El padrón de Ceuta podría estar hinchado en unas 3.000 personas. Esa es la cifra puesta encima de la mesa en las conversaciones mantenidas entre el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que esta misma semana anunciaban la reactivación del consejo de empadronamiento, que se encargará, precisamente, de controlar la bolsa de residentes reales y con derechos.
De los controles llevados a cabo por la Policía Local, a través de los agentes que integran el grupo que específicamente se dedica a estas tareas, se ha cursado ya casi 400 desempadronamientos, a lo que cabe sumar los 741 expedientes que, desde que se han recrudecido los controles, han sido denegados y que respondían a peticiones de empadronamiento que han sido comprobadas e investigadas verificándose que no cumplían con los requisitos.
El padrón se estaba convirtiendo en un trampolín directo a la obtención de determinadas ayudas basadas en el fraude. Se estaba siguiendo de hecho una deriva que iba a más, hasta el punto de que la mitad del incremento que ha experimentado el padrón en los últimos años es fraudulento. Así, del 10% estimado de aumento poblacional que se ha producido (habiendo pasado de 78.000 a 85.000 habitantes), la mitad se corresponde con ciudadanos que se empadronaron sin cumplir los requisitos. Hay otro dato más, el 65% de las solicitudes que se han rechazado previa investigación era cursada por ciudadanos marroquíes.
Ahora lo que se pretende es poner en marcha los mecanismos que ayuden a aflorar esas cifras, desempadronando ese montante de ciudadanos que estaría registrado como tal pero de forma fraudulenta.
Por parte de la Policía Local ya se ha señalado que van a llevar a cabo mil muestreos aleatorios, es decir, viviendas elegidas al azar, teniendo como base una serie de características, para investigar que lo es que está pasando. Pues bien, cuando el delegado del Gobierno anunciaba esta semana que también se iban a implicar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se refería a que, por ejemplo, la Guardia Civil y sus servicios de información (al margen de otras unidades que estimen los mandos) van a hacer un rastreo sobre las viviendas ilegales que estarían sirviendo para el registro de ciudadanos. González Pérez lo dijo bien claro: se va a ir contra la persona que se dedica a facilitar estos empadronamientos, utilizando su vivienda para tener a varios ciudadanos allí registrados sin que realmente vivan. La Benemérita trabajará sobre un grupo de estas viviendas y además acudirá con la Policía Local a aquellas zonas en las que sea más compleja la revisión de inmuebles al estar situadas en lugares de conflicto. Sobre la mesa hay casi 300 viviendas en las que hay un volumen de empadronamientos que supera las dimensiones de la propia casa.
Viviendas con trabajadores ilegales
Los controles que se les va a encomendar a las fuerzas de seguridad no se centran sólo en la inspección pura y dura del padrón. También se están teniendo en cuenta viviendas en las que puedan estar residiendo trabajadores ilegales que son los que, después, llevarían a cabo labores en distintos puntos de la ciudad ajenos a cualquier tipo de control. Se sabe de la existencia de otros pisos patera en donde duermen marroquíes que luego se dedican, entre semana, a trabajar al margen de la ley en determinados lugares de la ciudad o, sencillamente, a engrosar la ‘cola del paro’ oficiosa que se organiza todos los días en Hadú. Además de la revisión de distintas casas en las que se sospeche que hay un volumen de empadronados que no cuadra con sus dimensiones, se va a tener en cuenta los puntos que sirven para ocultar la mano de obra ilegal.