El Gobierno hará una análisis global de directores y subdirectores generales

{jaimage crop="ML" /}El Gobierno tiene prevista una remodelación de todos los cargos de segundo escalón que ahora mismo están pendientes de sentencias judiciales. Estamos hablando por un lado del caso de un director general que no es funcionario, como es el de José Diestro, a quien ya le han confirmado la sentencia de que su nombramiento no se ajusta a derecho según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y luego los subdirectores generales como son el caso de Carolina Pérez, Manuel Coronado, Salvador Jaramillo, Adelaida Alvarez, entre otros.
Hemos de recordar que la UGT presentó varias demandas por estos nombramientos que, hasta ahora, los ha ganado en primer instancia, salvo el de Diestro que ya no tiene posibilidad de más recursos.
Pues bien, aprovechando la sentencia que se ha conocido del TSJA donde se declara nulo el nombramiento de José Diestro al entenderse que es un trabajo que debe ser desarrollado por personal funcionario, la consejera de Presidencia y Gobernación anunció que el Gobierno de Juan Vivas reflexionará sobre el particular y pudiendo ocurrir que las sentencias sobre los subdirectores generales que están recurridas vengan en el mismo sentido, pues harán un planteamiento global.
Se vino a deducir que estos cargos permanecerán en el organigrama municipal de alguna manera, ya que el propio presidente Vivas ha asegurado en varias ocasiones que ya no se puede reducir a menos el número de colaboradores directos. Pero la misma Bel insinuó que aunque la decisión fuera la reubicación, según se planteara una u otra tenían salidas distintas.
En relación a la propia sentencia de José Diestro quiso, en nombre del Gobierno, hacer un reconocimiento especial al trabajo que ha venido desarrollando y certificar que se han cumplido los objetivos que se le marcaron. De todas maneras, vino a señalar que la sentencia reconoce de manera clara la capacidad de autoorganización que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Además, el segundo de los razonamientos que para el ejecutivo tiene la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que los directores generales que no sean funcionarios no pueden desarrollar trabajos destinados a los mismos.