Las Fiscalías de Andalucía, entre ellas la de Ceuta, coinciden en que generalmente la conducta infractora de los menores maltratadores se circunscribe al estricto ámbito familiar, incoándose los procedimientos a partir de una denuncia de los perjudicados, generalmente los padres. Así lo recoge un informe en el que se pone de manifiesto que la actuación con toda la familia produce unos resultados más “eficaces” y “convenientes” que el mero trabajo con el menor, así como que resulta interesante tratar de evitar la judicialización del problema en los casos en que sea posible.
En la mayoría de los supuestos se trata de una situación “de grave violencia familiar prolongada en el tiempo” y que no ha sido denunciada hasta que la convivencia doméstica ha resultado del todo imposible por el carácter violento y agresivo de esos adolescentes. En este sentido, desde los Equipos Técnicos se afirma que el perfil del maltratador juvenil suele ser el de un menor egocéntrico, con falta de habilidades sociales, con abundante fracaso escolar, materialista, que no acata las normas y que en ocasiones es heredero de la violencia física o psíquica vivida en el ámbito familiar.
Desde la Fiscalía se advierte de que en estos casos es preciso actuar no sólo con el menor, sino también con toda la familia, por lo que se recomienda la implantación de programas familiares integrales con sometimiento a programas de mediación para restablecer las relaciones paterno-filiales. En esta línea, la Fiscalía de Ceuta manifiesta que se ha logrado que la Ciudad Autónoma organice un programa de mediación con el objeto de evitar la resolución por vía judicial de los casos.
En general, las Fiscalías consideran que uno de los recursos que mejor resultado está dando es el recurso de los ‘pisos de convivencia’, también el de la libertad vigilada con sometimiento a programas de intervención familiar y, sólo en casos de reincidencia y gravedad, se acude a medidas finales de internamiento.
A pesar de los esfuerzos, en Ceuta el número de procedimientos judiciales aumentó de cinco en todo el año 2008 hasta los 36 en 2009.
En la mayoría de los supuestos se trata de una situación “de grave violencia familiar prolongada en el tiempo” y que no ha sido denunciada hasta que la convivencia doméstica ha resultado del todo imposible por el carácter violento y agresivo de esos adolescentes. En este sentido, desde los Equipos Técnicos se afirma que el perfil del maltratador juvenil suele ser el de un menor egocéntrico, con falta de habilidades sociales, con abundante fracaso escolar, materialista, que no acata las normas y que en ocasiones es heredero de la violencia física o psíquica vivida en el ámbito familiar.
Desde la Fiscalía se advierte de que en estos casos es preciso actuar no sólo con el menor, sino también con toda la familia, por lo que se recomienda la implantación de programas familiares integrales con sometimiento a programas de mediación para restablecer las relaciones paterno-filiales. En esta línea, la Fiscalía de Ceuta manifiesta que se ha logrado que la Ciudad Autónoma organice un programa de mediación con el objeto de evitar la resolución por vía judicial de los casos.
En general, las Fiscalías consideran que uno de los recursos que mejor resultado está dando es el recurso de los ‘pisos de convivencia’, también el de la libertad vigilada con sometimiento a programas de intervención familiar y, sólo en casos de reincidencia y gravedad, se acude a medidas finales de internamiento.
A pesar de los esfuerzos, en Ceuta el número de procedimientos judiciales aumentó de cinco en todo el año 2008 hasta los 36 en 2009.
Los menores y la seguridad vial
En el terreno de los menores y la seguridad vial las Fiscalía también apuestan por las soluciones extrajudiciales como mejor recurso. Son muchos los menores que conducen sin el correspondiente permiso, ante ello se están incoando expedientes con derivación a soluciones extrajudiciales. La respuesta en Ceuta ha sido extraordinaria, ya que de 167 expedientes incoados en todo el año 2008 se ha bajado a sólo 35 en el año 2009, siempre según el informe de la Fiscalía de Andalucía.
