El círculo del asilo atrapa a los subsaharianos

“Los subsaharianos no piden asilo”. Lo dice el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Y lo dice para explicar la causa que lleva a que, hasta la fecha, ninguno haya acudido a la oficina de asilo inaugurada en el Tarajal hace unos meses.

No es que los africanos no puedan acceder de forma alguna a esa entidad, sino que, a juicio de Interior, no tienen en mente llevar a cabo este trámite.
Son las palabras ofrecidas ayer por el máximo titular de Interior en una entrevista concedida al programa radiofónico Hoy por Hoy, en la que responde a la imposibilidad de los ciudadanos subsaharianos de pedir asilo a través de los puestos habilitados en Ceuta y Melilla. Según Fernández Díaz, “no es cierto” que no puedan solicitar protección. El motivo de que no se registre ninguna petición de estos ciudadanos es que “no piden asilo”, afirmó. Sin embargo, según Acnur, cerca del 70% de las personas que llega a las ciudades autónomas de forma irregular son potenciales solicitantes de protección internacional.
Según Fernández Díaz, los subsaharianos que entran a España de manera irregular por Ceuta y Melilla y acaban en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) tampoco solicitan protección: “No se producen peticiones de asilo”.
Hasta ahí llega la lectura política de un problema mucho mayor en el que las medidas de veto adoptadas por el sistema tienen mucho que ver. Y es que, para un subsahariano que pide asilo nada más llegar a Ceuta o Melilla, su traslado a la península se eterniza. Se trata de inmigrantes que no quieren permanecer en España sino que su intención es marchar en cuento puedan a Europa, en donde tienen a sus compatriotas.
El hecho de pedir asilo abre un periodo que no hace sino retardar todo el procedimiento. Mientras esa solicitud se estudia, el inmigrante no puede partir a la península. El Gobierno prefiere incumplir la ley de libertad de movimiento en base a un falso efecto llamada lo que, de forma indirecta, está provocando dos consecuencias fatales: la primera, que no se pida ese asilo para así salir antes del CETI y, la segunda, que se produzcan huidas temerarias en los camiones (algo que a diario llevan a cabo los argelinos).
¿Acaso no son suficientes las imágenes de matanzas ocurridas en países como Nigeria, en donde el creciente poder de los radicales del Estado Islámico se está materializando en el secuestro de niñas y la organización de atentados?, ¿no son los subsaharianos de este país, o los de Somalia o Guinea Conakry perseguidos por cuestión de religión o víctimas de hambrunas y muertes seguras como las causadas por el ébola?
Considerar que no son auténticas figuras de peticionarios de asilo es desvirtuar el sentido de un instrumento de protección que carece de sentido en las dos ciudades autónomas.
Acnur ha pedido al Gobierno que se garantice el acceso de todas las personas que necesiten pedir protección internacional y recuerda que este derecho no depende de las circunstancias por las que una persona entra en España. También solicita que se aceleren los traslados a la península de las personas que demandan asilo ya que, recuerda, el bajo número de peticiones registradas en Ceuta y Melilla se debe a que, por lo general, permanecen bloqueados en ambas ciudades.

Jorge Fdez. Díaz
“El problema es de inmigración irregular”

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó también ayer que "el problema es inmigratorio, de inmigración irregular fundamentalmente", en referencia al aumento de llegadas de personas a través del Mediterráneo central. Así se expresó a pesar de que las últimas cifras de la Agencia de Refugiados de la ONU (Acnur) señalan que en 2014 se registró el mayor número de refugiados de la historia y de que la agencia europea de fronteras Frontex haya admitido que "más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de asilo", explican.
El ministro del Interior respondía así a las preguntas sobre la reunión comunitaria en la que se discutía el reparto de refugiados en la UE que ha propuesto la Comisión Europea y al que se opone el Gobierno de España.