El Gobierno gobierna

La lucha contra la corrupción debe servir para fortalecer las instituciones y no como coartada para desestabilizarlas. El Gobierno gobierna y está decidido a garantizar ante el mundo la estabilidad de la situación política en España. Las iniciativas que, desde el primer momento, ha tomado el Gobierno para reforzar el control preventivo de la corrupción sobre personas e instituciones, en una línea de exigencia máxima. Entre estas iniciativas ha citado la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, la reducción de las subvenciones anuales a los partidos y a las fundaciones vinculadas a ellos, así como la prohibición de que los partidos políticos acepten donaciones procedentes de quienes reciban subvenciones de las Administraciones Públicas. La Ley de Transparencia de la democracia española formará parte de nuestro Ordenamiento Jurídico antes de que acabe el año.    
En el próximo mes de septiembre el Partido Popular presentara, a través de media docena de textos legales, un auténtico Plan Nacional de Regeneración Democrática, que desean que alcance el mayor nivel de consenso en la Cámara. El plan incluirá, una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Contratos del Sector Público, una Ley Reguladora de las Funciones Políticas, una reforma del Código Penal y otra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.         
En respuesta a los grupos parlamentarios, el Gobierno ha aclarado que no va a dimitir de las responsabilidades que, por amplia mayoría, le encomendaron los españoles en las últimas elecciones legislativas.        
Los dos valores más importantes de la política española en estos momentos son su programa de reformas y su estabilidad. El Gobierno gobierna y está decidido a garantizar ante el mundo la estabilidad de la situación política en España. El Gobierno no modificará el rumbo de reformas que han programado para salir cuanto antes del estancamiento y estimular la creación de empleo.
Los datos apuntan a que la economía española, aunque no esté bien, va mejor y que estamos a punto de salir de la recesión. Para que esta situación se mantenga y avance es necesaria la estabilidad que ofrece un Gobierno que ha trazado una hoja de ruta que combina austeridad y reformas  y tiene el respaldo parlamentario preciso para llevarlas a cabo. La situación económica mejora, pero es todavía demasiado delicada como para jugar con ella.
Se trata de una reforma promunicipalista que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen. La reforma de la Administración local tiene como objetivo evitar duplicidades y ahorrar costes a los ciudadanos, en cinco claves. Ahorro, bajo el principio “una administración, una competencia”: se incentivará la fusión de municipios para evitar la dispersión administrativa. Ahorro, estimado de 8.000 millones entre 2013 y 2015: entre otras medidas. Se limitan los sueldos de los cargos políticos. Sostenibilidad, la reforma incorpora el concepto de coste de los servicios que permitirá asignar las competencias para la prestación de los servicios a la administración que resulte más eficaz. Transparencia: los ayuntamientos estarán obligados a publicar lo que cuesta cada servicio público. Coordinación: se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, que podrán coordinar y asumir determinados servicios si lo pueden realizar en mejores condiciones y a costes más bajos.