Frente a los debates que piden unos y los discursos que hacen otros, el Gobierno hace frente a la corrupción con hechos: Ha llevado a trámite la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como antídoto contra la corrupción. Supone un primer paso esencial, porque para perseguir los delitos de corrupción primero hay que conocer su foco de origen. Con este propósito, a partir de la aprobación de esta ley se publicarán de la “A a la Z” todas las subvenciones y contratos de la Administración Pública.
Por primera vez, se ha elevado a rango de ley los principios de Buen Gobierno, que incluyen sanciones a cargos públicos si se incumplen. Con esta medida, un cargo público que incumpla estos principios podrá ser inhabilitado temporalmente de su cargo.
Ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos, que se había eliminado en 2010 con el Gobierno socialista al frente.
Ha modificado la ley de financiación de partidos para que sus cuentas sean más transparentes: Ya no se admiten donaciones de más de 50.000 euros, deben publicar sus cuentas una vez pasen por el Tribunal de Cuentas, no se pueden condonar deudas por más de 100.000 euros y el Tribunal de Cuentas puede sancionar a partidos por gastos electorales.
Ha introducido medidas en el Código Penal contra el falseamiento y ocultación de cuentas públicas.
Ha iniciado el Pacto Anticorrupción, que ya solicitó desde la oposición.
El Gobierno está en diálogo con todas las formaciones para poner en marcha um Pacto Anticorrupción con el mayor consenso posible. En esta línea, el Gobierno ha encargado un informe al Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, que servirá de base para el acuerdo entre todos.
Aprobó una regularización fiscal como medida extraordinaria en un momento extraordinario.
Surgió de la necesidad de corregir un agujero del 3% del Producto Interior Bruto en las cuentas del Gobierno del PSOE, que este Gobierno afloró. La regularización no es opaca: La Agencia Tributaria tiene todos los datos de las personas que se han acogido a la regularización fiscal, a diferencia de las amnistías del PSOE, que no sólo eran opacas, sino que pagaban intereses. La regularización es perfectamente compatible con la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
España no es el único país que ha hecho una regularización fiscal: Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Canadá o Australia.
No es una medida aislada: Va acompañada de un intensificación de la lucha contra el fraude fiscal que ha permitido recaudar más de 11.500 millones de euros, al margen de la Declaración Tributaria Especial.
Soraya Sáenz de Santamaría: “La corrupción no entiende de colores, nos afecta a todos los partidos por igual”.
“Para reprender al Gobierno en materia de corrupción hay que estar libre de falta, por lo que el Partido Socialista no está en condiciones de hacerlo”.
El objetivo del Gobierno es encontrar el mayor consenso posible entre todas las formaciones políticas para acabar con un problema que afecta a todos.