Además de los años de cárcel acordados, en el fallo judicial se incluye una indemnización de 977.043 euros, que, de no poder abonarlos y si carece de propiedades que puedan ser embargadas, quedará sustituida por otros tres días más de prisión.
El acusado señaló a su señoría que se conformaba con la pena, al no poder “decir nada en contra”, asumiéndola como la única salida que le quedaba para no enfrentarse a un juicio público. Su defensa siempre ha mantenido que el ex concejal desconocía que en la furgoneta de mudanzas que conducía se escondía tal cantidad de droga, hasta que la Policía Nacional le detuvo cuando procedía a embarcar en el primero de los ferrys que une Ceuta con la península. Esa excusa quedó coja ante el juez desde el primer momento en que no pudo aportar el nombre del propietario del vehículo, así que él, como conductor, se hace criminalmente responsable de un delito contra la salud pública. Ante la juez indicó que “nunca había visto” al propietario de la furgoneta, a quien fuentes policiales sitúan en Marruecos.
Reacio a admitir su participación en dicho delito, no tuvo otra que firmar la sentencia de conformidad, procediéndose a su traslado a prisión por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Los agentes de la UCRIF que llevaron a cabo la detención y que ayer habían sido citados a juicio no tuvieron que declarar al no ser necesaria la celebración de una vista pública.
¿Y de quién era la droga intervenida?
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación en torno a este alijo intervenido, ya que con la detención de M.A.A.G. no se termina con lo que realmente importa en esta trama: quiénes eran los dueños de la mercancía, los que recibieron un importante golpe policial ya que el hachís que aprehendió la Nacional estaba valorado en 977.000 euros. La operación no se ha cerrado y se sigue con varias líneas operativas para intentar llegar a quienes organizaron el traslado de esta droga.
