El Contencioso Administrativo sentencia que un decreto de adscripción provisional de una funcionaria no se dictó conforme a derecho

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado a través de una nota de prensa de que el Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta ha sentenciado que otro decreto de adscripción provisional de una funcionaria de carrera a la cual se le cambió su destino laboral en contra de su voluntad, no se dictó conforme a derecho.

"En reiteradas ocasiones desde CSIF hemos intentado no tener que obligar a la administración mediante instancias judiciales con el ánimo, de intentar realizar dicha acción mediante la negociación que es como debería actuarse diariamente pero nos ha resultado imposible ya que, en multitud de ocasiones y en todos los ámbitos posibles, siempre hemos encontrado la negativa como respuesta o simplemente ni siquiera hemos obtenido contestación alguna", indica el sindicato.

CSIF explica que, en esta sentencia, "el magistrado tumba para situaciones similares, la potestad de autoorganización respecto al personal a su servicio ya que estas, no cumplen los requisitos legales en los que pudiera dictarse un decreto de estas características, no pudiendo articular la administración competente además, dichas acciones justificándolas por jubilación de empleados públicos ya que estas, son totalmente previsibles y pueden cubrirse por los mecanismos ordinarios de provisión de plazas. Afea también el poco rigorismo en la motivación de tales actos y no comparte la invocación de la urgente e inaplazable necesidad".

Además, afirma que "afea a Recursos Humanos su desconocimiento en cuanto a la aplicación de normativa correspondiente para estas situaciones recordándole además la literalidad de la sentencia que ya dictó el Tribunal Constitucional el 26 de octubre de 1993 que dice que desconocer la propia esencia de la adscripción provisional; de modo que atribuirle una duración prolongada o indefinida puede ser determinante de una situación arbitraria y constitutiva, además, de desviación de poder”.

"Todo ello como es habitual, con la correspondientes costas a cargo del Ayuntamiento de algo que de antemano, los responsables de RRHH saben que no debían hacer. Lo que el ejecutivo debe ser consciente es que o cambia de actitud o no van a cesar de surgirle problemas judiciales que podrían evitarse al menos, en una parte importante", concluye.