El fracaso separatista

SFracaso “excepcional” de la apuesta separatista de Artur Mas. Los catalanes rechazan el programa de CiU para separar Cataluña de España. La petición de Artur Mas de una mayoría excepcional recibe el rechazo de su propio electorado, perdiendo 12 escaños.
Con casi un 70% de participación, los catalanes se vuelcan de forma histórica en unas elecciones planteadas por Mas como un plebiscito. Estas elecciones han movilizado la participación ciudadana más que nunca en la historia de Cataluña.
Los catalanes rechazan la ambigüedad del Partido Socialista Obrero Español que obtiene los peores resultados de su historia en Cataluña. Los socialistas pierde 8 escaños respecto al 2010. El Partido Socialista Obrero Español de Rubalcaba sigue su racha imparable de perder elecciones: generales, andaluzas, gallegas, vascas y ahora las catalanas.
El fracaso de Artur Mas pone de manifiesto que el adelanto de elecciones no era necesario para nadie. La meta de Artur Mas era conseguir mayoría absoluta para poner en marcha su programa separatista. Artur Mas ha perjudicado a todos los catalanes convocando unas elecciones en vez de luchando contra la crisis. El líder de CiU ha dividido a la sociedad catalana y ha crispado a toda la sociedad española, recibiendo el rechazo en las urnas.
Los ciudadanos dan al Partido Popular el mejor resultado de su historia en Cataluña. El Partido Popular consigue el apoyo de más de 460.000 catalanes, casi 100.000 más y aumenta su representación en el Parlament con 19 escaños. Los catalanes y catalanas aumentan su apoyo por el Partido Popular en las cuatro provincias catalanas. En Barcelona sube casi 0,5 puntos, en Tarragona 2 puntos, donde se consolida como segunda fuerza y en Lérida y en Girona 1 punto.
Los ciudadanos de Cataluña han aumentado su confianza en el Partido Popular y en las políticas que lleva a cabo para combatir la crisis económica.
El plan de lucha contra el fraude avanza para garantizar los derechos de los ciudadanos. El fraude laboral y fiscal merma los derechos de los trabajadores, pone en riesgo la sostenibilidad de las pensiones e induce a la competencia desleal. En un momento de crisis tenemos que cuidar al máximo los recursos públicos y la garantía para que los ciudadanos reciban los servicios públicos fundamentales es que todos cumplamos con nuestras obligaciones.
El plan de lucha contra el empleo irregular anula 20.051 contratos falsos hasta octubre y ha detectado 1.174 empresas ficticias. Se han realizado el doble de inspecciones: 16.254, frente a las 8.931 de 2011. Han aumentado en un 50% la detección de cobro irregular de prestaciones.
El éxito del plan ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de todas las Administraciones en esta lucha.
Entra en vigor la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros, previsto en el plan de lucha contra el fraude fiscal.
Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo.
La reforma de la Justicia garantiza la asistencia gratuita a los ciudadanos que menos tienen. La recaudación de las tasas judiciales tiene el objetivo de garantizar que los ciudadanos con menos recursos sigan teniendo acceso a la Justicia gratuita. El sistema de tasas judiciales se aplica a los ciudadanos con más recursos y, sobre todo, en la segunda instancia, para evitar abusos. El 90% de los recursos de casación confirman la primera sentencia y en los recursos de apelación alcanza el 75% de los casos. La tasas se aplicarán en primera instancia en lo Civil, en lo Contencioso-Administrativo; en lo Social solo cuando se recurra. Se reembolsarán si los tribunales dan la razón a quien inició el procedimiento. Quedan exentos de pagar las tasas
Los ciudadanos que realmente no tienen recursos, para que el derecho de acceso a la Justicia no se vulnere por motivos económicos. La propuesta de esta reforma es elevar el umbral de beneficiarios a quienes cobren menos de 2,5 veces el IPREM: 15.975 euros. Los procesos penales, que representan el 72% del total: donde se incluyen los casos por violencia de género. La primera instancia del orden social: En segunda instancia, si quien recurre es el trabajador, la cuantía de la tasa se reduce un 60%.
La protección de derechos fundamentales. En lo civil, los juicios monitorios y los verbales inferiores a 2.000 euros.