El Gobierno ceutí rechaza las prácticas de las navieras por las subidas “desproporcionadas”

El Gobierno de la Ciudad ha mostrado públicamente su desaprobación de la política de precios de las navieras que operan en la línea del Estrecho después de que las compañías hayan suprimido las ofertas e incrementado sus tarifas desde hace una semana, coincidiendo con el puente de San Antonio y el inicio de la Operación Paso del Estrecho. Para el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, se trata de una subida de las tarifas “desproporcionada, abusiva e injusta” que ya está siendo analizado por los servicios jurídicos de la Ciudad de cara a la posible interposición de una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia por una supuesta práctica prohibida, que sería la tercera en los últimos cinco años. Fue la vicepresidenta primera de la Asamblea, competente en la materia de transportes, Adela Nieto, la que solicitó hace unos días la realización de la apertura del citado expediente.

Indicios
En opinión del Gobierno existen "todos los indicios" de que se ha producido un acuerdo tácito entre las compañías, ya que las navieras han coincidido en la eliminación de las ofertas y el incremento de los precios, que en el caso de dos de ellas son similares, lo que podría suponer una vulneración de la competencia.
El Gobierno de la Ciudad ya utilizó este argumento hace cinco años, en 2008, cuando coincidiendo con la celebración de la Semana Santa las cuatro compañías que entonces operaban en la línea con Algeciras también subieron sus precios simultáneamente. La denuncia fue estimada por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, que concluyó que las empresas se habían “extralimitado” en sus comunicaciones hasta “acordar tarifas de intercambio idénticas en numerosas ocasiones” entre febrero de 2008 y abril de 2010. Por ello, les impuso una multa a cada uno de ellas que sumó un importe de 16,3 millones de euros.
En 2011, el Gobierno de nuestra ciudad interpuso otra denuncia ante el Tribunal de la Competencia, por lo que en el caso de que los servicios jurídicos vean indicios de que se ha producido una práctica prohibida por la legislación se trataría de la tercera denuncia desde 2008.