El Colegio de Abogados pide aplicar las leyes antes de las devoluciones

El Colegio de Abogados de Ceuta tiene clara cuál es su postura en torno a la atención que hay que prestar a los inmigrantes que llegan a la ciudad a través de los pasos fronterizos terrestre o marítimo.

Una postura encardinada en la que ya ha mostrado la Abogacía española y que choca con la que, hasta la fecha, ha mantenido y defendido el Ministerio de Interior.
Las fronteras virtuales que defendió tras la crisis del 6-F el ministro Jorge Fernández Díaz no son asumidas ni, por tanto, defendidas por el Colegio ceutí. Tampoco que isla Perejil sea española o no según conveniencias o acuerdos cuya aplicación sale a la luz solo cuando existen conflictos provocados por la llegada de sin papeles a la roca.
La presidenta del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas, mantiene que la devolución del inmigrante no puede llevarse a cabo sin que antes no se haya aplicado el protocolo existente en materia de Extranjería, después de que hayan llegado a territorio español. Al margen queda el debate sobre la existencia de acuerdos de devolución con Marruecos que los abogados españoles, y por tanto también los ceutíes, no niegan, pero “eso no quita”, advierte Valriberas, “que haya que tramitar un expediente de devolución con todas las garantías”, aclara, identificando así al inmigrante y conociendo si se trata de un refugiado o, incluso, un menor. Depende el tiempo que lleve el inmigrante en España habrá que aplicar la resolución pertinente y siempre dentro de la legalidad en los casos de devoluciones, expulsiones o tramitación del asilo. “¿Qué sentido tiene que esto sea España y lo otro Marruecos?”, cuestiona Valriberas que reclama una postura “consecuente” con “las leyes y su aplicación”.
El Colegio de Abogados se opone además al impedimento que se pone a los inmigrantes cuya solicitud de asilo se admite a trámite para circular libremente por el territorio español. “Ceuta no puede ser un gueto”, aclara. “En Algeciras no hay frontera, lo que hay es un control”, recuerda. La defensa que, de este asunto, hace el Colegio de Abogados choca con las tesis policiales y avaladas por el Gobierno de vetar ese tránsito ya que, mantienen, permitirlo sería alentar el efecto llamada.