El coste de los liberados sindicales en la Ciudad supera el millón de euros

A un millón de euros asciende el gasto que tiene la Ciudad Autónoma por el total de liberados sindicales que existen en la plantilla de funcionarios y personal laboral. Según los datos que tiene este medio de comunicación son diecinueve las personas que como funcionarios de plantilla o bien como personal laboral dedican su jornada a la atención de los problemas sindicales.
Una cifra que es prácticamente la misma que se está manejando en estos momentos y que tanta polémica ha levantado en relación con la supresión de una serie de jornadas partidas y especiales que forman parte del Plan de Sostenibilidad que aprobó el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria que tuvo lugar a finales del pasado mes de enero.
Por supuesto, hay que señalar que es la legislación la que establece el número de liberados que pueden tener las distintas organizaciones sindicales, siempre en función del número de representantes elegidos por un lado y luego en función del número de trabajadores que tiene la empresa, en este caso, la Ciudad Autónoma.
Hay que reflejar que en esta cantidad de un millón de euros nada más que se computa el coste de los sueldos y de la Seguridad Social de los empleados públicos que están liberados, pero no se establecen los cálculos de otros  representantes sindicales que no está liberados, pero que tienen un número determinado de horas al mes para la realización de las labores a las que tienen derecho por la legislación.
Y aparte nos encontraríamos igualmente con la realización de las horas sindicales que se marcan en las diferentes sociedades municipales, tengamos en cuenta que,  en estos momentos, son un total de diez, aunque tras la reorganización que está prevista se quedarán concretamente en cinco.
Con lo cual si se computara la totalidad de las horas sindicales, muy bien el coste para las arcas autonómicas podrían estar tranquilamente en unos dos millones de euros.
Un apartado, donde, desde luego, los sindicatos no han hecho ninguna mención a la hora de aportar su decálogo para volver a sentarse a negociar con los representantes designados por el equipo de gobierno que preside el popular Juan Vivas.

Un ámbito muy distinto

Lo que si tiene claro el equipo de gobierno, según se desprende de los propios comentarios que realizan, es que el treinta y uno de marzo sigue siendo la fecha tope para la realización de las negociaciones con las centrales sindicales a la hora poner en claro las distintas medidas que se han tomado y que están previsto tomarse en relación con cuestiones laborales, tanto en la Administración autonómica como en las sociedades municipales. Y es que el presupuesto renovado para el presente año se tiene que presentar ante el pleno no más allá del propio mes de abril para ajustar los ingresos y gastos.

Más sentido común

Que nadie se vaya a llevar las manos a la cabeza, porque ese millón de euros que cuesta a las arcas de la Ciudad Autónoma el mantenimiento de los diecinueve liberados de las distintas centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento está basado escrupulosamente en la ley. La propia legislación es la que establece cuantos trabajadores pueden liberarse en una empresa, según el número de trabajadores o incluso existen otras fórmulas como que un conjunto de empleados, también elegidos por sus compañeros, regalen sus horas sindicales y se acumulen en una sola persona para que el mismo pueda dedicarse en plenitud a defender los intereses de sus compañeros.
Partimos de esa base lógica y sencilla, pero vuelvo a proponer la misma idea que reflejé en un artículo de opinión hace dos días concretamente. Debería salir de los propios representantes sindicales la idea de incorporarse a sus antiguos puestos de trabajo y desarrollar su gestión, ahora que todo el mundo está obligado a apretarse el cinturón, que la tasa de reposición es cero en la función pública y que no queda más remedio que optimizar los recursos.
Porque la crisis también va con ellos. Sería una muestra de responsabilidad y hasta bien vista por los ciudadanos por parte de unos representantes sindicales. Una medida que a buen seguro traería consigo una mejora de la imagen que los sindicalistas tienen delante de la ciudadanía, porque aunque parezca lo contrario, los sindicatos siguen siendo una de las instituciones que peor nota sacan cuando se pide en una encuesta una valoración. Ahora, si viven en su burbuja irreal, que continúen por el mismo camino, pero que entiendan que ya nada será igual, por más que se mire al pasado.   
Ya hay sindicalistas que después de los artículos de esta semana y otros que escribí hace un mes aproximadamente te miran de reojo y con mala gana. Que nadie dice que no defiendan los derechos de sus compañeros y los de ellos mismos que, en muchas ocasiones, son los que prevalecen y buenas pruebas existen en todo el territorio nacional.
Se echa de menos algo de solidaridad, se echa de menos en su decálogo alguna medida que les suponga sacrificio como al resto de los ciudadanos, porque no olvidemos juegan con ventaja en relación con el resto y es que, por lo menos, en el caso de los funcionarios, su trabajo es para toda la vida.
Se que no pedirán nunca volver a sus puestos de trabajo, pero al menos algo más de sentido común.