El Gobierno prepara el traslado de toda la documentación a Urbaser

{jaimage crop="TC" /}El Gobierno autonómico está ultimando el decreto que permitirá el traslado a la empresa Urbaser de toda la documentación que forma parte del expediente administrativo que se puso en marcha hace un par de semanas con la intención de incluir en el mismo tanto las peticiones pecuniarias realizadas por la empresa a la Ciudad Autónoma para la liquidación del contrato, como el informe del responsable de Patrimonio que indica que existen doce millones y medio de euros de más si se suman todas las certificaciones en el concepto de precio único de amortización de la maquinaria.
En el caso de las peticiones de Urbaser, que suman unos quince millones, el primero de esos bloques es una reclamación por trabajos efectuados durante un tiempo en los polígonos del Tarajal. Esa petición se cifra en tres millones de euros. Pues bien, la Ciudad no comparte este punto.
La segunda reclamación se centra en abono de los incrementos salariales que se produjeron por la modificación del convenio colectivo. También se contestará negativamente.
En el único apartado donde se puede reconocer no más de un tercio de lo que pide Urbaser en ese punto es en los intereses de demora por pagos de certificaciones a lo largo de la vida del contrato. Las fechas que aporta Urbaser no coinciden con los informes técnicos y será menos de ese tercio de lo que piden .
Y en el cuarto se quejan del dinero que se les ha detraído de las certificaciones ya cobradas por distintos motivos. Tampoco se les devolverá. Y es que ese dinero retirado viene por ejemplo de cuando los controladores informan que un servicio no se ha ejecutando bien y piden que se detraiga el dinero de la siguiente certificación que deban cobrar.
A partir del instante en que Urbaser reciba toda la documentación que le sea enviada por parte de la Ciudad Autónoma, tal y como ha declarado el mismo Guillermo Martínez en varias ocasiones, dispondrán de veintidós días para aportar todas las alegaciones que crean necesario.
Tanto para argumentar esos cuatro bloques donde por parte del Ejecutivo existe la voluntad palpable de que no van a pagar ni un euro más a la empresa, como desde luego, sobre los doce millones y medio de euros.
Al final, cuando Urbaser realice sus alegaciones pertinentes y las mismas sean analizadas por parte de los técnicos del Ayuntamiento es cuando se establecerán las oportunas conclusiones y se tomará una decisión desde el Gobierno autonómico, donde lo más probable es que el conflicto termine llegando hasta los tribunales de Justicia y por tanto la solución puede demorarse durante años.

Las razones

Polígonos
Trabajos en el Tarajal. En uno de los apartados, la antigua empresa formula su reclamación por unos trabajos que afirma haber desarrollado durante su contrato en los polígonos del Tarajal.    
Convenio
Compromiso. Señala la empresa que la Ciudad se comprometió a asumir de manera directa la subida que supuso una modificación del convenio colectivo tras una huelga, circunstancia que es negada por el Gobierno.
Demora
Intereses. Desde la antigua empresa se piden los intereses de demora por el retraso en el pago de algunas certificaciones. La Ciudad no reconoce ni un tercio del total que piden por este concepto.
Descuento
Dinero. Otro punto de fricción son las cantidades descontadas por las denuncias hechas por los controladores.

Prosigue el informe sobre las auditorías del Tribunal de Cuentas

Hace unos días anunciamos que el Gobierno autonómico había decidido encargar a los servicios técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos un informe exhaustivo sobre las diferentes auditorías que el Tribunal de Cuentas ha realizado a la Ciudad Autónoma desde que el presidente Vivas llegó al cargo en el mes de febrero del año 2001. Pues bien, en este punto ya se está trabajando claramente y el objetivo primordial cuando ese estudio sea puesto en conocimiento de la oposición y de la opinión pública en general es que las distintas derivaciones que en forma de expedientes ha puesto en marcha el Tribunal de Cuentas para analizar más detenidamente algunos asuntos que haya considerado espinosos, están ya archivados.
Y como botón de muestra nos encontramos por ejemplo que en el caso de la primera de las auditorías extraordinarias, que fue acordada por el pleno de la Asamblea, y por tanto también con el visto bueno del grupo parlamentario popular, de las casi sesenta causas que abrieron para una investigación más detenida, hoy en día nada más que quedan abiertas escasamente seis o siete como mucho.
Se debe recordar que la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene una auditoría anual como le ocurre a todas las administraciones públicas y que aparte, por propio acuerdo de su pleno, ha solicitado contar con dos extraordinarias, efectuadas en los primeros años del mandato del propio presidente ceutí.