“El caso del señor Dívar es un ejemplo claro de la lucha política”

Fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años y ahora peso pesado de la abogacía que ejerce en el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, Ignacio Gordillo habla sin tapujos de la situación judicial en España

en unos momentos en que la presión política intenta controlar hasta el mínimo resquicio del poder judicial. Esa mítica separación de poderes se perdió en los tiempos de Robespierre y su Revolución Francesa, cuando hoy por hoy los escándalos sobre presiones políticas están a la orden del día. Con el caso Dívar de plena actualidad, echar la vista atrás para buscar los roces más mediáticos entre poder judicial y político no resulta complicado.
Gordillo, de visita esta semana en Ceuta, ya que su despacho es el que representa los intereses de FEAPS en la denuncia que por presunta malversación de fondos se ha presentado en los juzgados, charló con el ‘Faro’ ofreciendo su particular visión sobre el convulso ámbito judicial. Lo hace quien con su biografía ‘Memorias de un Fiscal’, que cuenta con la colaboración de la víctima de ETA Irene Villa, ha expuesto claramente ya sus pensamientos.
–Me llama la atención que tras 30 años de Fiscal en la Audiencia Nacional decidiera dar el salto a la abogacía, ¿a qué se debió?
–Estuve como Fiscal desde el año 1979 hasta 2010 en el que me incorporo al despacho Martínez Echevarría para dirigir el área Penal de dicho despacho. Ese cambio es debido a múltiples circunstancias, entre ellas la enorme politización que hay en los tribunales y, concretamente en mi caso, en la carrera Fiscal, donde las dos asociaciones -progresista y conservadora- son las que eligen los puestos o los nombramientos de alto nivel como el de Fiscal de Sala. Quienes no pertenecemos a ninguna asociación somos siempre rechazados en cualquier nombramiento o ascenso, eso conlleva un desánimo importante. El otro motivo de mi marcha es que el despacho Martínez Echevarría tiene su sede central  en Andalucía, concretamente en Marbella, y la cercanía con su gente también ha influido en que haya atendido la llamada que me hicieron para mi incorporación.
–¿Huyó entonces de ese círculo de presiones... en el que si no estás con ellos... sencillamente no estás?
–Exacto, por una parte lo hice por cómo llega la política a los tribunales, de esta forma tan significativa como la hecho en la Audiencia Nacional y a la Fiscalía; y después, porque estando vinculado a este despacho me permite pasar más días de la semana en Andalucía.
–¿El ciudadano está perdido ante un sistema en el que esa creída separación de poderes realmente no existe?
–Perdido no, porque hay compañeros extraordinarios que desempeñan una misión también extraordinaria, que son los que me han sustituido, y que desempeñan una función que, creo, hacen mucho mejor de lo que podría hacer yo. Ciertamente el ciudadano con lo que tiene que tener problemas es con la politización de la justicia, tanto de un bando como de otro, de derechas o de izquierdas, porque ese es el gran problema que existe hoy. Lo estamos viendo en los nombramientos de los vocales del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ), en los de altos cargos y lo vemos muchas veces en que según el signo político de ese juez o de ese fiscal la investigación cambia en un sentido o en otro, lo cual es preocupante. Los que tenemos  fe en la independencia de los tribunales vemos que esto hay que cambiarlo.
–¿El caso Dívar ha sido un claro ejemplo de lo que me está contando?
–El caso del señor Dívar es un ejemplo claro de esa lucha política dentro del CGPJ, entre conservadores y progresistas una vez más. Él ha sufrido esas consecuencias. Conociéndole perfectamente porque he trabajado con él muchísimos años, le puedo decir que es una persona que todos pondríamos la mano en el fuego para defender que no se ha llevado ni se ha aprovechado de ningún tema económico y que esos gastos a los que tanta importancia se ha dado son debidos a la seguridad y al protocolo como presidente del Consejo del Tribunal Supremo. Creo que en este caso se ha ido de la mano totalmente el tema, puesto que no había razón ni para dimitir ni para esa campaña de descrédito personal de fines de semana caribeños, de relaciones personales... etcétera que, lógicamente, atentan a su intimidad y a la imagen del Consejo del Poder Judicial y de la propia justicia. Todo esto, como le digo, es objeto de esa lucha que hay de signo partidista y político en todo este entorno.
–¿Al ex juez estrella Baltasar Garzón también ‘lo mató’ la política?
–Sí, Garzón ha sufrido las consecuencias de esa política pero no olvidemos que su caso es totalmente distinto porque el señor Garzón fue el primero que acude a la política y lo hace como diputado del PSOE en un momento dado.Garzón, a diferencia de la situación del señor Dívar, ha sido una persona que, con todos los respetos, deseaba participar en la política, tenía una ideología que la exponía constantemente y eso, más actuaciones judiciales que el Tribunal Supremo ha estimado que eran de concepto prevaricador por haber sido injustas, ha conllevado la expulsión de Garzón de la carrera judicial. Ya sé que para todos es un enorme disgusto perder a un gran juez, pero la ley es igual para todos y todos estamos expuestos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Código Penal.
–¿Qué conclusión, con todo lo que usted expone, puede sacar el ciudadano de a pie... quizá el de que la justicia va a investigar lo que realmente convenga?
–Comprendo que los ciudadanos se encuentren un tanto preocupados y desanimados cuando perciben la actuación de los tribunales, pero hay que tener fe en ellos. Yo le puedo decir que en pocos países ha habido condenas como en España con temas como el del GAL con actuaciones hacia un ministro de Interior, altos cargos, banqueros... es decir, que vemos que la actuación de los tribunales a veces es lenta pero que actúa correctamente sancionando y castigando a todo aquel que ha estado fuera del Derecho. Lo que pasa es que una cuestión distinta es la realidad directa de que se actúa por parte de los tribunales diariamente y otra cuestión es la imagen que se da ante el ciudadano, que ve que puede haber una doble vara de medir. Es preocupante y esa imagen hay que cambiarla. Los ciudadanos deben saber que cuando acuden a un juzgado, sea cual sea la ideología de los jueces o del fiscal, su actuación va a ser siempre la de aplicar el Derecho porque todos somos iguales ante la ley.
–¿Cabe una reforma integral del sistema cuando a un ciudadano le condenan con tres años de cárcel tras ser sorprendido con 20 kilos de hachís mientras otro no cumple esa condena después de haber traficado con mayores cantidades?, ¿qué está pasando?
–Hay que reformar muchas cuestiones, ya que a veces es difícil hacer entender a los ciudadanos lo que está pasando y situaciones como la que usted apunta crea el desánimo y hace perder la fe en los tribunales. Pero yo soy optimista, tenemos un proceso con todas las garantías, tenemos una ley procesal y penal que se va acomodando a las situaciones actuales lo que resulta difícil porque no olvidemos las nuevas figuras penales como delitos a través de las nuevas tecnologías, internet, etcétera... Nos vamos acomodando ciertamente detrás del delincuente que va mucho más avanzado, pero yo creo que hay que ser optimista y, aunque a veces no entendamos esas sentencias, hay que pensar que los tribunales las estudian, analizan y se aplican en el ordenamiento vigente.
–Usted ha sido Fiscal en el caso de Amedo y Domínguez y también en el de Ortega Lara... asuntos a los que se refiere en su libro ‘Memorias de un Fiscal’...
–Sí he sido Fiscal en esos asuntos, y en el libro que menciona, redactado por una víctima del terrorismo, Irene Villa, y cuyos beneficios van directos a las víctimas, se relatan asuntos de la lucha contra el GAL, ETA y otras organizaciones como el GRAPO o Terra Lliure, sin olvidar nunca los delitos económicos. En ese sentido creo que quienes hemos estado destinados en la Audiencia Nacional, en mi caso han sido 30 años, hemos luchado contra todo tipo de delincuencia y corrupción y sobre todo con la delincuencia terrorista en unos años durísimos que hemos sufrido en España.
–Usted que aludía a la politización de la justicia, cuando estaba de Fiscal en el caso GAL, imagino que vivió intentos de presión notorios...
–Sí. En el caso GAL tuvimos incluso una orden del Fiscal General del Estado de entonces, el señor Moscoso, para que se pidiese personalmente la libertad de los señores Amedo y Domínguez y también en el caso GAL tuvimos muchas presiones, no olvidemos que a mí se me expulsó del procedimiento en tres ocasiones aunque luego volví a entrar... ahí hicimos un gran trabajo... no olvidemos el descubrimiento de los restos de Lasa y Zabala en el cementerio de Alicante gracias al comportamiento ejemplar en el acto de juicio oral de un comisario de Policía ya fallecido, don Jesús García. Haber abierto una investigación con tantas dificultades después de tantos años es importante. Se consiguió una condena por parte de la Audiencia Nacional y por parte del Tribunal Supremo ejemplar que en muchos países nunca se podría pensar que pudiera ocurrir. Esa es la satisfacción de ver que se ha hecho justicia tanto con terrorismo de derecha como de extrema izquierda.

–Hablando de la lucha antiterrorista, usted en su libro ‘Memorias de un Fiscal’ se  refiere a ETA como una máquina de matar, ¿confía en que se haya puesto fin a la banda terrorista o no cree que haya llegado su final?
–Con tantos años en la lucha contra el terrorismo he llegado al convencimiento de que ETA carece de cualquier ideología, incluso de un objetivo porque ahora mismo con el sistema democrático tiene la posibilidad de acceder a cualquier grupo o asociación política. ETA se ha convertido en una auténtica mafia, una auténtica máquina de matar. No olvidemos a Henri Parot, uno de los máximos responsables de actividades terroristas de ETA, quien tenía una cantidad de dinero que le daban los jefes de la banda con el fin de que fuese adoptando conductas de asesinato en Madrid... ETA carece de cualquier tipo de ideología y su único objetivo es matar, producir daño y dolor.
En la situación actual de tregua del pasado 20 de octubre de 2011, podemos estar satisfechos de que en estos meses ya largos no se haya producido ningún asesinato o acto delictivo por parte de ETA, pero ciertamente, aunque me gustaría ser optimista, no olvidemos que ETA sigue existiendo, que no se ha disuelto, sigue teniendo armas y personas dispuestas a matar en organizaciones. Prueba de ello es que la Policía francesa ha detenido en los últimos días a algún miembro de la banda en Francia y siguen estando ahí, con la amenaza constante, y si no consiguen los objetivos que quieren volverán a lo mismo que anteriormente.
Yo creo que el Estado de Derecho no puede bajar las armas, tiene que seguir aplicando la ley, actuando con el máximo rigor ante estos asesinos por respeto a ese Estado de Derecho y a la Constitución y sobre todo a las víctimas que son realmente nuestro gran problema y nuestra gran asignatura pendiente por lo que han sufrido por ser miembros de la Guardia Civil, de la Policía, de la judicatura...
–¿Han sabido los distintos gobiernos tratar a lo que usted denomina mafia?
–Creo que sí. Los Gobiernos y el poder legislativo, el Parlamento, se han ido acomodando a las situaciones, modificando las leyes, ha habido avances importantes  poniendo penas más graves e incluso el cumplimiento íntegro de las penas, estableciendo dificultades y requisitos más exigentes para conseguir por parte del terrorista la libertad condicional. El Parlamento ha sabido ir acomodándose a la situación actual e incluso internacionalmente se ha avanzado muchísimo con convenios y acuerdos o consiguiendo la entrega directa de terroristas de juez a juez... Se ha avanzado mucho, y también en la concienciación ciudadana, porque la gente se da cuenta de que no se trata de un problema de una viuda o de ese huérfano... sino que es un problema de todos porque todos podemos ser objetivos de ETA.
Nunca podemos dejar de pensar que el terrorismo va a dejar de existir porque llega a ser un negocio con la venta de armas, incluso vemos que pueden marcar políticamente muchos signos en un lugar u otro. El terrorismo desgraciadamente tanto en España como fuera va a seguir existiendo y tenemos que tener todas las posibilidades de defensa legales, materiales y humanas para estar en precaución porque el terrorismo puede atentar en cualquier momento, en cualquier lugar de España y todos podemos ser víctimas de él.
–La elección de Irene Villa para la redacción de su libro ‘Memorias de un Fiscal’, ¿a qué se debió?, ¿quiso ser un homenaje a las víctimas de ETA?
–Cuando la editorial del libro me ofreció publicar mis memorias me negué porque me parecía absurdo, ya que sólo había cumplido con mi trabajo como funcionario del Estado. Pero cuando se me dijo que una parte de los beneficios iba a ser para las víctimas del terrorismo y sobre todo que iba a ser redactado por Irene Villa, a la que había conocido cuando sufrió el atentado en octubre de 1990, para mí fue una enorme satisfacción. Irene Villa es una persona que ha dado un ejemplo en la lucha contra el terrorismo, que se ha rehabilitado, que no piensa en condenar únicamente a los terroristas sino en que haya reconciliación, perdón... es un ejemplo para todos. Es una persona con tres carreras universitarias que es un ejemplo. Que haya redactado mis memorias es un homenaje para mí y sobre todo es un homenaje para todas las víctimas del terrorismo recordando a todas ellas. Es impresionante lo que estas personas han sufrido y el ejemplo que han dado de justicia y dignidad, sin ningún reproche.
–Me ha llamado la atención unas declaraciones suyas a colación del caso de los niños de Córdoba. Cuando desde todas las instancias se ataca al padre de los pequeños, José Bretón, usted advierte de la necesidad de respetar su presunción de inocencia... ¿Cómo defiende esta postura con el comportamiento de colaboración nula que está mostrando el detenido, en uno de los sucesos más complejos a los que estamos asistiendo?
–Todos, y los medios de comunicación también, tenemos que acostumbrarnos a que hay unas garantías constitucionales y una de ellas es la presunción de inocencia. Hasta que exista una sentencia condenatoria firme es presunto inocente, y a eso nos tenemos que acostumbrar todos. No condenan los medios de comunicación ni la opinión pública sino unos tribunales con la legislación vigente y las garantías que establece la Constitución.
El señor Bretón goza de todas las garantías constitucionales y de su derecho a juicio público, a unas pruebas... y ya los tribunales dictarán sentencia. No podemos a través de la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación condenar de antemano porque estamos atentando contra el principio de presunción de inocencia de esta persona y de cualquier otro preso imputado o preventivo.
Los medios de comunicación debemos aprender a poner iniciales, no publicar fotografías... porque si luego esa persona es absuelta, ya ese estigma de que han sido culpables ante la opinión pública es imposible de quitar. Citaría por ejemplo lo que sucedió hace unos días en Marbella, en donde moría un abogado que había sido imputado en una operación denominada ‘Hidalgo’ y ya parecía que había sido condenado sin que se hubiera celebrado juicio. No puede ocurrir que ese estigma de imputación permanezca de por vida, una persona nunca pierde su presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme contra la que no quepa ningún tipo de recurso.
Los medios de comunicación deben acomodarse a establecer unas garantías y es obtener las pruebas con todas las garantías y la presunción de inocencia mantenerla hasta que los tribunales dicten sentencia.