmó el recurso ante el Tribunal Constitucional que calificaba de “arbitraria” esa medida al poner en peligro “la integridad física y moral” de los migrantes retornados.
Las tesis de los socialistas van más allá porque además han evidenciado la situación que se produce en las vallas sacando a colación lo ocurrido este verano en el perímetro de Ceuta que terminó con agentes de la Benemérita y subsaharianos heridos.
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