El despilfarro autonómico

El Estado de las Autonomías ha venido en depararnos un auténtico despilfarro.  Y es que el Estado español se divide en 17 miniestados y dos Ciudades Autónomas, y en cada uno de ellos con parecida estructura y organización que la del Estado central, y a veces todavía con más organismos que los que tiene la Administración central. En todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tenemos un su Presidente y entre 10 a 18

Consejeros, más Secretarios Generales, Directores y Subdirectores Generales, Jefes de Área, Delegados Provinciales autonómicos, Asesores de todas clases nombrados por libre designación y casi siempre dentro de la clientela de cada Gobierno de turno que esté en el poder; no digamos ya de las llamadas “embajadas”, Consejo de Garantía al que todavía se pretende dar más valor jurídico que al Tribunal Constitucional que imitan y Delegaciones autonómicas en el extranjero en las Autonomías independentistas y otros organismos y estructuras inconstitucionales e ilegales. Luego se tienen también las correspondientes Asambleas o Parlamentos con un alto número de Diputados, los respectivos Defensores del Pueblo en cada Comunidad, los Consejeros de los Consejos Económico y Sociales, los Consejos Consultivos a modo del Consejo General de Estado central, Gabinetes Jurídicos con cantidad de Letrados a modo de Abogacía del Estado, multitud de Directores de Organismos Públicos autonómicos, Directores de empresas públicas y altos cargos. A todo ello hay luego que añadir los correspondientes Gobiernos locales con sus Concejalías, Gerentes, Directores y Asesores de empresas públicas para parar un tren; parecida estructura en Diputaciones Provinciales con no se sabe cuántos Diputados, Presidentes y Directores de Mancomunidades locales.
Las plantillas de funcionarios están rebosando; nada menos que 1,6 millones sólo en las CCAA y otros tantos estatales y locales, que en muchos casos se estorban unos a otros para trabajar de tantos como hay. En la Administración Central, a medida que se han ido cediendo competencias del Estado a las Autónomas y que normalmente el trasvase de los servicios cedidos deberían llevar aparejado una paralela reducción de funcionarios no transferidos, pues en lugar de reducirse las plantillas en la medida en que dichas competencias y servicios se iban cediendo y trasvasando a las Autonomías, se seguían convocando más plazas de funcionarios estatales para unos órganos y servicios que supuestamente habían dejado de existir tras ser cedidos; y, por otro lado, también aumentándose las plantillas autonómicas para poder atender esas nuevas competencias y servicios. En los últimos cinco últimos años han subido un 10 % los gastos de personal, que en economía suelen tenerse por gastos improductivos en la medida en que no pueden ser destinados a inversiones, nada menos que 53.500 millones de euros al año cuestan tales gastos anuales en las CCAA; en gastos corrientes, que son con los que se mantiene la actividad diaria de las Consejerías, Parlamentos, empresas públicas, etc, 27.042 millones, siendo un 9,65 % más que en 2007. Unos 8.889 millones son destinados a pagar los intereses de la deuda pública, que cada vez está el Estado más endeudado habiendo alcanzado ya hasta el 100% del PIB, que es tanto como decir que debemos toda la riqueza nacional que tenemos. Se ha gastado una auténtica millonada en construir algunos aeropuertos sin aviones, como ejemplo de fantasía de algunas Autonomía. Y España es generadora de riqueza, pero todo ese dispendio, despilfarro e irresponsabilidad en el gasto no lo puede soportar. Luego, cada vez se dan más alarmantes casos de corrupción. Hasta en prostíbulos y cocaína se ha gastado dinero público por altos directivos, según han declarado en sede judicial sin sonrojarse. El resultado de todo ello es que a los contribuyentes se les muele con impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las CCAA crean han creado 34 impuestos nuevos y han subido otros 84 desde 2012 . Sólo en Andalucía el IBI aumentó hasta un 53% en cinco años. Todo ello es una barbaridad y un tremendo abuso.
Con aparente buen criterio, se toman acuerdos en Consejos de Ministros en los que se anuncian medidas de reestructuración de la Administración del Estado con vistas a racionalizarla, optimizar los recursos y suprimir organismos que sobran, admitiéndose con ello que está sobredimensionada, porque se da también una multiplicidad de órganos y organismos para el desempeño de unas mismas funciones. Por sólo poner dos ejemplos, existe en todas las CCAA un Delegado del Gobierno central y un Delegado del Gobierno autonómico, en las Provincias la Delegación de la Agencia Tributaria y la Delegación de Economía y Hacienda, más la Delegación de la Agencia Tributaria autonómica. Lo que conlleva que muchas veces, además de incrementar considerablemente el gasto público, se confunde a los contribuyentes y ciudadanos, a los que muchas veces ya no saben qué órgano es el que les cita o requiere y a qué centro deben de acudir a realizar las gestiones.  Pero la verdadera reforma en profundidad de las distintas Administraciones Públicas no acaba de llegar; si acaso, se suprime algún que otro puesto de altos cargos que como muchos de ellos, sobre todo en las CCAA, han sido previamente blindados y, tras haberles cesado, hay que crearles nuevos complementos de destino bien dotados, pero muy rara vez se llega amortizar el puesto para eliminar el gasto. Y es ahí donde se cree que hay que incidir más, en la supresión de tantos puestos orgánicos de dirección, de los llamados de “a dedo”, que en muchos casos son meramente decorativos y tienen como único objetivo colocar cada uno a los “suyos”, lo que suele suceder en la dirección de empresas públicas y de otros organismos paraestatales creados para eludir controles oficiales, léase ERE, Gürtel, cursos, etc.
El Estado autonómico se creó en nuestro país con la finalidad de descentralizar y desconcentrar la Administración, para que los servicios públicos estuvieran más al servicio de los ciudadanos y el pueblo participara  directamente en la toma de decisiones, acercando la Administración pública a la ciudadanía y a los lugares donde están los verdaderos problemas. Indudablemente, las CCAA han servido en muchos casos para dar una mayor participación al pueblo, para gestionarle muchos servicios y resolverles muchos problemas. En ese sentido, bienvenidas sean siempre las Autonomías. Pero también es cierto que, queriendo liberar a los administrados del poder estatal centralizador, lo que en muchos casos se ha hecho luego es crear unas estructuras autonómicas superpuestas a las del Estado que no han hecho sino aumentar la burocracia, elevar descomunalmente el gasto público y convertir la descentralización llevada a cabo por el Estado en una recentralización aun más fuerte de las propias autonomías respecto de la prestación de los servicios al ciudadano, de manera que si antes el centralismo estaba en Madrid, ahora lo está en las correspondientes capitales autonómicas.
Pero es que, además, desde el punto de vista político, económico y social, allí donde antes había unidad de criterio en la toma de decisiones generales, ahora lo que se da es un verdadero desbarajuste con tan abultada disparidad creadora de múltiples y serias disfunciones, que no sólo no sirven para resolver los problemas, sino que generan otros nuevos. Ahí están la serie de distintas normas contradictorias que crean los 17 Parlamentos autonómicos para la regulación de las mismas materias, en la mayoría de los casos desarmonizadas las unas Autonomías con las otras, de manera que en lo que en unas se permite en otras se prohíbe, como, por poner sólo varios ejemplos, la desigual regulación de la caza, las 17 autorizaciones que  ahora hay que sacarse para poder practicarla a nivel nacional cuando antes bastaba con una sola licencia; la desigualdad regulación del comercio y los precios en los mercados semioficiales, como que se dé el hecho de que pasar la ITV de los automóviles cueste casi el doble en algunas Autonomías respecto de otras, aun tratándose de un programa de revisión oficial que prácticamente es el mismo. Y luego está en tantos casos la guerra abierta de una Comunidades con otras y de todas respecto del Estado. Así ocurre que el Tribunal Constitucional está colapsado de recursos de inconstitucionalidad de las Autonomías contra el Estado y de éste contra aquéllas. Todo ello, no cabe duda que crea confusión, malestar general, desafección política, merma la confianza, fomenta y ahonda el individualismo, en el sentido de que aquí cada Comunidad va a lo suyo, y no digamos ya en materia de nacionalismos exacerbados y separatismos trasnochados, donde tan lejos estamos llegando, y lo que aun queda por recorrer hasta el 9 de noviembre y después.
Y está también el complejísimo sistema de financiación autonómica, combinado con la falta de control de las cuentas de las Autonomías, que genera una situación que carece de cualquier racionalidad. El gasto por habitante de las distintas Comunidades presenta unas disparidades enormes, que además no guardan ninguna relación con la renta de dichos entes autonómicos, así que cabe deducir que no están funcionando los mecanismos de redistribución de riqueza que en teoría deberían imperar. Los cupos vasco y navarro constituyen un auténtico expolio para el resto de regiones españolas. Y hay que tener meridianamente claro – lo he dicho muchas veces en mis artículos – que quienes pagan impuestos no son las regiones, sino las personas; en consecuencia, es natural que en un sistema fiscalmente progresivo como el español, se produzca una transferencia neta de renta de las regiones más ricas a las más pobres. Pero en el caso de Navarra y el País Vasco, la transferencia se produce en sentido inverso: son las regiones más pobres las que financian a dos de las regiones más ricas, cuando en la propia Constitución el sistema está diseñado al revés. La disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras.
 El estado autonómico, en su forma actual, se ha convertido en una fuente de desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos dotados presupuestariamente según la región en la que vivan. Al menos el 45% del gasto autonómico no está relacionado con la Sanidad, ni con la Educación, lo que indica que existe margen suficiente para reducir los presupuestos autonómicos sin tocar esos dos pilares del estado del bienestar. El análisis del gasto por habitante en Sanidad y Educación sugiere que también en esas áreas sería posible conseguir enormes ahorros sin afectar a la calidad de los servicios sanitarios y educativos que se prestan, simplemente optimizando los recursos, porque en bastantes autonomías el gasto en estos dos capítulos es a todas luces desproporcionado. Según se cree, resulta, pues, de todo punto indubitado que algo hay que hacer con resuelta determinación, porque España no puede soportar semejante despilfarro. Y continuando así, seguiremos sumido en la crisis.