Lamenta que, con su postura, la oposición defienda que Ceuta solo es un ayuntamiento común
El Gobierno de la Ciudad, ante las manifestaciones vertidas por los grupos de la oposición pidiendo la destitución de los consejeros no electos Javier Celaya y Kissy Chandiramani, ha anunciado en un comunicado oficial que elevará este asunto al Tribunal Supremo para clarificar así la postura más adecuada.
“El Gobierno seguirá defendiendo la posibilidad de nombrar miembros del mismo que no tengan la condición de diputados. Esta defensa está basada en el Reglamento de la Asamblea; en un pronunciamiento del Consejo de Estado de julio de 2016, que trata de manera expresa y clara el asunto; y en el asesoramiento recibido por parte de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, todo ello al amparo de lo recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, advierte el Ejecutivo, después de conocerse esta semana el fallo del TSJA que da la razón a UGT sobre su denuncia por nombramientos de no electos, que se centró en el caso de la viceconsejera Adelaida Álvarez.
“Esta defensa”, puntualiza la Ciudad, “no significa que el Gobierno de la Ciudad no acate y respete las sentencias judiciales. Las acata y respeta siempre, y este caso no constituye una excepción por dos razones. La primera es que, en relación con el mismo asunto, existen pronunciamientos judiciales de distinto signo. La segunda, que la sentencia que ha suscitado las manifestaciones de los grupos de la oposición no se refiere a los dos consejeros no electos, sino que hace referencia al nombramiento específico de Álvarez que ya no ejerce como tal. De hecho, el Gobierno de la Ciudad no tiene viceconsejeros”, insiste.
El Gobierno considera que la posición adoptada por los grupos de la oposición “marca una clara diferencia entre las formaciones que defienden que Ceuta es nada más que un ayuntamiento de régimen común y quienes, como es el caso del Gobierno de la Ciudad y del grupo que lo sustenta, el Partido Popular, defendemos que Ceuta es, al mismo tiempo, una entidad local y autonómica y que, por serlo, tiene competencias que no tienen los ayuntamientos; participa en órganos del Estado donde no están las entidades locales, como son la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los Consejos Sectoriales; y recibe recursos del sistema de financiación autonómica”, reseña.
“Este Gobierno defenderá el estatus de Ceuta ante todas las instancias competentes, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, en beneficio de los ceutíes y de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de Melilla”, finaliza.