El Gobierno abre el abanico para que Educación construya más centros escolares

La propuesta que el Gobierno de la Ciudad presentará el próximo viernes a los partidos políticos que conforman el pleno de la Asamblea establece en su parte dispositiva que el ejecutivo no quiere cejar en su empeño de colaboración para hacer posible que se comiencen en nuestra ciudad en el año 2011 los equipamientos de centros escolares y el Palacio de Justicia.

Ya manifiestan que no se disponen de las parcelas necesarias para poder hacer el esfuerzo de cesión de suelo que estaría dispuesto a realizar, ni poder hacer frente en un ejercicio presupuestario particularmente complicado para llevar a cabo más operaciones financiera de elevada cuantía destinadas a la adquisición de suelo.
El primero de los acuerdos sería reiterar a los Ministerio de Justicia y de Educación el compromiso de la Ciudad Autónoma de seguir colaborando, hasta el límites de sus posibilidades, en la habilitación de suelo que se precise para la construcción, por los indicados departamentos de un nuevo Palacio de Justicia y de nuevos centros escolares, respectivamente.
Concretando en las propuestas se buscaría proponer al Ministerio de Defensa, desarrollando el protocolo que se suscribió con el mismo, la formalización de un convenio en virtud del cual la Ciudad de Ceuta solamente adquiriría los terrenos estrictamente necesarios para la construcción de los equipamientos, previa la realización de las actuaciones de segregación registral que, en su caso, resultaran pertinentes.
Pero hay dos condiciones que cumplirse: que el precio de la transmisión se tase teniendo en cuenta el uso dotacional para el servicio público de los terrenos afectados y que por los Ministerios de Justicia y Educación se asuma el compromiso formal de construir los respectivos equipamientos en un plazo determinado.

Anunciado
Hasta aquí todo lo que se había anunciado por parte del presidente de la Ciudad, pero se quiere ir más lejos y existen más propuestas encima de la mesa.
Sobre los centros escolares, un tema que preocupa y mucho al Gobierno del presidente Vivas, se quiere la agilización de los trámites para la cesión efectiva de la parcela sita en Loma Colmenar de conformidad con los acuerdos adoptados al respecto por el pleno de la Asamblea.
Sin embargo, al Ministerio de Educación le plantean encima de la mesa dos nuevas opciones: la formalización de un convenio entre el Ministerio de Educación, la Ciudad de Ceuta y la Universidad de Granada donde se acordaría la permuta entre la Ciudad y la UGR de la propiedad de los inmuebles donde actualmente se localiza la Facultad de Educación y Humanidades y el que esta misma Facultad está previsto ocupe en el futuro campus universitario, de conformidad con la normativa que al respecto resulte de aplicación y una vez finalizadas las obras de rehabilitación del antiguo acuartelamiento Teniente Ruiz. Y luego la cesión por la Ciudad al Ministerio de Educación del citado inmueble al objeto de que pueda ser destinado a centro escolar de enseñanza obligatoria.
Y la segunda posibilidad es la cesión al Ministerio de Educación de la parcela aledaña a la barriada Varela-Valiño y Solís.

Dificultad
Por último, se indica que visto lo visto, es decir, la dificultad financiera por la que atraviesan las distintas administraciones públicas, ponen de manifiesto a estos departamentos ministeriales la necesidad de estudiar y posibilitar, por la vía que sea necesaria, la realización de operaciones de mutaciones demaniales o cesiones gratuitas de suelo entre el Ministerio de Defensa, el mayor titular de suelo en Ceuta) y otros órganos de la Administración General del Estado destinados a dotar del suelo que se precise para la construcción de instalaciones y equipamientos relacionados con la cobertura de servicios públicos fundamentales.
Indicar, por otro lado, que de manera definitiva, la sesión plenaria tendrá lugar este viernes por la mañana, ya que hay prisas para que los grupos parlamentarios puedan presentar las correspondientes alegaciones a los presupuestos generales del Estado en su trámite en la Cámara Baja.
En un principio, se pensaba convocar una junta de portavoces, pero a última hora a los grupos de la oposición se les ha dicho que una vez que lo estudien se pongan en contacto con el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, que será el proponente de la misma.

UDCE: “No vamos a participar en este paripé”

La UDCE lo tiene claro. No acudirán al pleno del próximo viernes si éste “sólo sirve para hacer el paripé”. Hasta el momento esa es la postura que ayer hizo pública Mohamed Alí que lamentó no se haya convocado una junta de portavoces para abordar este asunto. Alí indicó a los medios que si el pleno del viernes se convierte en un “pulso entre PP y PSOE” su partido no acudirá para que “se monte un espectáculo”. Considera Alí que para saber que hace falta suelo para construir un colegio no hace falta organizar un pleno. “Que no nos tomen el pelo, que no busquen excusas cuando los perjudicados somos los ciudadanos”, indicó. Ironiza Alí sobre las relaciones entre el presidente Vivas y el delegado del Gobierno Chacón, al considerar que no serán tan buenas cuando hace falta un pleno extraordinario para buscar la manera de cumplir con los trámites y liberar suelo para los futuros centros escolares.

El Gobierno defenderá su colaboración institucional

En el preámbulo de la moción se hace una relación de toda la colaboración que la Ciudad Autónoma ha prestado a la Administración General del Estado en materia de cesión de suelo.
De entrada ya especifican que la directriz de la colaboración entre administraciones públicas ha sido una de sus prioridades, entendiendo que es un mandato de la Carta Magna.
Señalan que ese mandato constitucional no se transcribe en obligación legal alguna en la legislación sectorial, “tan sólo encuentra en la jurisprudencia un mandato de colaboración a los efectos de redundar en las políticas de impulso a la vivienda protegida en la Ley del Suelo y a la cooperación con las administraciones educativas en la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006.
Se entiende, por parte del Gobierno ceutí de que una mayor presencia del Estado en Ceuta, un mayor número de equipamientos públicos y una mejora calidad de los mismos redundan en beneficio de la colectividad en general.
Así la colaboración se ha concretado llevando a cabo las operaciones urbanísticas legales para habilitar las calificaciones de suelo necesarias en cada caso al efecto de la construcción de nuevos equipamientos, efectuando cesiones gratuitas de parcelas que formaban parte del Patrimonio Municipal de Suelo sin contrapartida alguna, suscribiendo operaciones financieras para poder afrontar la adquisición de suelo residencial para el impulso de nuevas promociones de vivienda protegida y adquiriendo directamente suelo dotacional para su cesión a los organismos del Estado responsables de políticas sociales.
Especificando nos encontramos con las operaciones urbanísticas de desarrollo en Loma Colmenar que han permitido la construcción del nuevo hospital, las promociones de viviendas por SEPES o la cesión de suelo para construir un equipamiento educativo. La compra del solar del Santo Angel para que el Imserso construyera un centro para personas discapacitadas, la malograda operación urbanística de compra del cine Africa para el Palacio de Justicia, la adquisición de la parcela de Ybarrola luego cedida para la futura Jefatura Superior, entre otras.
Luego, el acuerdo con la GIED para adquirir el solar del Brull para nuevas promociones de viviendas o el protocolo con Defensa para adquirir acuartelamientos militares, todo ello acompasando a las posibilidades financieras de la Ciudad y al planteamientos del Ministerio en cuanto al reagrupamiento de unidades militares en la futura nueva Base Única.
Por último, se indica que en los PGE 2011 no se incluye ninguna nueva inversión en equipamientos educativos, así como cantidades para el Palacio de Justicia. A partir  de ahí, el Gobierno considera que son equipamientos imprescindibles para hacer frente a las necesidades de calidad de la enseñanza y una correcta administración de la Administración de Justicia