El dilema del agua

Dentro de las políticas ambientales de la Unión Europea ocupa un lugar destacado la gestión del agua, algo comprensible teniendo en cuenta su importancia para el mantenimiento de la vida, la agricultura y la economía. Se trata de un recurso escaso y valioso cuyo acceso se considera un derecho fundamental. En buena lógica, las administraciones públicas tendrían que hacer una eficaz gestión del agua. Sin embargo, en nuestro país toda la preocupación se limita a asegurar que el agua llegue al grifo sin preocuparse demasiado por el ciclo integral de este elemento vital para la vida. En contraste, otros países de la UE tienen una visión más amplia de la gestión de los recursos hídricos,  lo que ha llevado a que hoy en día contemos con un Directiva Marco del Agua (2000) que promueve el uso racional de el agua a partir de, principalmente, dos medidas: repercutir en el recibo del agua todos los costes de su gestión (producción, distribución y depuración) y potenciar la gestión y el control.
España, y Ceuta en particular, se ha preocupado de manera exclusiva en la gestión de la oferta de agua, ignorando la importancia de implementar acciones que controlen la demanda. Entre las medidas para regular la demanda y mejorar el suministro cobran protagonismo la disminución de las fugas, el control del consumo de los abonados y la política de precios. Respecto a las deficiencias en la red de distribución hay que recordar que hace apenas dos años calculamos que en Ceuta se perdía cerca del 60 % del agua que salía desde la desalinizadora con destino a nuestros grifos, “agujero” que se ha tapado de manera irresponsable con sucesivas ampliaciones de la planta desaladora.
Hay que tener en cuenta que la Unión Europea considera aceptable un rendimiento de la red a partir del 90 %, o sea que más allá de un 10% de pérdidas se considera un auténtico despilfarro. ¿Cómo hemos llegado a esta lamentable situación?. La respuesta es clara para el Prof. Enrique Cabrera, Catedrático de Mecánica de Fluidos de Universidad de Valencia.
En un artículo titulado “el suministro de agua urbano en España”, comenta cómo en España “la administración financia las infraestructuras más importantes (potabilizadoras, desaladoras, etc… ) que acaban subsanando las principales deficiencias de estos sistemas. Los municipios se olvidan de amortizar las grandes obras pues siempre va a haber una administración de rango superior que financiará su renovación. Y si mientras tanto el sistema produce unos beneficios “artificiales” mejor gastarlos vistosamente en jardines y alumbrados. Todo ello genera una dinámica perversa pues obtiene más financiación de las instancias superiores quien peor gestiona. Y como estas subvenciones se centran en las grandes infraestructuras sin entrar en la red de distribución, las tuberías no se renuevan, lo que explica los bajos rendimientos de algunos municipios”.
En Ceuta no sólo la administración central y la Unión Europea financia las infraestructuras más costosas, sino que durante muchos años han financiado el coste total del agua producida por la desalinizadora. No existía, por tanto, ningún aliciente para que las autoridades locales mejoraran el rendimiento de la red de distribución, ya que estas pérdidas eran compensadas directamente por el Estado mediante subvenciones o a través de ampliaciones de la desaladora. Ahora el panorama ha cambiado drásticamente, la administración ha dejado de financiar la producción del agua, en cumplimiento del artículo 9 de la Directiva Marco del Agua (DMA), y los fondos para seguir ampliado la desaladora es probable que dejen de llegar debido a la crisis económica que azota nuestro país. Tampoco creemos que naciones como Alemania estén dispuestas a seguir sosteniendo políticas tan irresponsables y despilfarradoras, máxime cuando ellos sí que han implementado el contenido de la DMA, sobre todo en el apartado correspondiente a la recuperación del coste total del ciclo integral del agua. Los datos de Alemania son bastante elocuentes: rendimientos superiores al 90 % en el sistema, consumos inferiores en 40 litros por habitante y día, en comparación con España; y precios el triple de los de nuestro país (1,81 ?/m3 frente a 0,67?/m3); y una diferencia en la cuota de saneamiento muy superior (2,14 ?/m3, frente a 0,31?/m3). Algunos pensaran, con razón, que los salarios alemanes son superiores, pero esto no llega a explicar estas diferencias en el precio que pagamos por el agua entre ambos países.
Hay que tener en cuenta que la tarifa actual del agua en España no supera el 0,5 % de los ingresos familiares medios, mientras que otros miembros de la UE (Francia, Reino Unido y Alemania) dedican al pago del agua el doble que nosotros (un 1 % de sus rentas familiares). También se observa que estos países recuperan prácticamente sus costes, gracias a la perfecta conservación de sus redes de distribución. Para adecuarse al nivel de cumplimiento de la DMA que presentan los referidos países deberíamos multiplicar por cuatro las actuales tarifas, siempre que alcancemos un correcto rendimiento de nuestros sistemas de distribución y gestión. Un último dato: Dinamarca, un país con un salario medio inferior al español, tiene establecida una tarifa de 4 ?/m3, cuando en Ceuta pagamos entre 0,75? y 1,09?/m3. Eso sí, es uno de los países europeos que más se acerca al cumplimiento de la obligación de la recuperación del coste total del ciclo integral de agua. Además de ser una de las naciones con menos consumo de agua por habitante y año.
Las administraciones públicas han hecho gala de una grave dejadez e irresponsabilidad en el asunto de la gestión de agua.
La local por permitir unos niveles de pérdidas en la red de distribución escandalosos sin que se hayan depurado ningún tipo de responsabilidad política, y la estatal por permitir y fomentar esta situación plegándose a los reclamaciones de la Ciudad de compensar esta pérdida mediante el incremento de módulos en la desalanizadora. Para ser justos hay que decir que la única responsable política que actuó con coherencia fue la ex Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que manifestó su intención de no volver a financiar nuevas ampliaciones de la desaladora hasta reducir a unos niveles razonables las pérdidas de la red, actuación que inició poniendo importantes recursos económicos para alcanzar este objetivo. Una decisión que, lamentablemente, no han mantenido sus sucesores.
Para finalizar hay algo que todos los ceutíes deben saber: el recibo del agua va a tener que subir, y no poco, en los próximos años. Nuestros representantes políticos deberían explicarlo bien a los ciudadanos, ignorantes de los costes económicos que supone el tratamiento integral del agua en nuestra ciudad. La educación de la ciudadanía en esta materia es fundamental. Sin embargo, somos de la opinión que el cambio en la política de agua en Ceuta se ha aplazado demasiado tiempo, abocándonos a una situación muy compleja que va a requerir medidas traumáticas.
Con unas pérdidas que pueden situarse en torno al 50 %, en plena crisis económica que imposibilita las inversiones necesarias para la reforma de la red; y sin la subvención estatal para la producción del agua, hoy día bloqueada por la DMA, exhortamos al Consejero de Fomento y Medio Ambiente a que explique de qué manera va la Ciudad a afrontar tan delicado problema ambiental y económico.