El Gobierno de la Nación ha exigido a los ayuntamientos, en concreto a un total de 6.546 municipios (ocho de cada diez) el reingreso al Estado de 565 millones de euros en 2010, según datos del Ministerio de Economía. Los ingresos fiscales previstos por el Gobierno para 2008 fueron excesivamente optimistas y, una vez cerrada la liquidación, los alcaldes deben devolver parte del dinero. El desfase puede sumar otros 1.000 millones en 2009.
Esta devolución plantea una situación muy grave para los gobiernos municipales si se le suma al anuncio de que se les prohibirá endeudarse a partir de 2011 y se les obligará a amortizar todas sus cuentas de tesorería el 31 de diciembre.
Más de un ayuntamiento va a tener que replantear el modelo de servicios públicos o su estructura administrativa para sobrevivir a la crisis.
Un total de 55 ayuntamientos deberán devolver este año al Estado más de un millón de euros. De ellos, 40 poseen una población de menos de 75.000 habitantes y no son capitales de provincia –estos se financian por el régimen general frente a las capitales y grandes urbes que participan en la cesión de impuestos–.
Como ejemplo, Collado Villalba, municipio madrileño de apenas 55.000 habitantes, debe al Estado 2,1 millones de euros, es decir, 39 euros por habitante. Otro ejemplo destacado es el de Cieza. El desajuste de este municipio murciano de 32.000 habitantes, de 1,9 millones de euros, supera al de la capital de su comunidad. En total, una factura de 59 euros por habitante. Otros como Benidorm, Rubí, Manresa, Elda, Linares, Torrelavega, Ponferrada, Viladecans copan los primeros puestos.
Las capitales de provincia y urbes de más de 75.000 habitantes, caso en el que se encuentra la ciudad autónoma, que participan en la cesión de tributos del Estado han sufrido el derrumbe del IVA, que explica el 99% de las devoluciones.
La ciudad autónoma deberá devolver al Estado 1,9 millones de euros de déficit, una deuda que se sumará al del resto de comunidades autónomas que, hace unas semanas, anunciaban su intención de solicitar una prórroga ante el Estado. El Gobierno local aseguraba que se sumaría a esta iniciativa que, ahora, quizá quede en agua de borrajas.
Otra de las cuestiones que resaltaba la Ciudad es que esta deuda no repercutiría en las políticas sociales ni en los servicios básicos. La portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, ya anunciaba en su día que la premisa del Gobierno a la hora de elaborar un presupuesto sería que los servicios prioritarios que van dirigidos al ciudadanos nunca se verían “afectados ni sufrirían merma”.
El mantenimiento de los servicios básicos y las políticas sociales impulsadas desde la Ciudad, anunció Bel, se basarían en una reducción del gasto prescindible.