Fueron detenidos en 2003 por Asuntos Internos de la Benemérita al estar supuestamente relacionados con una trama que permitía el pase de vehículos y personas por la frontera a cambio de dinero o especies.
Siete años después de que media docena de agentes de la Guardia Civil fuera detenida por Asuntos Internos de este Cuerpo y acusada de ‘poner la mano’ en la frontera a cambio de permitir el paso de vehículos y personas, el Ministerio Fiscal ha hecho pública su calificación en base a la cual solicita penas de hasta 4 años de cárcel para cada uno de los agentes además de otros nueve de inhabilitación. Es el punto y final a un caso que durante todo este tiempo ha permanecido bloqueado en el juzgado de instrucción número 4 y que ahora, años después, ve la luz al solicitarse la apertura del juicio oral concentrándose las actuaciones en el juzgado de instrucción número 1.
Todo apunta, según han informado fuentes judiciales consultadas por ‘El Faro’, a que será a finales de este mismo año o, como muy tarde, a principios de 2011 cuando la sala de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta celebre la vista oral. Ahora, las defensas de los seis agentes que se sentarán en el banquillo de los acusados, junto a tres marroquíes imputados por ser sus presuntos colaboradores, preparan sus escritos y alegatos defendiendo la inocencia de los implicados.
La historia que ahora cobra actualidad se remonta al año 2003. Fue en esa época cuando la Benemérita decidió investigar los presuntos comportamientos irregulares que se estaban desarrollando en la frontera del Tarajal y que presuntamente eran protagonizados por agentes del Cuerpo y un trío de civiles. Según informaciones oficiosas que habían llegado a conocimiento de la Guardia Civil, los seis acusados habrían constituido una trama para, de mutuo acuerdo, dedicarse a cobrar pequeñas cantidades de dinero o especies por dejar pasar vehículos o personas por el paso fronterizo, en donde prestaban servicio, a pesar de que éstos no cumplían con la legalidad para ello. Al objeto de validar estas informaciones y previa autorización judicial practicaron cuantiosas escuchas telefónicas, grabaron videos y efectuaron seguimientos a los sospechosos. Aquello dio lugar a la detención, a finales de 2003, de estos seis guardias civiles más un séptimo que no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al haber quedado sobreseida su causa debido a que ya fue condenado por estos hechos por la Audiencia, ratificándose dicho fallo después por el Tribunal Supremo.
Para el Ministerio Fiscal no cabe duda alguna de la implicación de los agentes en este comportamiento delictivo, habiendo contado, presuntamente, con la colaboración de tres marroquíes que cooperaban a la hora de captar a los ciudadanos que entraban en Ceuta desde Marruecos para orientarles los cobros que debían hacer a los guardias para poder circular sin problemas.
Entiende el Ministerio Público que los imputados tenían conocimiento de su ilegal comportamiento, de ahí que se solicite una pena de cuatro años de prisión y otros nueve de inhabilitación además de multa de 1.200 euros. Todo ello al ser dichas actuaciones constitutivas de un presunto delito de cohecho (delito que comete un funcionario que dictamina de cierta manera a cambio de sobornos) y otro de prevaricación continuada (delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable,a las obligaciones y deberes de su cargo).
Las defensas trabajan ya en la elaboración de sus escritos que deberán presentarse ante el juez en menos de dos semanas. El órgano competente para juzgar los hechos, la Audiencia, deberá señalar el juicio para los próximos meses.
Todos los agentes imputados en la causa permanecieron al menos dos meses en situación de prisión preventiva y ahora continúan prestando servicio en el Cuerpo a la espera de que se produzca una resolución judicial. La detención de todos estos agentes dio lugar a una de las operaciones más relevantes de las ejecutadas por el Instituto Armado en sus propias filas. Tras varios meses de investigaciones, de las que informó en varias ediciones ‘El Faro’, se perpetró esta operación que se saldó con el arresto del sargento F.C.G. y los cabos adscritos, todos ellos, a la Compañía Fiscal de Ceuta y destinados en el paso fronterizo del Tarajal, los llamados J.M.L.G.; F.J.S.G.; J.D.G.; J.E.G.y P.L.M. Se procedería además a la detención de los marroquíes M.K.M., D.M. y N.A.A.
Sobre los agentes pesaban acusaciones de cobros insignificantes pero continuados e irregulares, ya que según las indagaciones hechas por la Benemérita se hacían con pequeñas cantidades de dinero -20, 40 ó 50 euros- o mercancía -un kilo de tomates o patatas- por permitir el paso de ciudadanos marroquíes reflejando después en las papeletas de servicio que no se había registrado novedad alguna en sus guardias.
Las escuchas telefónicas que practicaron los agentes de Asuntos Internos fueron cuantiosas y dieron lugar a la elaboración de más de dos tomos. Buena parte de las mismas serán escuchadas en el acto de juicio oral, ya que así lo van a solicitar las partes. Algunas de estas escuchas no son sobre los propios guardias sino sobre sus familias que nada más tener conocimiento de la detención de sus seres cercanos mantuvieron conversaciones telefónicas en las que aludían a esos cobros irregulares.
Las defensas harán valer la inocencia de sus patrocinados manteniendo similares fundamentos al objeto de preparar una acción conjunta ante la sala. Así también incidirán en el tiempo pasado -siete años- desde la detención de los acusados hasta la celebración del juicio aludiendo a las dilaciones indebidas como una forma de atenuante.
“Tanto va el cántaro a la fuente...”
Entre las escuchas practicadas figuran las efectuadas a teléfonos de familiares nada más producirse los arrestos.Las escuchas telefónicas que desarrolló Asuntos Internos se centraron no sólo durante los meses de investigación sino también en fechas posteriores a los arrestos. Las primeras sirvieron para conocer cómo existía un contacto permanente entre los agentes que fueron detenidos, tal y como se desprende de las transcripciones incluidas en los distintos tomos que conforman el sumario a los que ha tenido acceso este medio. Las segundas sirvieron para conocer el nerviosismo de algunos familiares de los arrestados que serán llamados a declarar para que expliquen sus apreciaciones. Algunas son muy significativas, así el padre de uno de los guardias detenidos asegura, tras conocer el arresto que “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y por miseria”. Otro de los familiares reconocería en una conversación que “mi hermano no está metido en cosas gordas no?, no, pero en las chiquititas sí, era la fruta o algo de eso”. En otras conversaciones un familiar habla con otro para comunicarle que han detenido a uno de los agentes y le señala “...con ésto qué ganaba él? Pues nada, le daban una bolsa de tomates pero de dinero, nada, a lo mejor yo te dejo pasar tres kilos de patatas y se quedaba con uno...”. En el resto de declaraciones se alude a los supuestos cobros de estos agentes, destacando que “...han puesto videos cogiendo la olla, los tenis...”. Asimismo en el grueso documental que incluye las transcripciones de todas las cintas se alude a los servicios que desarrollaban los agentes en el puesto fronterizo. Además se incluyen las manifestaciones de quienes denunciaron que para poder entrar en la ciudad autónoma debían llevar a cabo este tipo de abonos. Se trataba de personas que en algunos casos carecían de carné y en otros llevaban mercancía sin control sanitario alguno.
La audiencia y las escuchas, de nuevo
El órgano competente para juzgar este caso es la Audiencia Provincial que se enfrentará, de nuevo, a otro caso con escuchas telefónicas de por medio. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acogerá la celebración de este juicio en el que se pondrá de manifiesto la realización de cuantiosas escuchas telefónicas como principal prueba que motivó el desarrollo de esta operación. Las defensas intentarán invalidarlas amparándose en las últimas sentencias dictadas por el máximo órgano judicial en la ciudad que se han saldado con fallos absolutorios sobre los imputados. Todo ello al considerar que la obtención de estas pruebas no es válida al prevalecer el derecho constitucional de los acusados. La polémica suscitada a raíz de la absolución de todos los detenidos en la ‘Operación Transpor’ -imputados por narcotráfico- sigue candente, aunque el malestar existente por ello entre las fuerzas de seguridad no hace variar el criterio de los jueces que insisten en la necesidad de buscar otras vías para conseguir la condena de los imputados. Unas vías que deben ir más allá de la realización de pinchazos telefónicos.
En el caso de marras, si bien las escuchas telefónicas fundamentan buena parte de la investigación, existen otras acciones policiales tales como la grabación de videos en las que aparecen los agentes en el paso fronterizo -que se visionarán, de hecho, en el juicio- o el reconocimiento que algunas personas (víctimas de estos cobros) realizaron de los agentes detallando los pagos llevados a cabo. Se efectuaron además reconocimientos en ruedas desarrolladas con la participación de varios agentes de la Benemérita y se tienen localizados a los marroquíes que confirmaron en las declaraciones que habían efectuado pagos a determinados agentes para que les dejaran cruzar por la frontera bien con el permiso de conducir caducado o bien de manera irregular o incluso portando mercancía que no podía entrar en Ceuta sin pasar por los debidos controles sanitarios. En estas declaraciones no sólo se hace alusión a los agentes sino también a los marroquíes que, presuntamente, hacían labores de intermediarios de esta supuesta trama.
4 temas claves
La petición
1. Esta misma semana se ha perfilado la petición del Ministerio Fiscal que solicita la pena de 4 años de cárcel y otros nueve de inhabilitación para todos los acusados. Ahora queda que en el plazo de dos semanas las defensas presenten sus informes para que, después, se señale la fecha del juicio oral que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Según estimaciones de las partes este juicio podría celebrarse bien a finales de este año o el próximo 2011, siendo una de las vistas más importantes de las contempladas por el máximo órgano judicial en la ciudad.
¿Desde cuándo?
2. Fue en el año 2003 cuando se inició la investigación que terminó con el arresto de los implicados. Fue una de las operaciones más importantes de aquel año y la que se saldó con mayor número de guardias civiles detenidos. De hecho es la operación en la que mayor número de efectivos de las fuerzas de seguridad ha resultado arrestada tras una época marcada por varios arrestos en las filas tanto de la Benemérita como de la Policía Nacional.
Escenario y delitos
3. El Tarajal fue escenario del desarrollo de los presuntos comportamientos irregulares de estos agentes sobre los que recaen acusaciones de la comisión de presuntos delitos de cohecho y prevaricación continuada. Fueron detenidos siete agentes -uno ya ha sido juzgado y condenado- pero las investigaciones afectaron a más miembros de la Benemérita. Nunca fueron arrestados porque no se demostró su implicación pero sí fueron investigados y sus móviles pinchados.
La queja
4. Han sido tantos años de retraso que las defensas harán valer las dilaciones indebidas para buscar atenuantes para sus clientes. Durante estos siete años ha dado tiempo, incluso, a que instituciones como la del Defensor del Pueblo incluyera en una de sus memorias anuales este caso, aludiendo a la larga espera judicial sufrida por los imputados para la celebración del juicio oportuno. Durante todo este tiempo los agentes han vuelto, en su mayoría, a la actividad dentro de la institución.
