El Gobierno pedirá en torno a los cien millones para pagar a los proveedores

Todavía no se conoce la cifra exacta, porque los distintos departamentos económicos de la Ciudad Autónoma están trabajando a destajo para poner encima de la mesa una cifra definitiva que permita cerrar la petición del Gobierno de Juan Vivas a la Administración General del Estado dentro del propio plan de pago a los proveedores que, casualmente, ayer fue presentado de manera oficial por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pues bien, aunque la cifra no está cerrada debe tenerse en cuenta que la misma puede rondar al final los cien millones de euros, dieciséis mil millones de las antiguas pesetas y que supone, más o menos, en comparaciones numéricas, más de un tercio del actual presupuesto estatal.
Lo cierto es que ese trabajo a destajo se debe a dos razones primordiales. En primer lugar, porque el jueves día quince es el último permitido para que los Ayuntamientos y las autonomías puedan enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática, la totalidad de sus facturas pendientes de pago. Y antes, como es lógico, porque el presidente Vivas quiere tener encima de la mesa la cifra definitiva para conocer todos los datos antes de dar su visto bueno.

Cifras para hoy
Por ello, lo más probable es que para hoy por la tarde o el miércoles por la mañana se conozca ya una cifra más o menos exacta, que, desde luego, rondará el global que antes hemos publicado de cien millones de euros.
Igualmente, a partir de este dato también se establecerá unas líneas maestras de evolución presupuestaria para los próximos años, porque no podemos olvidar que el mismo presidente Vivas anunció que el equipo de gobierno estaba trabajando en un Plan de Sostenibilidad a ocho años vista que  también está muy relacionado con este plan de pago a proveedores que se abonará en diez años concretamente.

Inclusión
Por supuesto que, en un principio, el equipo de gobierno tenía previsto incluir en este plan solamente el dinero que se le debían a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad y que se suponía no iba a superar los ocho millones de euros, tal y como publicó este diario hace ya unas semanas.
Sin embargo, a medida que el Gobierno central ha ido perfilando todos los flecos de este plan extraordinario se han ido abriendo algunas puertas que, desde luego, serán aprovechadas por el ejecutivo presidido por Juan Vivas. Así, se ha decidido incluir, a modo de empleo, la totalidad del coste del Plan Aparca y del campus universitario, es decir, unos cincuenta millones de euros.
Estas dos inversiones, en la práctica, son el cincuenta por ciento de la petición que realizará el Gobierno ceutí al Estado. Tengamos en cuenta que estas obras que se proyectaron en un Consejo de Gobierno en el mes de julio de 2008.
Las mismas se han realizado de acuerdo con el método alemán, según el cual, las empresas adjudicatarias, que en ambos casos fue una UTE formalizada por empresas radicadas en nuestra ciudad, son quienes realizan todo el desembolso y luego, a la finalización de la misma, la Ciudad Autónoma tenía previsto el abono en varias anualidades.
Por ejemplo, para este ejercicio de 2012 estaba previsto el primer plazo del Plan Aparca, cuya obra finalizó en marzo del año pasado, por un valor aproximado de siete millones de euros.
La posibilidad abierta de incluir estas obras de infraestructuras en este plan extraordinario del Gobierno de la Nación supone una puerta a la tranquilidad para el mismo ejecutivo, puesto que aunque estaba diseñado en sus planes presupuestarios, responder con fondos propios en cada una de estas obras, si se plantean otros campos abiertos como éste, es un verdadero balón de oxígeno para la administración autonómica y un respaldo para las mismas arcas de la Ciudad.
No hay que olvidar que el mismo presidente Vivas, la semana pasada, felicitó al Gobierno de la Nación por la puesta en marcha de un plan de estas características para autonomías y Ayuntamientos.

Otro plazo de quince días para presentar un plan de viabilidad

El próximo jueves finaliza el primer plazo dado por el Gobierno central a los diferentes Ayuntamientos. Es decir, la fecha tope para que en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esté la documentación completa del dinero que cada uno de los más de ocho mil Ayuntamientos que hay en España debe a sus respectivos proveedores. A partir de ahí, del cumplimiento del primer plazo, luego hay otros quince, cuyo última fecha es el treinta y uno de marzo, para que cada uno de esos Ayuntamiento también ejecute un plan de viabilidad presupuestaria, de manera que expliquen como harán frente al pago de la deuda en los diez años, de manera que sea completamente factible esa posibilidad.
Luego durante todo el mes de abril, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará un análisis de las peticiones para ver que las mismas cuadran perfectamente y que los Ayuntamientos tienen capacidad para devolver las cantidades que han solicitado oportunamente por vía telemática a Madrid.

En marcha el mecanismo

El Gobierno ha autorizado un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Competitividad por valor de 1.500 millones de euros, que servirán para poner en marcha el fondo creado para pagar a los proveedores con deudas pendientes con la administración. Según el decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fondo se “dota con una aportación por un importe de hasta 6.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de los que 1.500 millones serán desembolsables en 2012”. Según establece la norma, este crédito extraordinario se financiará a través de deuda pública.
Además, para cumplir sus funciones, tiene permiso para “captar financiación en los mercados de capitales nacionales y extranjeros mediante, entre otros, la emisión de valores, la concertación de préstamos y la apertura de créditos, así como cualquier otra operación de endeudamiento”. Si las realiza, el saldo de la deuda pública aumentaría más.
Según el mecanismo, el proveedor podrá cobrar directamente la factura pendiente en el banco y, a cambio, la administración deudora contraerá un nuevo crédito por dicho importe. El préstamo tendrá un plazo de devolución de diez años, incluidos dos de carencia, y un interés en torno al 5 por 100. En caso de incumplimiento en el pago del crédito, el Gobierno tendrá la posibilidad de retener fondos que tenía que traspasar.
Además, en el caso de las entidades locales, deberán presentar un plan de ajuste, que debe recibir luz verde del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, deberán remitir anualmente un análisis del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste. En caso de incumplimiento, se podrán retener los fondos que el Estado debe traspasar.
Según los cálculos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las primeras facturas se comenzarán a pagar el próximo 2 de mayo.